30 de octubre 2020
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La Asamblea Nacional aprobó este jueves una Ley Especial, enviada con trámite de urgencia por el presidente Daniel Ortega, para el desarrollo del proyecto ‘Central Puerto Sandino’, para la generación de energía eléctrica a base de gas natural, otorgando una mega exoneración fiscal a la empresa NFE Nicaragua Development Partners LLC Sucursal Nicaragua para generar 300 Mw de electricidad
Mientras el Gobierno promueve una campaña de terrorismo fiscal contra las empresas, la ley le otorga beneficios fiscales extraordinarios a la sucursal de New Fortress Energy, la compañía estadounidense que en febrero pasado anunció la firma de un contrato con Disnorte – Dissur para construir una planta térmica a gas con una inversión de 700 millones de dólares. Las exoneraciones incluyen los impuestos de importación; el impuesto sobre la renta, el pago de beneficios, los tributos municipales, y hasta el pago de timbres fiscales.
Por su parte, New Fortress Energy reconoció públicamente que puede verse afectada por las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos, en contra de empresas nicaragüenses ligadas a Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa.
Los vínculos entre Disnorte-Dissur con Albanisa, y la incógnita sobre el verdadero dueño mayoritario de Disnorte-Dissur, que según fuentes del sector eléctrico está controlada por Albanisa, “exponen a New Fortress Energy a un mayor riesgo regulatorio y posibles sanciones de la OFAC”, asegura The Capitol Forum, un medio norteamericano especializado en el análisis legal de inversiones y competencia.
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El anuncio oficial de febrero pasado informó que New Fortress Energy construiría una planta eléctrica a base de gas natural, a partir de 2021, y que vendería a 110 dólares el megavatio hora, un precio que los expertos consideran “demasiado caro”.
Otra Ley al estilo Wang Jing
“No hay ninguna justificación para crear una ley especial para este proyecto, salvo que el inversionista esté pidiendo garantías que el Gobierno no puede dar, y las esté otorgando por medio de una ley. Lo que veo es una tremenda desconfianza en este Gobierno”, opina el abogado César Aróstegui, experto en legislación energética.
“Las exoneraciones de impuestos son totales, de todo tipo de impuestos, incluyendo el IBI, que lo colectan las alcaldías. También se ofrece una exoneración total a la importación, lo que ya otorgan las leyes vigentes. Se les exonera el pago del DAI, ISC, IVA, al gas natural, a la maquinaria, pero todo eso ya está contemplado en la ley ordinaria. No veo razón para una ley especial”, insistió.
Aróstegui observa que “legislan para otorgar exoneraciones de forma individual, a una persona jurídica específica, pero cuando se legisla es para todos, no para una solo. Las leyes tienen que ser de carácter general, no para otorgar privilegios a una persona, porque eso lesiona a quienes puedan tener interés similar”.
“Discrimina al resto de inversionistas nacionales o extranjeros. A nadie se le había dado ese trato, excepto a Wang Jing, con la concesión canalera. Incluso, mandata a instituciones oficiales a actuar de determinada manera en beneficio del inversionista extranjero”, reiteró.
NFE y el temor a las sanciones
El proyecto, que se anunció en febrero, sigue así adelante, a pesar de los riesgos técnicos, financieros y legales que implica, especialmente ante la posibilidad de que la administración estadounidense sancione a la empresa, si comprueba que tiene relaciones con cualquier entidad previamente sancionada, como Alba de Nicaragua S.A., presunta dueña de Disnorte - Dissur.
El contrato de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) firmado en febrero, tiene como signatarios a Disnorte – Dissur, y a la estadounidense New Fortress Energy (NFE), para construir la central energética en Puerto Sandino a un costo de 700 millones de dólares, con un plazo de un año para ponerla en operación, después de conseguir los permisos de construcción.
El proyecto generó muchas dudas desde el inicio, no solo en cuanto al costo señalado, y al posible costo de venta del megavatio hora generado, sino también al origen de la fortuna requerida para echar a andar el proyecto, y por la necesidad real de inyectar 300 megavatios a un mercado que no está creciendo.
Las sanciones estadounidenses en contra de las empresas en Nicaragua, ligadas a Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), que están en control de la familia Ortega - Murillo, introdujeron un nuevo elemento de incertidumbre, como lo reconoció la propia NFE, empresa que cotiza en bolsa, en un reporte enviado a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
En ese reporte, la empresa detalló al público -pero en especial a sus accionistas- cómo “en 2018, 2019 y principios de 2020, las autoridades gubernamentales de Estados Unidos y Europa impusieron una serie de sanciones contra entidades y personas en, o asociadas con, el gobierno de Nicaragua y Venezuela”.
Reconociendo que alguna de sus contrapartes (Disnorte – Dissur, si se confirma que su verdadero dueño es la sancionada Albanisa) puede recibir “sanciones como resultado de estas leyes… podemos enfrentar una serie de problemas”, advierte el informe.
Se refiere a la posibilidad de “tener que suspender nuestro desarrollo u operaciones de manera temporal o permanente; no poder recuperar el tiempo y el capital invertidos anteriormente o estar sujeto a demandas, investigaciones o procedimientos regulatorios que podrían llevar mucho tiempo y ser costosos de responder, y podrían dar lugar a multas o sanciones penales o civiles”.
Una fuente del sector eléctrico nicaragüense, que habló con Daniel Sherwood, de The Capitol Forum a condición de mantenerse en el anonimato, señaló que existe un riesgo económico, porque “la empresa de distribución está en incumplimiento de pago con sus proveedores de electricidad y está renegociando contratos con operadores privados”, dijo la publicación.
¿Por qué trámite de urgencia?
Patricia Rodríguez, experta en temas de energía, señala que el texto dice que se plantea este proyecto “para satisfacer la demanda de energía y para que no haya déficits, pero 300 Mw es innecesario, y tampoco se necesita para satisfacer la demanda de energía, porque no solo no ha tenido crecimiento, sino que ha disminuido: la demanda en 2020 es menor que la del año pasado”, reseñó.
La ley especifica que una de las obligaciones del inversionista es demostrar que tiene experiencia en este proyecto, “pero ya se le dio una licencia provisional, que no es necesaria porque se da para estimar el potencial de un recurso, generalmente renovable, pero este gas se va a importar”, recordó.
“¿Por qué trámite de urgencia? ¿Qué es tan urgente, si es una planta que no necesitamos, y se construye en tres años, pero ni en tres años la vamos a necesitar, siendo que el mismo plan de expansión del Ministerio de Energía y Minas la incluyó para 2026?”, cuestionó Rodríguez.
La conexión Pdvsa-Albanisa-Disnorte-Dissur
“No está tan claro, pero cualquier entidad estadounidense interesada en hacer negocios con Disnorte - Dissur tendría que examinar detenidamente” que la empresa distribuidora no estaba involucrada con, o recibiendo un beneficio claro de, una empresa sancionada por la OFAC, dijo a The Capitol Forum, el abogado corporativo Carlton Greene, exdirector asistente de amenazas transnacionales de la OFAC.
“Por lo general, está prohibido proporcionar -o recibir- bienes o servicios directa o indirectamente, a una entidad sancionada. Si Albanisa suministró equipo al proyecto de New Fortress, por ejemplo, eso se aplicaría a esta disposición”, añadió.
Reconociendo que es difícil medir el riesgo de contagio para New Fortress Energy al relacionarse con Disnorte - Dissur, porque no se sabe quién es su dueño mayoritario, la empresa inversionista “debe ser consciente de quiénes exactamente se benefician de su contrato con la entidad”, enfatizó The Capitol Forum, después de entrevistar a varios expertos legales.
Uno de ellos es Benjamin Hutten, abogado de la firma Buckley LLP, quien dijo que, ignorar quién compró las acciones de la distribuidora a su antiguo dueño TMI, además del hecho de que podría estar siendo manejada por una entidad señalada por la OFAC, hace que sea “difícil entender cómo una entidad estadounidense se sentiría cómoda” tratando con ellos.
“Se necesitaría mucha labor, con documentos e información de apoyo, y una amplia supervisión y control sobre el negocio de NFE con Disnorte – Dissur” para estar seguros que están cumpliendo las reglas de la OFAC, concluyó.
Su colega, Greene, dijo que “si usted tiene un gran contrato con Disnorte - Dissur y no tiene claro quién es el propietario, tendría que hacer un montón de trabajo para garantizar” que no está incumpliendo las reglas.
“La OFAC probablemente consideraría diligencia insuficiente si la compañía ignora quién es el dueño de Disnorte - Dissur y podría penalizar a NFE si el propietario resultara ser una entidad sancionada. Las sanciones son un delito de responsabilidad estricta, por lo que la OFAC no tendría que demostrar intención [de quebrantar la Ley], para aplicar una sanción”, dijo Greene.
Matthew Tuchband, exconsejero jefe adjunto del Tesoro de la OFAC, coincide en que New Fortress Energy debería identificar a sus socios comerciales.
“Si Disnorte - Dissur realmente está bloqueado en función de su propiedad, y una compañía estadounidense le dice a OFAC: ‘No sabía quién era el propietario’, eso se vería muy mal”, sobre todo teniendo en cuenta que todos saben que Albanisa es una entidad bloqueada y que puede tener estrechos lazos con Disnorte - Dissur. “No hacer una debida diligencia adecuada, podría ser un factor agravante significativo”, aseguró.
“En tal situación –dijo Tuchband- sugeriría encarecidamente que la compañía insista en obtener información precisa sobre la propiedad de Disnorte - Dissur. Como alternativa, la empresa podría buscar orientación de la OFAC, pero esta espera en primera instancia, que las empresas hagan su trabajo y eviten situaciones en las que exista un riesgo significativo de violación de las sanciones”.
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