30 de noviembre 2018
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La crisis económica que azota al país, como consecuencia de la crisis política del régimen, ha dejado un ganador neto: las compañías petroleras que se han embolsado unos 7.7 millones de dólares en ganancias, como resultado de una política de colusión de precios de los combustibles y control ventajoso del mercado de importación de hidrocarburos.
A pesar de que el precio internacional del petróleo ha bajado en más de 18 dólares por barril, desde abril pasado las petroleras no han bajado de forma proporcional los precios de los combustibles, sino que los han mantenido estables —incluso en dos periodos los han congelado—. Las petroleras obtuvieron una ganancia de tres millones de dólares entre el primero y 21 de noviembre; entre el ocho y el 31 octubre se embolsaron 2.7 millones de dólares, y entre el 13 de mayo y el 19 de agosto, “más un periodo de septiembre”, obtuvieron dos millones de dólares, según el experto en hidrocarburos, César Arévalo Peugnet, que hizo sus cálculos conforme el volumen de ventas promedio de enero a septiembre.
Congelan precios de los combustibles
Para el especialista, las petroleras fijaron los precios para compensar una baja en el volumen de ventas y mantener sus “altos márgenes de comercialización”, que hacen que Nicaragua tenga los mayores precios de venta, antes de impuesto, de Centroamérica.
“En 2018, debido a la situación socioeconómica, en donde se estima que el PIB caerá 4.0%, el volumen de ventas de gasolinas y diésel a septiembre se redujo en un 6.1% y se estima una baja anual de 5.2% respecto 2017”, dijo Arévalo, quien añadió que para “compensar” esa reducción “las petroleras se han quedado con la mayoría de las bajas de precios internacionales”.
El barril de petróleo de Texas o WTI (de referencia para Nicaragua) se cotizó el 18 abril pasado a 68.47 dólares, que se ha venido disminuyendo hasta los 50.42 dólares, del viernes pasado.
De la semana del 18 de junio al 13 de agosto —en los meses de mayor represión gubernamental—, los precios de los combustibles se mantuvieron invariables: 33.75 córdobas por litro de gasolina súper; 33.10 córdobas, en el caso de la gasolina regular, y 28.95 córdobas por litro de diésel, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Luego, ese mismo fenómeno se repitió entre la semana del ocho de octubre al cinco de noviembre: 35.67 córdobas por el litro de gasolina súper; 34.38 córdobas para la gasolina regular, y 32.11 córdobas por el diésel.
Durante el primer periodo de congelamiento de precios, el precio internacional del petróleo fluctuó entre los 65 y 70 dólares por barril.
La mayor ganancia la obtuvieron en el segundo periodo de fijación de precios (entre el ocho de octubre y el cinco de noviembre), ya que el precio internacional del petróleo bajó de 74.29 a 63.10 dólares por barril, lo que les dejó unos 5.4 millones de dólares.
“Un centavo de dólar por galón que el precio de venta baje de menos o suba de más en cada producto no es recuperable para los consumidores porque los cambios de precios son entre promedios semanales”, comentó Arévalo, y agregó que “la política de cambios de precios de ventas semanales es aplicada a conveniencia por las petroleras, sin dar explicaciones. La mayoría de las veces los cambios de precios de venta no se ajustan a los cambios de precios internacionales de las gasolinas y diésel”.
Control del mercado
Más del 65% del mercado de los combustibles en Nicaragua está dominado por dos empresas: Puma Energy y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP). Estas compañías son las únicas con facilidades de importación de gasolinas y diésel, además disponen de redes de estaciones de servicio y distribución directa a nivel nacional, según el experto.
La DNP Petronic ha sido vinculada al control empresarial de la familia presidencial y según investigaciones de medios locales fue financiada en 2009 con fondos de Albanisa y Alba Caruna. Hasta agosto pasado, la directora ejecutiva de la compañía era Yadira Leets Marín, esposa de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el cargo está ahora Aníbal López Tórrez.
“Esta concentración y poder de mercado significa que el precio interno de los combustibles no se determina en un mercado competitivo. Por el contrario, estas empresas (Puma y DNP) tienen el suficiente poder de mercado para fijar los precios y el poder de los consumidores es muy bajo o inexistente, sobretodo en el segmento de las estaciones de servicios, pues el sector industrial tiene cierto poder de compra, según el volumen de consumo total”, explicó Arévalo.
Beneficios del régimen
Otro experto, que solicitó el anonimato por temor a represalias, comentó que el régimen orteguista se beneficia con esta situación, ya que obtiene ingresos por tres diferentes vías: en la distribución, ya que la DNP cobra un porcentaje como distribuidor único sobre el 100% de combustibles importados, tanto crudo como producto terminado. El monto de lo obtenido se desconoce.
La segunda vía es el Impuesto Específico Conglobado a los Combustibles (IECC) y la última son las ganancias de las estaciones de servicio DNP Petronic, que rondan los 50 millones de dólares anuales.
“Creemos que el Gobierno tomó la medida de congelamiento, por los problemas financieros que enfrenta”, resaltó el experto, quien señaló que el Estado busca “compensar” la caída en la importación de Venezuela, una baja en la recaudación del IECC y un “desplome” en las ventas de la DNP Petronic”.
Pequeño cartel
Sin embargo, el Gobierno no podría actuar solo y necesita de la colaboración de los actores: Puma Energy y UNO.
“Las petroleras juegan como un cartel de facto, que fijan los precios”, y el congelamiento de los precios es una “muestra” de la “colusión entre ellos”, según el experto, que pidió el anonimato.
“La falta de transparencia (en la estructura de precios al consumidor) deja muchas brechas de regulación, lo que le permite a la industria sacar márgenes muy altos, que quedan suelto”, resaltó la fuente.
Detalló que la estructura de precios establece unos costos fijos como: el IECC, que equivale a 0.15 o 0.18 dólar por litro; el margen promedio de la estación de servicio, que es de 50 centavos por litro; y el costo del combustible.
Sin embargo, quedan en el aire el margen de ganancia de las petroleras y la importadora, que en este caso solo son DNP y Puma.
La fuente ejemplificó que en el caso de un litro de diésel que cuesta 28.90 córdobas: 17.18 córdobas corresponden al valor del combustible; 4.64 córdobas por el IECC; y 0.50 córdobas para la estación de servicio, por lo que quedan seis córdobas libres, que no se sabe “cuánto es para la distribuidora e importadora”.
CONFIDENCIAL intentó, sin éxito, contactar con funcionarios de las petroleras en Nicaragua, pero en sus oficinas de comunicación no dieron respuesta a las solicitudes de entrevistas.
Falta un ente regulador
Marvin Pomares, director ejecutivo del Instituto Nicaragüense para la Defensa de los Consumidores (Indec), asegura que la existencia de un ente regulador evitaría que las petroleras “impongan” sus precios.
“Desde el año 2000 no hay un ente regulador, lo que perjudica al usuario del combustible, porque realmente no tiene defensa ante los aumentos de los combustibles”, dijo Pomares, quien enfatizó que Nicaragua tiene entes reguladores para otros sectores como la energía, el agua, la telefonía y el sector bancario.
Explicó que los incrementos en los combustibles afectan al sector selectivo de taxi y el transporte intermunicipal. Entre agosto y septiembre pasado, las cooperativas de transporte de algunos departamentos —Madriz, Nueva Segovia, Carazo, Rivas, Granada y Masaya—aumentaron los precios de los pasajes.
“El transporte de carga, que es el que mueve la comida en el área centroamericana, también es golpeado por los altos precios de los combustibles. Este sector pierde las licitaciones en la región, porque los nicaragüenses tienen que poner un margen más alto por el costo del diésel”, afirmó.
Para César Arévalo Peugnet, experto en hidrocarburos, los altos precios de los combustibles se trasladan al sistema de precios del país, afecta la competitividad de las empresas y obligará al “cierre de más empresas cuando estas ya no pueden ahorrar en otros costos para asumir los precios de los combustibles”.
