22 de febrero 2020
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El informe de The Economist Intelligence Unit (EIU) del mes de enero proyecta una contracción económica en 2020 y una leve recuperación entre 2021 y 2024, indicando que se mantendrá la ruptura entre el sector privado y el régimen, lo cual se verá reflejado en el crecimiento económico del país.
“La alianza previa a la crisis que existió entre la comunidad empresarial y el Gobierno es poco probable que se reconstruya. Sobre esta base, esperamos un crecimiento promedio de solo 1.6% entre 2021 y 2024, por debajo del 4.7% en 2013-2017”, pronostica la prestigiosa firma británica.
“Después de una disminución estimada del 5.1% en el PIB real en 2019, esperamos que la economía (nicaragüense) se contraiga un -1,5% adicional en 2020”, según EIU. Los cálculos de la firma son cercanos a los del Fondo Monetario Internacional (FMI), que proyecta una caída del -1.2%, y a los de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que predice un descenso del 1.1%.
En sus análisis mensuales sobre Nicaragua, EIU ha alertado que desde 2018, el país sufre un “dramático” deterioro económico y que el riesgo político es “extremadamente alto”, ya que el presidente Daniel Ortega se muestra desafiante y empecinado a conservar el poder a cualquier costo.
Ortega “no muestra ninguna voluntad de forjar una resolución negociada de la crisis”, según la publicación, que añade que la pareja presidencial “ha adoptado un enfoque cada vez más autoritario”.
“Los límites del mandato presidencial han sido eliminados y el Gobierno ejerce una fuerte influencia sobre todas las instituciones públicas. El FSLN ha utilizado su mayoría legislativa para fortalecer los poderes presidenciales, así como el (ya fuerte) aparato de seguridad estatal”, detalla EIU.
Cambio ante sanciones
Como en previos análisis, el centro británico pronosticó que Ortega o cualquiera que él designe se mantendrán en el poder hasta 2022 —cuando corresponde el cambio de Gobierno—, aunque alerta que su predicción puede fallar ante el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.
“La escena política es altamente volátil y existen riesgos sustanciales para nuestro pronóstico. Una de las principales vulnerabilidades del régimen de Ortega es su exposición a las acciones de los Estados Unidos”, afirma.
Estados Unidos ha sancionado a cinco entidades y 15 funcionarios orteguistas, incluidos tres miembros de la familia presidencial: la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo; y sus hijos Rafael Ortega Murillo y Laureano Ortega Murillo.
Salario mínimo caerá
El régimen orteguista anunció con bombos y platillos un reajuste del salario mínimo del 2.63%, que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de marzo; sin embargo, el análisis de la publicación, propiedad del grupo británico The Economist afirma que “el salario mínimo caerá por segundo año consecutivo en la mayor parte de la economía” nicaragüense.
La publicación aclara que esa caída no afectará al sector industrial de la zona franca, cuyos trabajadores —en una negociación por separado— recibieron en enero pasado un aumento anualizado del 8.2%.
El ajuste salarial del 2.6% será aplicado a nueve sectores económicos, entre ellos construcción, agropecuario, minas, comercio, turismo y el Gobierno central y municipal.
El EIU reseña que la negociación siguió la práctica normal de ajustar el salario mínimo sumando la tasa de inflación nacional del año anterior a la tasa de crecimiento del PIB real. “Dado que la inflación cerró 2019 en 6.1%, y que la economía se contrajo en 3.5% en términos reales, según estimaciones del Gobierno, la decisión estaba técnicamente justificada”.
Sin embargo, este será el primer ajuste salarial desde 2018, ya que el año pasado estuvo congelado, lo que no fue tomado en cuenta a la hora de negociar el nuevo salario mínimo. En 2019, los consumidores nicaragüenses sufrieron un alza en la canasta básica y servicios básicos, como la energía eléctrica.
Este reajuste se hará una vez al año, no como en años anteriores que se repartía en dos semestres, por lo que para septiembre próximo no habrá cambios, como se habituaba antes de 2018.
Decisión oficialista
La publicación británica, especializada en ofrecer análisis y pronósticos sobre países, explica que antes de la actual crisis sociopolítica, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), participaba regularmente en este proceso de negociación, como representante de los negocios privados. Sin embargo, ahora su lugar ha sido ocupado por el “progubernamental” Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), que “ratificó el aumento”.
Destaca que “la mayoría de los otros sindicatos progubernamentales se apresuraron a aceptar la propuesta del Gobierno, aunque la Central Sandinista de Trabajadores abogó por un aumento del 5%. Sin embargo, como el Gobierno central mantiene las remuneraciones generales del sector público sin cambios en el presupuesto este año, esa propuesta estaba claramente condenada al fracaso”.
“Las empresas privadas, golpeadas fuertemente en 2019 por grandes aumentos en las cotizaciones patronales a la Seguridad Social y por los efectos de una amplia reforma fiscal, en general se opuso a cualquier ajuste”, añade EIU.
