6 de agosto 2022
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A finales de junio, cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM), le comunicó a la administración de la empresa minera Plantel Los Ángeles, que le estaba retirando la concesión para operar, los empleados se quedaron esperando que la gerencia los citara para explicarles lo que estaba pasando, y lo más importante: si seguirían teniendo empleo o no.
“Nosotros supimos de esa comunicación del Ministerio, y nos quedamos esperando el llamado, pero no sucedió nada, así que seguimos trabajando. Después, cuando supimos que el señor [Randall] Martin, [copropietario de la empresa minera], envió una carta diciendo que vendría a Nicaragua para tratar de arreglar el problema, y se comprometió a pagar los salarios del personal, nos sentimos más tranquilos, y seguimos trabajando con normalidad, hasta el día de hoy”, dijo a CONFIDENCIAL un empleado que pidió que lo llamáramos ‘Luis’.
“Hasta el día de hoy”, la empresa sigue ejecutando su labor de comprar material y procesarlo para extraer el oro, en especial después que “les restituyeron la concesión”, confirmó escuetamente una fuente de la industria. Aunque no se sabe si eso es resultado de las gestiones que su dueño principal y CEO, J Randall Martin hizo en Nicaragua durante la semana del 4 al 9 de julio, como él mismo lo anunció en una carta, CONFIDENCIAL conoció documentos que indican cuál es la probable razón del MEM para retirarles la concesión para comprar y procesar mineral, conocido también como ‘broza’.
El pasado 9 de junio, el gerente de Plantel Los Ángeles, Alejandro Domínguez, envió una carta dirigida a ocho cooperativas que trabajan con ellos, para informarles que tres días antes (el 6 de junio), el Ministerio les había dado seis días -o sea, hasta el día doce- para “resolver esta situación”, en referencia al hecho que la empresa estaba comprando -por intermedio de las cooperativas- mineral extraído de zonas protegidas.
El origen de esta situación se remonta hasta -al menos- marzo de 2019, cuando directivos de las cooperativas mineras de La Libertad y Santo Domingo pidieron a Plantel Los Ángeles, que “el mineral extraído por mineros independientes fuera ingresado a Plantel Los Ángeles a través de las cooperativas… sin embargo, no fueron claros que lo que querían era trasladar y trasegar mineral proveniente de la Reserva en Río San Juan”, detalla la misiva de Domínguez, citando el documento que les fuera enviado por el MEM.
Por ley, no se puede hacer minería en las reservas naturales o, en general, cualquier área protegida, así que al no tener permiso -y toda la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), excepto dos de ellas, no tiene permiso- “todo eso es minería ilegal”, señala Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.
La razón para prohibir la extracción en áreas protegidas -además de preservar el medio ambiente- es que la minería ilegal “significa trabajo infantil, exposición de los trabajadores a pobres condiciones laborales y de seguridad ocupacional en los sitios de extracción; contaminación por mercurio en agua, suelo y aire; afectaciones a la salud de las personas.”, enlistó Ruiz.
Mineros artesanales reclaman al MEM
Dadas las afectaciones económicas que significa para las cooperativas, dejar de procesar material extraído de la Reserva del Río San Juan, la empresa decidió solicitar que se instaurara la Comisión Municipal de Minería Artesanal, “como mecanismo para resolver y mejorar las problemáticas que enfrenta” ese sector, en beneficio de todos los involucrados en este proceso: concesionarios, mineros, autoridades locales, Gobierno central, y la empresa minera.
Tres días después, el 12 de junio, mineros artesanales de Río San Juan enviaron una carta a Salvador Mansell, ministro de Energía y Minas, en la que apelan a su “sabiduría” para lograr un acuerdo que permita seguir extrayendo material de las zonas protegidas.
“En el ánimo de una solución social y económicamente viable, respaldamos las iniciativas de las cooperativas de La Libertad y Santo Domingo [y] le solicitamos que en calidad de representantes de nuestro sector, sean atendidos por usted, en reunión formal para [encontrar] una solución en la que todos salgamos ganando”, dicen los mineros de Río San Juan.
Aunque tres representantes de la empresa -incluyendo a su CEO, J. Randall Martin- ofrecieron responder preguntas de CONFIDENCIAL, hasta el cierre de esta nota, no brindaron ninguna información.
Después del anuncio de cierre, ocurrido el 27 de junio, y la carta de Martin al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Gustavo Porras, del 28 de junio, las cooperativas de los distritos mineros de La Libertad y Santo Domingo, que trabajan con el Plantel, también le pidieron una reunión a Mansell.
Los cooperados de ambos distritos mineros de Chontales, indican a Mansell en una carta fechada el 26 de julio de 2022, que se sienten “amenazados en nuestro derecho fundamental a la libertad de organización”, señalando además que “la minería artesanal ha estado en el abandono absoluto”.
“La decisión administrativa de cierre de operaciones de Plantel Los Ángeles, nos ha traído consecuencias directas”, porque “se creó un ambiente de desestabilización, y de no tomar acciones responsables que nos retorne a la normalidad, inevitablemente corremos el riesgo del fracaso, lo que no estamos dispuestos a permitir”, indican en su misiva.
Finalmente, los cooperados chontaleños piden a Mansell una “reunión de trabajo con usted, para superar la angustia colectiva y encontrar soluciones beneficiosas para todas las partes”.
