10 de marzo 2019
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La ‘operación maquillaje’, con la que el régimen de Daniel Ortega trata de sustraer de las sanciones estadounidenses a algunos de los hijos de Albanisa —especialmente la distribuidora de combustibles DNP Petronic y su brazo financiero, el BanCorp—, está llamada al fracaso, según un diplomático nicaragüense que habló con CONFIDENCIAL, bajo condición de anonimato.
Aplicando trámite de urgencia, la Asamblea Nacional aprobó esta semana la compra del BanCorp, por 743.1 millones de córdobas, pagaderos con bonos de la República, emitidos a cinco años de plazo, con una tasa de interés de 6%.
Según lo aprobado, los dueños actuales podrán recuperar su banco, pagándolo con los mismos bonos, con lo que se ganarán el interés pactado. A la vez —al menos en su teoría—, Estados Unidos se ve imposibilitado de imponerle sanciones, al dejar oficialmente la órbita de Albanisa, para constituirse en una entidad del Estado nicaragüense.
“Como están afectados por las sanciones, hacen esta pantomima de la venta para intentar ponerle un escudo al Banco. Lo hacen propiedad del Estado para protegerlo de las sanciones, pero habría que ver cuál es la relación costo beneficio de esta operación”, alerta el economista Enrique Sáenz.
Se caería el maquillaje
La fuente diplomática agrega que “en el derecho estadounidense, si yo maquillo una compañía que está delinquiendo, para que mis intereses no se vean comprometidos, las cortes tienen la obligación de dejar ese maquillaje a un lado para perseguir al delincuente”.
Además, explica que no puede funcionar la estratagema de “transferir los intereses de ‘A’ a ‘B, que es lo que vemos que quieren hacer PdVsa, Albanisa, Petronic, y ahora BanCorp, porque no se puede utilizar el ropaje corporativo para ocultar un crimen”.
El experto admite que el mismo sistema legal estadounidense, obliga a comprobar que existe el interés de ocultar un ‘crimen’ (cualquier acto que viole una norma legal), para aplicar lo que manda la ley.
“Jurídicamente, el sistema estadounidense debería penetrar estos ropajes, y si están seguros que todo este ‘repello’ se está haciendo para ocultar una verdad, van a proceder contra la compañía que hereda esos activos”, asegura.
Un economista que también pidió el anonimato, afirma que la mentalidad subyacente detrás de la decisión del régimen es que “BanCorp se convirtió en un activo comprometedor y devaluado por las sanciones” y “con esta acción se deshicieron de él, y sacaron provecho del Estado”.
En referencia a las responsabilidades personales, el diplomático cree que cuando llegue el tiempo de las sanciones, estas “alcanzarán a todos aquellos que ocupaban cargos en esas empresas y no han sido sancionados, así como a los que están contribuyendo para tratar de evadir la aplicación de la ley”.
La fuente considera que uno de los factores que estaba ahogando al Banco Corporativo (BanCorp, que pasará a llamarse Banco Nacional, por la decisión de Daniel Ortega, refrendada por sus diputados en la Asamblea Nacional), era el cada vez creciente cerco que las sanciones financieras iban construyendo a su alrededor.
“Los bancos nicaragüenses buscarán siempre cómo minimizar su exposición al riesgo, pero si alguien te pagara con un cheque de BanCorp, los demás bancos saben que están obligados a honrarlo, siempre con el temor de que Estados Unidos viera eso como una debilidad en el muro que ellos querían levantar alrededor del BanCorp, para que nadie trabajara con ellos”, estima.
¿A quién le cobrará Venezuela?
La compra del BanCorp —obligada, opaca y apresurada— por un total de 22.8 millones de dólares, ha sido valorada por los nicaragüenses (a través de las redes sociales) como una operación de lavado, o como un desfalco a las finanzas públicas. Pero más allá, también podría tener implicaciones en cuanto a la deuda privada con Venezuela.
Como brazo financiero de Albanisa, el negocio principal del BanCorp fue el manejo de cinco fideicomisos propiedad de la Caja Rural Nacional (Caruna), con un valor de 74 449.3 millones de córdobas, equivalentes a 2438.7 millones de dólares, según el cambio oficial de inicios de octubre 2017.
Catorce meses después, al 31 de diciembre de 2018, el valor de esos fideicomisos llegó a 84 674 millones de córdobas (unos 2680 millones de dólares). Adicionalmente, los registros de ese banco muestran que destinó casi 671 millones de dólares en préstamos al sector eléctrico, principalmente para las generadoras de Albanisa.
“Las distribuidoras están operando con pérdidas, porque no están logrando recuperar la cartera, y por consiguiente, tienen dificultades para pagar a las generadoras”, dice el economista antes citado.
Toda esa conexión con los fondos venezolanos hace temer que, a largo plazo, un gobierno democrático en Venezuela, exija a Nicaragua el pago de la deuda que fue asumida por Albanisa —aunque era de Estado a Estado— porque poco a poco comienza a deshacerse de algunos de los activos adquiridos con ese dinero, pasándolos a nombre del Estado nicaragüense.
“Venezuela va cobrar su dinero, porque hubo un acuerdo marco para la cooperación entre los dos países, ratificado por la Asamblea, que servía como paraguas a todas las transacciones en que se pusieran de acuerdo”, comenta una especialista en el tema, que pidió no ser identificada por su nombre.
Ante lo que parece ser una operación para ‘lavar’ la deuda venezolana, y hacer que de una forma u otra termine pagándolo la ciudadanía nicaragüense, la entrevistada opina que “en estos momentos y circunstancias en que Venezuela está bajo el escrutinio internacional, sería suicida que Nicaragua o un tercero se preste a lavar la deuda venezolana”.
Sáenz recuerda que “Caruna encomendó a BanCorp un fideicomiso por casi 2500 millones de dólares, que es el piso del capital de Ortega y compañía. ¿Qué pasará con ese fideicomiso y esos caudales? Viendo las sanciones a PdVsa y Albanisa, que repercuten en BanCorp, me parece que esta es una maniobra para ponerle a ese banco el escudo del Estado, y tratar de proteger los capitales que están en BanCorp”.
‘Maquillaje’ de legalidad
En referencia a la legalidad que debería cubrir esta operación, el economista y exdiputado estima que en la mentalidad del régimen “eso es secundario, porque para esta gente la ley no existe, así que si lo hacen de forma legal o no, es una discusión bizantina, pese a ser una operación de semejante magnitud”, cataloga.
“Si para cualquier endeudamiento se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, más lo es en este caso, en que no se sabe si están adquiriendo pasivos o activos, si esto es una deuda o un negocio. Cualquiera que sea el caso, al menos le dieron el sello de sus monigotes en la Asamblea, para cubrir las formas”, opina.
La iniciativa de ley autorizando la compra, que fue presentada el 6 de marzo, se aprobó por 70 diputados de la aplanadora oficialista apenas 24 horas después, sin que aparentemente se cumplieran los requisitos que manda la ley y debe ejecutar la Superintendencia de Bancos.
“Lo primero que hay que hacer es dejar claro quiénes son los socios de ese banco, y la procedencia de los fondos con que se constituyó el BanCorp. Eso lo debe de haber constatado la Siboif, para garantizar la transparencia en el origen y uso de los fondos”, dice la especialista que conoce los acuerdos entre la cooperación venezolana y el régimen de Ortega.
“Hay que diferenciar entre la fuente del capital constitutivo, que se constituye con el patrimonio de los accionistas del banco; y la fuente de los depósitos en el banco, que conforman los pasivos del banco con sus cuentahabientes”, añade.
“BanCorp como cualquier otro banco, tiene la obligación de cumplir con la normativa de la Siboif, que debe garantizar que el banco haya realizado las debidas diligencias, para asegurar que el origen y la trazabilidad de los fondos que recibió o aún recibe en calidad de depósitos, cumplieron y están cumpliendo con el proceso establecido para detectar operaciones sospechosas relacionadas con la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y tráfico de armas”, alerta.
Por la forma en que se hizo la compra, el economista Sáenz advierte que Ortega está repitiendo la historia al hacer lo mismo que el ahora expresidente liberal Arnoldo Alemán, al emitir bonos para rescatar a un banco quebrado; en este caso, no por mal manejo ni falta de liquidez, sino porque al ser parte del esquema PdVsa – Albanisa, se convierte en un activo tóxico con el que nadie quiere relacionarse ni ser relacionado.
“Si ese banco está en quiebra, ¿vamos a ver nuevos Ceni (Certificados Negociables de Inversión) para pagar la quiebra de ese banco? ¿Estamos a la puerta de un cenitazo de Ortega?”, cuestiona Sáenz.
C$ 743.1 millones
equivalentes a 22.8 millones de dólares, es el precio en que Daniel Ortega ordenó la compra del BanCorp, al Estado de Nicaragua.
USD 2500 millones
es el fideicomiso que Caruna encomendó al BanCorp. “El piso del capital de Ortega y compañía”, asegura el economista Enrique Sáenz.
USD 2680 millones
de dólares sumó el valor de ese fideicomiso al 31 de diciembre de 2018. Un crecimiento de más del 9% desde octubre de 2017 (catorce meses).
USD 671 millones
de dólares destinó el BanCorp en préstamos al sector eléctrico, principalmente para las generadoras de Albanisa, según registros bancarios.
