19 de septiembre 2022
AA
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo está creando, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), media docena de empresas para intermediar la extracción de oro al amparo de la recientemente reformada Ley 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, que le permitiría burlar las sanciones estadounidenses contra la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), además de cobrar a las cooperativas artesanales el 5% de los ingresos que obtengan.
El pasado 10 de enero, el Departamento del Tesoro de EE. UU., sancionó al presidente de la Junta Directiva de Eniminas, general de división en retiro, Ramón Humberto Calderón Vindell, lo que obligó, seis semanas después, a hacer varios cambios en la directiva de la empresa estatal, incluyendo la sustitución del exmilitar por el exgerente Ruy Delgado López, que sería sancionado (tanto él, como la empresa), cuatro meses después.
“Esto es una evidencia más de que el régimen está tratando de monopolizar y controlar toda la cadena de valor del oro, lo que implica quererse adueñar del negocio de comercialización del metal, sobre todo del que procede de la minería artesanal de pequeña escala (MAPE), valora Amaru Ruiz, ambientalista y presidente de la ilegalizada y expropiada Fundación del Río.
Al añadir un nuevo elemento a la cadena de valor del oro, lo que están haciendo es “crear más intermediarios, pero no sabemos quiénes son”, porque “apenas están comenzando a intermediar, pero todos decimos que son de personas afines al Gobierno”, dijo el ejecutivo de una entidad que presta servicio a las empresas del sector.
Esta fuente recordó que “antes, había que operar a través de Eniminas, pero ahora es con estas seis empresas”. Agregó que “cuando se creó la ley de Eniminas, se le entregaron las áreas de reservas mineras, así que antes de pedírselas al MEM, había que ir a Eniminas a solicitar la no objeción, pagándoles un porcentaje para ellos, si el área entraba en operación.
5% de comisión por un servicio que nadie ha pedido
Eso cambió cuando Estados Unidos sancionó al ministro, y luego a su sustituto: la dictadura se vio obligada a cancelar las áreas que habían sido entregadas “a dos o tres empresas”, y se transfirió al MEM la potestad de autorizar a entidades privadas para que entren como intermediarias, lo que afecta en primer lugar a los mineros artesanales, que “tendrán que operar a través de esas empresas, que cobrará 5% por sus servicios”.
Un líder cooperativo que también habló desde el anonimato, confirmó la creación de empresas por parte del Gobierno, “para meter ellos directamente la broza que viene de San Carlos, Rancho Grande y San Ramón”, excluyendo a las cooperativas de La Libertad y Santo Domingo, que les ayudaban a vender su broza a los planteles industriales que operan en ese distrito minero.
La empresa designada a operar en esa zona chontaleña hará el enlace para que todas las brozas de San Carlos, Rancho Grande y San Ramón, lleguen a La Libertad sin tener que pasar por las cooperativas de ese municipio, o de Santo Domingo. “El 5% que les quitan a las cooperativas, le va a quedar a esa empresa que están creando para manejar las brozas ajenas”, confirmó.
“Los mineros artesanales tienen cero regulación y cero supervisión. El Gobierno no tiene capacidad para regularlos; por eso crean estas empresas, pero no hay duda que ellos obtienen ganancias en el proceso. Sería interesante averiguar qué intereses hay detrás de eso”, dijo a CONFIDENCIAL una profesional que presta servicios a una empresa que también es parte del sector minero nicaragüense.
Buscan legitimar lo injustificable
La implementación de un esquema de empresas intermediarias busca, además, “tratar de legalizar el proceso de extracción de las MAPE, sobre todo, por los cuestionamientos de falta de sostenibilidad de esa actividad que se ha desarrollado de manera ilegal en diferentes territorios”, incluyendo reservas de biosfera, reservas biológicas, áreas protegidas y territorios indígenas, detalló Ruiz.
El ambientalista recordó que esa actividad ha sido cuestionada por “la contaminación, el uso de mercurio, las condiciones de inseguridad en que laboran, y el trabajo infantil. Tratan de darle una cierta ‘legalidad’ acaparando el sector, para ser ellos quienes vendan esos recursos mineros a los planteles industriales, o exportarlos directamente”, añadió.
Ruiz cree que el “intento de controlar ese mercado”, moverá a las cooperativas afectadas a denunciar a estos intermediarios…. pues el oficialismo, a través de estas empresas –donde están combinados Estado, familia y partido– adquirirá mayor capacidad de control y de generación de ingresos, a través de la comercialización del oro.
Consideró que “crear estas empresas no asegura que corrijan los procesos de extracción del material, ni que se vayan a preocupar por los temas laborales, de seguridad, o de protección al medioambiente”, entre otros. En vez de eso, vaticina que aumentará la actividad de los mineros artesanales y de pequeña escala “en áreas protegidas, en territorios indígenas, y en zonas donde no hay permiso para seguir ampliando esta actividad”, reiteró.
