27 de mayo 2022
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19 de las 27 cámaras afiliadas al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), siguen esperando que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), les entregue las ‘constancias de cumplimiento’, que sirven para probar que entregaron la documentación que manda la ley, y para hacer gestiones ante dependencias gubernamentales y bancos de Nicaragua.
Aunque la mayoría trata de no hacer ninguna lectura política de un hecho que prefieren observar solo en clave administrativa, las fuentes -seis líderes gremiales que representan a cinco cámaras afiliadas al Cosep- no pueden estar seguros de que el atraso, no es parte de la campaña gubernamental en contra de las oenegés, implementada por la Asamblea Nacional, que recientemente también anunció una iniciativa de "ordenamiento" para microfinancieras y financieras nacionales.
CONFIDENCIAL confirmó que hasta ahora ocho de las de 27 cámaras empresariales son las únicas que hasta ahora han recibido sus constancias de cumplimiento del Mific.
El inciso ‘B’, del artículo 28 de la Ley 849, o Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua, ordena “remitir a la dependencia correspondiente del Mific un balance económico anual y un informe o memoria de sus actividades anuales, aprobados y firmados por la Junta Directiva de la cámara, federación o confederación empresarial. Dichos documentos deberán ser remitidos en versión física y electrónica a más tardar al finalizar el primer trimestre del siguiente año”.
Aunque la ley no lo especifica, el Ministerio acostumbra entregar una ‘constancia (o carta) de cumplimiento’, que las cámaras deben presentar ante la Dirección General de Ingresos (DGI), para hacer valer las exenciones del impuesto sobre la renta (IR); o para hacer gestiones ante las instituciones financieras, por ejemplo.
Ese documento “es como la matrícula de la alcaldía, o como una solvencia fiscal... si uno no cumple con ese requisito, se pierde el derecho de ser una cámara, lo que sería apropiado en un país normal”, pero en Nicaragua hasta resulta sospechoso, dijo el gerente de una de esas entidades.
En todo caso “las certificaciones y/o constancias las emite el Mific a solicitud del ente gremial empresarial interesado, algo similar a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 22 de la Ley 849”, añadió una de las fuentes, en referencia a una de las atribuciones del Registro de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Empresariales, que debe entregar una certificación de registro, “a solicitud del interesado”.
La Ley 849, aprobada el 30 de octubre de 2013, y reformada parcialmente el 19 de agosto de 2014, ordenó que las cámaras -que hasta entonces funcionaban como asociaciones sin fines de lucro- redefinieran su naturaleza jurídica, y pasaran de la égida del Ministerio de Gobernación, a la del Mific, que sería su órgano de control a partir de entonces.
Si hasta 2018 y 2019, conseguir las constancias de cumplimiento eran simples trámites de rutina, a partir de 2020 los administradores de las cámaras comenzaron a recibir los documentos con hasta dos meses de atraso, lo que se está volviendo a repetir en este 2022, y hace temer a los empresarios organizados, que no se trate de un atraso burocrático, sino de una decisión política que todavía no saben explicar.
Adivinando razones
Si los seis hombres de negocios coincidieron en asegurar que no han recibido el consabido documento, su reacción no fue la misma al tratar de determinar por qué aún no tienen esa constancia en su poder.
“Suponemos que las van a entregar tarde, y nada más. En este momento no tenemos razón para creer que no las entregarán, pero se están tomando su tiempo. Lo que nos extraña es que a la mayoría no se las hayan entregado. Me lo confirma el resto de cámaras, y lo confirman ellos mismos en el Mific”, dijo una de las fuentes.
“Todos los años -el 31 de marzo a más tardar- entregamos la documentación al Mific, y ellos entregan las constancias de cumplimiento unas semanas después, pero esta vez no las han entregado, pese a que se las comenzamos a pedir después que terminó la Semana Santa”, dijo otra de las fuentes.
“Han pasado casi dos meses desde que entregamos la documentación, y habría que valorar si las cámaras sienten que es un exceso de tiempo o no. Yo lo veo como un periodo intermedio, porque ya podrían haberlas entregado, es cierto, pero en este momento tampoco podría concluir que pretenden expropiar las cámaras”, añadió.
Aunque la campaña de ilegalización y cierre de oenegés los pone en alerta y genera preocupación porque este atraso pueda tener motivaciones políticas, y ser el inicio de nuevos ataques en contra del sector privado, “opino que el Ministerio está dentro de un plazo razonable”, dijo la fuente, admitiendo que el Gobierno podría ordenar al Mific que vaya contra alguna cámara en particular.
Otras voces que observan el retraso, igual llaman a no sacar conclusiones apresuradas, como el presidente de una cámara que asegura haber entregado toda la información requerida, en el plazo establecido. “Ellos nos la recibieron y no hubo objeción, así que estamos a la espera de cuando nos toque recibir la constancia, pero no sentimos que haya un atraso, porque el año pasado, por ejemplo, comenzaron a entregarlas entre julio y agosto”, refirió.
El gerente de otra cámara dijo que ellos tampoco han recibido la carta de cumplimiento, pero “entendemos que van avanzando, solo que el proceso está siendo más engorroso, aunque no tengo idea de por qué. Es posible que no haya nada político en esto, sino que simplemente estén siendo más exigentes y haya más cosas que revisar, lo que hizo que el proceso fuera más lento”, supuso.
Un directivo de esa misma cámara coincidió con su gerente, al reconocer que “no las han entregado, pero quizás no sea por alguna razón política, sino porque hubo cambio de ministro, y supongo que eso influye” en la operatividad del Ministerio. Finalmente, el presidente de otra cámara dijo que la entidad que él dirige “entregó toda la información y está en revisión, pero no nos han entregado la carta”.
