10 de agosto 2018
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El Gobierno del comandante Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional “con carácter de urgencia” una iniciativa de Ley para modificar el Presupuesto General de la República 2018, en la que se recortan en 7,462.3 millones de córdobas (9.2% del total y 1.7% del PIB), los ingresos esperados para el presente año.
De paso, se busca autorización para emitir bonos por 9,035.6 millones (280 millones de dólares) “para compensar en parte la caída de los ingresos de recaudación”, a la vez que se crea un ‘Comité de Estabilidad Financiera’, con autoridad para emitir ‘Bonos de Estabilidad Financiera’, denominados en dólares, pero pagaderos en córdobas a 25 años de plazo.
Siempre en línea con su discurso victimista, la exposición de motivos asegura que la necesidad de realizar ‘ajustes’ en el presupuesto, es “el fallido intento de golpe de Estado que conllevó las acciones de violencia, desestabilización y actos terroristas… y su impacto negativo en nuestras actividades económicas y en la recaudación tributaria”.
Dadas las afectaciones de la Rebelión de abril sobre actividades como el comercio, servicios, turismo y hotelería, el Ejecutivo se vio obligado a calcular las proyecciones de crecimiento para el presente año, que ahora pasa del 4.9% previsto inicialmente, a un optimista 1.0% que estaría acompañado por una inflación de 6.8%.
El descenso en los ingresos se explica con el comportamiento de las recaudaciones de la Dirección General de Ingresos, que crecían 102.8% en promedio hasta el mes de marzo, para descender a 93.0% entre abril y mayo, y a 74.1% en junio con relación a lo programado, por lo que se calcula que la DGI recaudará 5,034.9 millones menos de lo esperado.
A la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), se le calcula un descenso de 2,732.2 millones de córdobas, producto de la caída de 7.3% en las importaciones de bienes de uso y consumo, bienes intermedios, y de capital.
La iniciativa de ley reconoce la reducción de recursos provenientes de fuentes externas (préstamos y donaciones), que se atribuyen a atrasos en la ejecución de los proyectos, como consecuencia de la sensación de inseguridad que aún permanece en el país, y se indica que “se hacen ajustes” (disminuciones) de las asignaciones presupuestarias que tienen mandato constitucional, como las que se otorgan a los municipios, o las universidades.
También se redujeron los fondos destinados a la Policía Nacional, por un monto total de 58.5 millones de córdobas, de los que 4 millones provenían de rentas del Tesoro, mientras que los 54.5 millones restantes, eran préstamos del BCIE.
En el otro plato de la balanza, se asignan recursos adicionales a Petronic; al Ministerio de Defensa, (destinado al Ejército); a Gobernación (para comprar 850,000 libretas de pasaportes); al Consejo Supremo Electoral, la DGI y a PRONicaragua, a la vez que se asignan 13 millones de córdobas adicionales a la presidencia de la República para construir un CDI en San José de Cusmapa, Madriz.
El proyecto de ley destina 5,126.4 millones para abonar de un solo, 16 cuotas anuales de la deuda del Estado con el INSS, y 402.9 millones de córdobas para pagar las pensiones atrasadas de 2016, 16 y 17.
