21 de julio 2021
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El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a los inversionistas internacionales que “deben ser extremadamente cautelosos” al momento de invertir en Nicaragua, “bajo el Gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega” y Rosario Murillo.
En un informe sobre el clima de inversión en Nicaragua, la Administración estadounidense detalla que, desde 2018, el régimen orteguista ha suspendido “los derechos civiles —garantizados constitucionalmente—, detenido a presos políticos y omitido el Estado de Derecho”.
Por tales razones, el régimen ha creado “un clima de inversión impredecible, plagado de riesgos para la reputación y regulación arbitraria”, advierte el informe, publicado este miércoles 21 de julio.
“Han pasado casi tres años desde que la crisis político-económica de 2018 dejó más de 300 manifestantes pacíficos muertos, 2000 manifestantes heridos y más de 100 000 nicaragüenses desplazados y solicitando asilo fuera de Nicaragua”, destaca.
“Las elecciones presidenciales —continúa— están programadas para noviembre de 2021. La falta de restauración de las libertades civiles y la garantía de elecciones libres y justas, podría provocar nuevos disturbios y conducir a un mayor aislamiento del régimen de Ortega”.
Cuatro años de caída en inversión extranjera en Nicaragua
CONFIDENCIAL publicó este miércoles que la Inversión Extranjera Directa (IED) se ha desplomado en los últimos cuatro años. En 2017, se captaron 970.9 millones de dólares en ese rubro, para este 2021 se prevén unos 159.4 millones de dólares, según el economista Alejandro Aráuz, quien publicó un análisis en su blog.
“En el periodo 2008 al 2017 el crecimiento anual ponderado fue del 12.4%. En cambio, la desaceleración de la IED a partir de 2018 hasta el 2021, se estima en una tasa de decrecimiento anual ponderado del 64.1%, implicando un efecto contractivo contundente en la inversión fija y la posición neta de la balanza de pago internacional de Nicaragua”, explicó.
En su informe, el Departamento de Estado subraya que el Gobierno orteguista “busca inversión extranjera directa para proyectar normalidad y apoyo internacional, en un momento en que la inversión extranjera casi se ha detenido”.
“A medida que las fuentes tradicionales de inversión extranjera directa huyeron de la crisis política en curso —prosigue—, el Gobierno ha buscado cada vez más la inversión extranjera de otros países, como Irán y China. Los incentivos a la inversión se dirigen a las empresas centradas en la exportación que requieren grandes cantidades de mano de obra no calificada o poco calificada”.
Reforma tributaria "ha perjudicado" a importadores y empresas
Estados Unidos alerta que una reforma tributaria, aprobada el 27 de febrero de 2019, “ha perjudicado a los importadores y a las empresas estadounidenses”, ya que triplicó la tasa impositiva mínima alternativa de 1 a 3%, para las empresas que ganan más de cinco millones de dólares en ingresos brutos anuales, y duplicó (a 2%) el impuesto para las empresas con ingresos de entre 1.9 y cinco millones de dólares en ingresos brutos”.
El Departamento de Estado explica que, con la reforma, se aumentó el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para muchos artículos, lo que “perjudica a los importadores porque las autoridades aduaneras cobran el impuesto sobre las mercancías importadas en la frontera, con base a valoraciones erróneas, que pueden triplicar el valor declarado de las mercancías”.
Comenta que el Gobierno nicaragüense prometió una revisión a la reforma, después de un período de observación de 90 días; sin embargo, a más de dos años de implementación, “aún no ha propuesto las revisiones”.
“Las reformas, combinadas con el aumento de las contribuciones de los empleadores a la seguridad social, han reducido los márgenes de beneficio y aumentado los precios al consumidor”, asegura el reporte.
La entidad de EE. UU. informa que “varias grandes compañías, incluyendo algunas compañías y franquicias estadounidenses, están involucradas en disputas fiscales con el Gobierno. El Gobierno está evaluando los impuestos sobre la renta sobre la base de los ingresos brutos, en lugar de las ganancias netas según lo dispuesto por la ley. Este nuevo cálculo de impuestos impuesto por el Gobierno podría forzar el cierre de estas empresas”.
Auditorías y confiscaciones
En el documento, se indica que Nicaragua no tiene un tratado bilateral de Impuesto sobre la Renta (IR) con los Estados Unidos o cualquier otro país; además, que “las autoridades fiscales aumentaron las auditorías de inversores extranjeros en 2017”.
“Durante la crisis política, estas auditorías se volvieron más agresivas y amenazantes, incluidos informes de siete entidades gubernamentales diferentes que realizaban auditorías el mismo día, un mayor alcance de las auditorías (por ejemplo, solicitar siete años de documentos en lugar de la práctica habitual de dos años) y multas. Las empresas que participaron en paros de trabajo organizados por líderes de la oposición reportaron auditorías inmediatamente después de los paros laborales”, expone el Departamento de Estados.
Advierte además que estas auditorías “casi siempre” resultan en que se deben impuestos adicionales. “Las nuevas facturas de impuestos a menudo van acompañadas de multas iguales a la cantidad de impuestos supuestamente adeudados. Estas multas parecen carecer de fundamento jurídico”.
“El Gobierno ha confiscado propiedades privadas y encarcelado a personas por no pagar estas facturas de impuestos y multas, a menudo mientras los procedimientos legales aún están en curso. Estos problemas fiscales han afectado a las compañías estadounidenses o a las compañías propiedad de ciudadanos estadounidenses”, sostiene.
Refiere que el presidente Ortega “controla el sistema judicial y no se espera de fallos justos y objetivos. Los inversionistas se quejan regularmente de que las autoridades reguladoras son arbitrarias, negligentes o lentas a la hora de aplicar las leyes existentes, a veces en un aparente esfuerzo por favorecer a un competidor sobre otro”.
Leyes orteguistas
El informe señala que “existen leyes y prácticas locales que afectan a los inversores extranjeros”, aunque pocas están dirigidas “en particular” a los inversionistas.
“En 2020, la Asamblea Nacional —controlada por Ortega— aprobó seis leyes represivas que deberían alarmar a los inversionistas”, según el documento, que enlista las “leyes más preocupantes”: “Ley Mordaza”, que criminaliza el discurso político; “Ley de Agentes Extranjeros”, que obliga a las organizaciones y las personas informar sobre la asistencia extranjera y evita que cualquier persona que reciba financiación extranjera se postule para un cargo.
Añade a la “Ley de Protección al Consumidor”, que “podría evitar que las instituciones financieras tomen decisiones independientes sobre si prestar servicios a los clientes financieros, incluidas entidades sancionadas” por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza y Reino Unido.
ProNicaragua sin actividad
“Los inversores deben saber que las conexiones locales con el Gobierno son vitales para el éxito. Los inversores han expresado su preocupación por el hecho de que las autoridades reguladoras actúen de forma arbitraria y, a menudo, favorezcan a un competidor sobre otro”, realza la publicación.
“Los inversores extranjeros informan retrasos importantes en la obtención de permisos de residencia, lo que requiere viajes frecuentes fuera del país para renovar visas”, destaca.
Estados Unidos informa que ProNicaragua, la agencia de promoción de inversiones y exportaciones del país, “casi ha detenido sus actividades de promoción de inversiones. Prácticamente no tiene clientes debido a la actual crisis política”.
“ProNicaragua, ya fuertemente politizado, lo fue aún más después de que el presidente Ortega instaló a su hijo, Laureano Ortega Murillo —sancionado por Estados Unidos— como la principal cara pública de la organización”, agrega.
