24 de octubre 2022
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La Dirección General de Minas (DGM), adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MEM), y el operador político Lenín Cerna, identificado como “un confidente cercano del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega”, fueron alcanzados este 24 de octubre por nuevas sanciones del Gobierno de Estados Unidos a cargo del demócrata Joseph Biden, que a la vez anunció que podría prohibir a sus ciudadanos que inviertan en el sector minero nicaragüense.
El Departamento del Tesoro resume que Cerna fue jefe de seguridad del Estado durante el primer Gobierno de Ortega la década de los ochenta y "estuvo involucrado en numerosos incidentes de violencia, asesinatos y torturas y admitió estar asociado con grupos terroristas conocidos".
"Cerna --describe el comunicado-- trabajó anteriormente en el Consulado de Nicaragua en Honduras y presuntamente ayudó en el asesinato de Pablo Emilio Salazar, jefe de la guardia presidencial del entonces presidente Anastasio Somoza Debayle. Cerna supuestamente proporcionó el arma que mató a Salazar. Una vez que asumió como jefe de la Seguridad del Estado bajo Ortega, según informes públicos" y concluye que "se hizo famoso y temido como torturador".
Así, justificó que "Cerna está siendo designado, de conformidad con EO 13851, por ser un funcionario del Gobierno de Nicaragua o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007".
El impacto del sector minero en Nicaragua
En enero de este año, Estados Unidos sancionó al general de división (retirado) Ramón Humberto Calderón Vindell, presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), y luego, en junio, a su sucesor, Ruy López Delgado así como a la misma Eniminas. Ahora, cuando Biden modifica la orden ejecutiva 13851, también apunta en la dirección de prohibir a ciudadanos estadounidenses la posibilidad de invertir en la industria aurífera nicaragüense.
Aunque la mayor parte de las inversiones mineras en Nicaragua son de procedencia colombiana, canadiense, inglesa y nicaragüense, en ellas hay presencia de inversionistas estadounidenses --como es el caso de Randy Martin en Plantel Los Ángeles-- los que ahora podrían verse impedidos de realizar nuevas inversiones en el sector.
En 2021, el sector minero se consolidó como el primer exportador de Nicaragua, con 880.5 millones de dólares, según el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), y aspira a exportar 1000 millones en 2023, y ha sido objeto de sanciones estadounidenses, porque el Gobierno de ese país considera que “Ortega y sus compinches continúan utilizando las ganancias derivadas de la producción y venta de oro para llenar sus propios bolsillos y pagar a quienes mantienen al régimen en el poder”.
La Dirección General de Minas sancionada por Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos define a la Dirección General de Minas (DGM) como una oficina subordinada al Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Nicaragua, y recuerda las sanciones anteriores a Eniminas, en junio de este año.
Según el Tesoro estadounidense, esta Dirección "ha gestionado la mayoría de las operaciones mineras en Nicaragua en nombre del Gobierno de Nicaragua. Como tal, DGM es una pieza importante de las operaciones de oro controladas por el Estado en Nicaragua" y cuestiona que "Ortega y sus compinches continúan utilizando las ganancias derivadas de la producción y venta de oro para llenar sus propios bolsillos y pagar a quienes mantienen al régimen en el poder".
"El régimen (de Ortega) ha utilizado este poder para intimidar y encarcelar a quienes denuncian la corrupción del régimen y para sembrar inestabilidad en todo el mundo, incluso apoyando una mayor invasión de Ucrania por parte de Rusia", agrega.
El Tesoro justifica las sanciones indicando que "por ser propiedad o estar bajo el control, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Salvador Mansell Castrillo, quien es el ministro de Energía y Minas de Nicaragua y cuya propiedad e intereses en la propiedad fueron bloqueados de conformidad con EO 13851 el 15 de noviembre de 2021".
Asimismo, detalló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también emitió la Licencia General de Nicaragua (GL) 4, "que proporciona una autorización por tiempo limitado que permite a las personas estadounidenses liquidar transacciones que involucran a DGM" y que la Oficina igualmente emitió una "guía asociada que señala que las personas extranjeras generalmente no corren el riesgo de ser sancionadas por participar en actividades que estarían autorizadas por GL 4".
Sanciones apuntan la industria del oro en Nicaragua
La medida aprobada por Biden autoriza al Departamento del Tesoro a apuntar a ciertas personas "que operan o han operado en el sector aurífero de la economía nicaragüense", y cualquier otro sector identificado por el secretario de Hacienda en consulta con el secretario de Estado.
Las sanciones ampliadas, detallan, "podrían usarse para prohibir nuevas inversiones estadounidenses en ciertos sectores identificados en Nicaragua, la importación de ciertos productos de origen nicaragüense a los Estados Unidos, o la exportación, desde los Estados Unidos, o por parte de Estados Unidos".
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian. E. Nelson, aseguró que “los continuos ataques del régimen de Ortega-Murillo contra actores democráticos y miembros de la sociedad civil y la detención injusta de presos políticos demuestran que el régimen siente que no está obligado por el Estado de derecho”, según un comunicado del Departamento del Tesoro.
Nelson agregó que “con la nueva Orden Ejecutiva del presidente Biden, podemos y utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para negarle al régimen de Ortega-Murillo los recursos que necesita para seguir socavando las instituciones democráticas en Nicaragua”.
La aprobación de Biden también amplía a la autoridad del Tesoro a responsabilizar al régimen de Ortega-Murillo por sus continuos ataques a la libertad de expresión y reunión de los nicaragüenses. Desde el regreso al poder de Ortega, en 2007, han sido cerrados o confiscados 54 medios de comunicación y de noviembre de 2018 a septiembre de 2022 la dictadura orteguista ha cancelado más de 2200 oenegés.
La Casa Blanca justifica nuevas sanciones de Estados Unidos
La Casa Blanca detalló las nuevas sanciones aprobadas por el Gobierno de Joseph Biden y Kamala Harris y justificó que "el presidente Biden está tomando más medidas para demostrar nuestro compromiso con el pueblo nicaragüense al ampliar las herramientas para hacer que el régimen de Ortega-Murillo rinda cuentas por su escalada de violaciones de los derechos humanos, el desmantelamiento continuo de las instituciones democráticas, los ataques a la sociedad civil y el aumento de la cooperación en materia de seguridad con Rusia".
El comunicado de la Casa Blanca indica que el presidente Biden firmó una Orden Ejecutiva para ampliar las autoridades disponibles que aumenten la presión específica sobre el régimen de Ortega-Murillo. "Esto le dará a la Administración medios adicionales para apuntar al régimen mientras permite la flexibilidad necesaria para continuar apoyando al pueblo de Nicaragua", explicó.
Recordó que en el período previo a las "elecciones ficticias de noviembre de 2021 en Nicaragua", cuyo Gobierno calificó de "farsa electoral", el régimen de Ortega-Murillo detuvo arbitrariamente a decenas de opositores políticos y activistas. "Desde entonces --sostiene-- el limitado espacio democrático restante en el país se ha reducido aún más cuando el régimen de Ortega-Murillo cerró más de 2000 organizaciones no gubernamentales y sometió a los presos políticos a condiciones extremadamente duras", y además "ha incrementado sus ataques a los líderes religiosos y ha cerrado universidades privadas, robando a la juventud de Nicaragua su futuro y politizando la educación".
La Casa Blanca reclama que, mientras Estados Unidos y sus aliados continúan tomando medidas para responsabilizar a Rusia "por su guerra de agresión en Ucrania", el régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua aumenta su cooperación con Moscú, "al autorizar la presencia continua de personal y equipo militar ruso en el país", y cuestionó que Nicaragua fue el único país de América Latina, que en octubre de 2002 votó con Rusia en contra de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condenaba su intento de anexión ilegal de partes de Ucrania.
