9 de julio 2020
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El sector privado mantiene su protesta en contra de la decisión del Gobierno de Daniel Ortega de aplicar impuestos a la importación de insumos médicos que son clave para atender a los pacientes de covid-19. A la vez, insistió en que se debe permitir la importación de los materiales necesarios para que los hospitales privados puedan efectuar las pruebas para detectar al SARS-CoV-2.
La semana pasada, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, denunció la aplicación del 15% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre respiradores, mascarillas quirúrgicas y oxímetros (que se usan para medir el nivel de oxígeno en la sangre), lo que además de inmoral, es ilegal.
El experto en derecho fiscal, Julio Francisco Báez, dijo que la disposición “viola el artículo 127 de la Ley de Concertación Tributaria, que establece que estarán exentos de pagar IVA medicamentos, vacunas, oxígeno para uso clínico u hospitalario, equipo e instrumental médico, quirúrgico, optométrico, odontológico y de diagnóstico para la medicina humana. Este cobro viola las leyes aduaneras, y contraviene el Sistema Arancelario Centroamericano”, aseguró.
El titular de la gremial empresarial reconoció la labor de los medios de comunicación para lograr que “el nivel de exposición de esta denuncia haya sido amplio, y conocido nacional e internacionalmente. Estamos en el proceso de trabajar con especialistas para revisar esas partidas dentro de las listas taxativas, antes de realizar el siguiente paso”, sin especificar si presentaría una denuncias ante la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Riesgo de aislamiento
“Lo que no puede haber es que, por un lado, el Estado anuncia que está recibiendo ventiladores –y el Estado no paga impuestos, porque son para atender a la población que no tiene recursos, lo que es correcto- y por otro lado, a los hospitales privados no se les permita lo mismo”, comparó.
“Hay que flexibilizar las políticas para que vengan más ventiladores al sector privado”, pero también, los kits necesarios para que los hospitales privados puedan hacer las pruebas para detectar la enfermedad, demandó Aguerri.
“Los hospitales tienen las capacidades para hacer las pruebas. Que vengan los kits de prueba al sector privado, evita que dejen de realizarse pruebas que son necesarias”, señaló recordando que el sector público no tiene capacidad ni recursos técnicos suficientes para atender a una población de más de 6.3 millones de habitantes.
En su acostumbrada conferencia de los días miércoles, el presidente del Cosep comparó el caso nicaragüense con el de El Salvador –que tiene una población muy similar a la nicaragüense- en donde se realizan 2500 exámenes diarios, y mencionó el requisito que Estados Unidos está imponiendo a los viajeros mexicanos para que se realicen un examen siete días antes de viajar.
Eso le llevó a preguntar ¿qué pasaría si ese país comienza a pedir esa prueba a todos los viajeros, cuando en Nicaragua está tan limitada la posibilidad de realizarla?
“Aislarse del mundo no es una opción. Esperemos que el Gobierno permita la entrada de pruebas para hospitales privados, y que el Gobierno mismo importe más pruebas”, invitó.
Recaudar vía IPSA
El titular del Cosep mencionó que hace un mes, las autoridades plantearon que el 100% de las pruebas que deben aplicarse a los productos lácteos de exportación, solo pueden hacerse en los laboratorios del estatal Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, (IPSA), cuando antes se permitía que el 20% de esos análisis se hicieran en laboratorios del sector privado.
La decisión tiene su origen en el año 2015, cuando el laboratorio del IPSA resultó insuficiente para efectuar todas las pruebas que requería la pujante industria de exportación de lácteos, que factura unos 180 millones de dólares al año, según datos ofrecidos por José Adán Aguerri, “y está en crecimiento, a pesar de esta crisis”.
“Si cortan la opción de laboratorios privados –pese a que abrieron laboratorios en el norte del país- tendremos una afectación en el manejo del libre comercio. Esperamos que se garantice que al menos 20% de los exámenes se siga haciendo en laboratorios privados. Esos nuevos costos aumentarán la recaudación tributaria, pero los atrasos nos llevan de nuevo en la dirección equivocada”, concluyó.
