8 de julio 2021
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Nicaragua obtuvo 54.4 puntos de 100 posibles, según el Informe Doing Business 2020, publicado en el sitio web del Banco Mundial. Ello lo califica como el tercer peor país de América Latina para hacer negocios, ocupando la posición número 142 (de entre 190 economías evaluadas en todo el planeta), en medio de Tanzania (141) y Líbano (143).
Ser el tercer peor de Latinoamérica es posible porque Bolivia ocupa la posición 150, y Venezuela (que es el antepenúltimo lugar del mundo), ocupa el peldaño 188, escoltando a los africanos Eritrea (189) y Somalia (190). Nuestro lugar en el ranking apenas cambió, al desmejorar 0.1 puntos porcentuales, con respecto al Doing Business 2019.
“La diferencia entre la puntuación de una economía en cualquier año anterior y su puntuación en Doing Business 2020, ilustra hasta qué punto la economía ha cambiado en su entorno regulatorio empresarial a lo largo del tiempo. En un año dado, la puntuación mide qué tan cerca está una economía del mejor desempeño regulatorio en ese momento”, detalla el documento.
Para elaborar el ranking, se comparan diez parámetros: Apertura de un negocio; Manejo de permisos de construcción; Obtención de electricidad; Registro de propiedades; Obtención de crédito; Protección de inversionistas minoritarios; Pago de impuestos; Comercio transfronterizo; Cumplimiento de contratos; y Resolución de la insolvencia, además de la ‘contratación de trabajadores’, aunque sus resultados no se incluyen en las clasificaciones.
Nueva Zelanda, Singapur y Hong Kong, son los lugares que ofrecen más facilidades para hacer negocios en el mundo. Chile (59) México (60) y Puerto Rico (65), son los tres países mejor clasificados en América Latina.
Este tipo de informes, permite a las autoridades de un país, así como a las cámaras y gremios empresariales, vislumbrar las fortalezas del sistema en cada uno de los campos evaluados, a la vez que les permite enfocarse en aquellos que requieren mejorar para facilitar el crecimiento del ecosistema empresarial.
“Los entornos favorables para la actividad comercial están vinculados con menores niveles de pobreza. La eficacia normativa puede estimular la capacidad empresarial, las empresas emergentes, la innovación, el acceso al crédito y la inversión. El estudio es el número 17 de una serie anual en la que se evalúan las reglamentaciones que mejoran o restringen la actividad de las pequeñas y medianas empresas”, dijo el Banco en un comunicado.
“Los Gobiernos pueden fomentar el desarrollo del mercado y su crecimiento amplio mediante la creación de reglas que ayuden a las empresas a ponerse en marcha, contratar personal y expandirse”, indicó en ese mismo documento, el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass.
“La eliminación de los obstáculos a los que se enfrentan los empresarios permite generar mejores empleos, incrementar la recaudación tributaria y los ingresos, todo lo cual es necesario para reducir la pobreza y elevar el nivel de vida”, complementó.
