Economía

Ocultan montos a pagar por expropiaciones canaleras

Establecen el total de hectáreas a expropiar al amparo de la Ley 840, pero quitan de documentos oficial los montos que pagarían

Un nuevo acuerdo suscrito entre el gobierno del comandante Daniel Ortega y la concesionaria del Canal Interoceánico, HKND, sobre las expropiaciones al amparo de la ley 840 fue anexado al Estudio de Impacto Ambiental y Social (ESIA), realizado por la firma británica Environmental Resources Management (ERM), y contiene los montos específicos a pagar en concepto de indemnización a los afectados, sin embargo, dichas cifras fueron borradas.

El acuerdo fue suscrito por Paul Oquist, secretario ejecutivo de la Comisión del Gran Canal, y el empresario chino Wang Jing, presidente de HKND, el 17 de diciembre de 2014. El documento habla de un monto ya acordado para el total de las indemnizaciones, incluyendo el arriendo para tierras indígenas, pero dicho monto fue borrado.

“El gobierno ha confirmado que la propiedad requerida situada dentro la Región Autónoma se alquilará a un precio unitario de (espacio en blanco) de dólares estadounidenses por hectárea (10, 000 metros cuadrados) por año de la concesión”, se lee, por ejemplo, en el acuerdo.
El monto estimado pero que ha sido borrado, según el documento oficial, corresponde al total de las expropiaciones por el Canal y los Subproyectos.

Esta misma semana HKND informó que las obras del Canal se retrasarían un año más. El inicio de la construcción del proyecto arrancará a finales de 2016, dos años después que el empresario Wang Jing inaugurara con pompa en las costas de Brito, en Rivas, el “inicio de las obras”, el 22 de diciembre de 2014.

Los campesinos del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra Lago y Soberanía aseguraron desde El Tule, Río San Juan, donde se encontraban reunidos el pasado viernes, que el retraso de las obras corresponde a una medida electoral del gobierno del Comandante Daniel Ortega. Según ellos, se quiere enviar un mensaje de que en 2016 no habrá expropiaciones de tierras, hasta después de las elecciones de noviembre.

“Nosotros como Consejo hemos determinado que eso se debe al año electoral de 2016. Ese es una de las apreciaciones que tenemos para que este gobierno no quiera más marchas de protesta”, dijo Octavio Ortega, coordinador del movimiento campesino. “De manera estratégica lo que hace es decir que atrasa la construcción, y ahorita quiénes estamos en la peregrinación de El Tule, opinamos que el gobierno quiere desmovilizarnos para no seguir marchando”, especificó.

El vocero del proyecto canalero, el ingeniero Telémaco Talavera, aseguró que el retraso anunciado por HKND atañe solo “a las obras principales que son la construcción de las esclusas y el dragado”.

“El Canal está avanzando. Lo que es el puerto de desembarque en Brito se mantiene. Todo el resto de obras sigue avanzando: los almacenes de combustible, es decir todas las condiciones para poder iniciar las obras principales”, sostuvo Talavera a Confidencial. De acuerdo al vocero canalero, a inicios de 2016 arrancará la construcción del puerto en Brito, donde lo único construido en esa zona es la misma trocha que Wang Jing inauguró.

Talavera descartó que no hay nada “estratégico” respecto al año electoral en el atraso anunciado por la concesionaria. Además, agregó que por el “financiamiento” de la obra “no hay ningún retraso”. “Los tiempos que está tomando son los tiempos técnicos que los especialistas indican”, dijo el vocero sin identificar a los inversores.

Mismo esquema de expropiaciones

El economista Adolfo Acevedo señaló que el nuevo acuerdo adherido al ESIA reafirma que no hay cambios a la ley 840 en cuanto a indemnizaciones. “Reafirma que se puede expropiar donde el concesionario quiera (artículo 2.5 b), y que la expropiación no implica que se vaya a hacer cualquier proyecto o sub-proyecto artículo 2.7 c)”, agregó.

El documento expone, en el caso de las tierras indígenas Rama-Kriol, que serán “alquiladas” 21, 627.99 manzanas. Y el área total del mar de la misma comunidad es de 21, 883 manzanas. Acevedo añadió que en el acuerdo no aparecen “los montos pactados por departamento”.

El acuerdo también se refiere al tema del reasentamiento y deja claro que “el gobierno es responsable de todas y cada una de las reubicaciones, reasentamientos y acciones relacionadas que puedan ser necesarias para las personas (naturales o de cualquier índole)”.

El documento deslinda cualquier responsabilidad del concesionario. Establece “que ni el concesionario ni el patrocinador ni ninguna otra persona en su nombre (aparte del gobierno), deberá tener ninguna obligación (financiera o de otro tipo) más que la indemnización por expropiación (y la renta anual con respecto a cualquier propiedad temporal)”, se lee textual.


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