9 de mayo 2020
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Los malos resultados que obtuvo Nicaragua por tercera medición consecutiva, en el Índice de Presupuesto Abierto, que elabora la Asociación Presupuestaria Internacional (IBP, por sus siglas en inglés), se suman a las objeciones internacionales para facilitar recursos al Gobierno nacional, incluso cuando se pide para enfrentar la pandemia causada por el virus SARS-CoV2.
El año 2006 fue la primera vez que se incluyó a Nicaragua en esta encuesta. Desde entonces, la calificación más alta alcanzada fue de 45 puntos, en 2015. En 2017 se redujo a 43 puntos, y a 41 en este 2019, con lo que el país se ubicó en la posición número 66 de entre 117 países evaluados.
“Esta situación está presionando la posibilidad de conseguir recursos para enfrentar la pandemia de covid-19”, dijo Dayra Valle, una de los dos investigadores que prepararon la parte del informe global referente a Nicaragua.
“Los organismos internacionales, países prestatarios o donantes, observan y ponen mucha atención a este tipo de índice, porque les da una idea de qué tan transparente pueden ser este Gobierno para manejar los recursos” que están solicitando, observó la experta.
Explica que se supone que los recursos provenientes de esas donaciones o esos préstamos, “serían destinados a enfrentar la emergencia, pero dada la poca transparencia, no les da confianza para determinar si realmente se le daría un buen uso a los recursos” que la comunidad internacional pudiera destinar para ayudar a Nicaragua.
“El Índice se vuelve relevante, porque puede dar una idea de cómo los gobiernos manejan sus recursos presupuestarios, y en esta crisis, el manejo eficiente de los recursos, es una necesidad”, añadió.
“Muchos países están solicitando recursos a la cooperación internacional y organismos donantes, llámese BID, Banco Mundial y otros, pero todos ellos van a observar con mucha atención, los antecedentes del Gobierno en el manejo de recursos. Haber alcanzado una nota tan baja, puede poner en peligro la cooperación que pueda recibir Nicaragua”, redondeó.
“Si pensamos que esos organismos van a dar recursos para que enfrentemos la crisis, pero los entes de fiscalización (Asamblea Nacional, Contraloría General de la República), no hacen correctamente su trabajo, podemos estar ante posibles situaciones de malversación de recursos públicos, donde los entes de fiscalización dejen pasar este tipo de irregularidades”, advirtió.
Ese riesgo es especialmente relevante en medio de una crisis como la actual donde “las necesidades son muchas y los recursos son escasos, porque no solo Nicaragua está pidiendo ayuda, por lo que se necesitará hacer un uso más eficiente de los recursos”, enfatizó.
Valle propugnó por “abrir los presupuestos, y mostrar exactamente qué se hace con los pocos recursos que se posee. En contextos de crisis como esta, es relevante que la ciudadanía conozca cuántos recursos tenemos, y qué estamos priorizando, para ver si se hace un uso correcto de los recursos para enfrentar una necesidad colectiva como la que genera la pandemia”.
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Muy deficiente y aplazado
El economista Leonardo Labarca es el otro investigador que participó en la elaboración del reporte para Nicaragua. Desde esa perspectiva, explica que “la encuesta trata de medir los tres componentes del sistema de rendición de cuentas de un país”, referidos al presupuesto nacional.
En el acápite de Transparencia, el Índice de Presupuesto Abierto otorga al país solo 41 puntos de 100 posibles por varios factores, entre los cuales destaca el incumplimiento en los tiempos de publicación del Presupuesto General de la República.
“En los últimos años, se ha venido publicando fuera de lo que permite la metodología de la encuesta, que son tres meses después de haberse aprobado: si el proyecto de Presupuesto se aprueba el 6 de diciembre de un año, se tendría que estar publicando no más allá de tres meses después, pero vemos que se publica hasta dos semanas después de vencido ese plazo”, detalló.
El siguiente índice es el de Participación Pública, donde se obtienen solo 7 de 100 puntos, “porque no hay evidencia de que a la población se le brinden oportunidades para participar de las cuatro fases del ciclo presupuestario”, dijo Labarca.
El tercero (59 de 100 puntos posibles), mide los niveles de Vigilancia del Presupuesto, y se refiere a la fortaleza que tienen entidades como la Asamblea Nacional, y la Contraloría General de la República, que demuestran tener una supervisión limitada del Presupuesto: mientras a la Asamblea se le calificó con 61 puntos, la Contraloría obtuvo solo 57.
“Sabemos que la vigilancia es muy limitada, ya que la información que brindan la Asamblea y la Contraloría es muy poca, porque ambas están controladas por el Poder Ejecutivo”, dijo el experto, explicando que se está haciendo un “llamado a la acción”, para que los gobiernos aumenten el nivel de información que comparten con los gobernados.
“Este ‘llamado a la acción’ es para que los gobiernos abran sus presupuestos, ahora más que nunca, que hay pocos recursos y estamos frente a una crisis económica mundial, no solo nacional, y necesitamos colocar de manera adecuada y eficiente los pocos recursos que tenemos, para salvar vidas”, dijo Valle.
