18 de noviembre 2021
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Las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra de la plana mayor de los funcionarios del régimen de Daniel Ortega en el sector eléctrico de Nicaragua alejarían la posibilidad de nuevas inversiones en el país y complicaría la estabilidad del sector, que ya arrastra diversas fallas y deficiencias, advierten analistas consultados por CONFIDENCIAL.
Este 15 de noviembre, Estados Unidos sancionó a nueve funcionarios orteguistas y una entidad, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell; el director del Instituto Nacional de Energía (INE), José Castañeda, y el gerente del Despacho de Carga de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica y de la distribuidora eléctrica, Rodolfo López.
“El sector eléctrico es de lo más relevantes en la economía de un país y de los que demanda mucha inversión. Esta inversión es el resultado de análisis en cuanto al riesgo país, el tiempo de inversión para recuperar el capital invertido y una serie de consideraciones, de las que dependen cuántas inversiones se hagan”, explicó un analista que solicitó omitir su identidad por temor a represalias del régimen, que amenaza, hostiga, persigue y encarcela a quienes no comulgan con el orteguismo.
Precisamente por su potencial, el régimen de Ortega “hincó el diente” en el sector eléctrico en Nicaragua, con la creación de Alba Generación, una empresa surgida del millonario acuerdo petrolero entre Nicaragua y Venezuela, que es controlada por personeros del orteguismo.
El negocio de la generación y distribución de la energía eléctrica en Nicaragua ha dejado cientos de millones de dólares al régimen de Daniel Ortega, a través de las plantas térmicas de Alba Generación, la rama del amplio conglomerado de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), con la cual controla alrededor del 50% del mercado de la generación energética., reveló una investigación de CONFIDENCIAL, publicada en noviembre de 2019.
- Lee la investigación: Alba Generación: el negocio voraz de Daniel Ortega
“Las sanciones alejan las posibilidades de inversiones y con el aumento del riesgo país, va a hacer que un posible inversionista esté bastante alerta y arisco, y esto se puede traducir en un probable bajón de la inversión y complicar la estabilidad del sistema eléctrico”, advierte el analista.
Uno de los programas en los que el régimen apuesta para atraer nuevas inversiones es el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables (PNSER), financiado con recursos de organismos multilaterales.
“Con esta ronda de sanciones se complica acceder a créditos internacionales. No olvidemos que Estados Unidos dijo que va a presionar con su voto en los organismos multilaterales. Muchas de las inversiones en energía eléctrica provienen de fondos de organismos multilaterales, mezclados con fondos de inversores privados”, explicó el analista.
“Estas sanciones son una luz roja al sector eléctrico internacional que invierten en campos como el eólico, biomasa, geotermia o en plantas gas, para aumentar la oferta en la medida que la demanda aumente", agregó.
El analista sostiene que “un país que está en la mira por ser presidido por un régimen acusado de ser un violador de derechos humanos, no es apto para un buen clima de inversión. Esto crea un ruido y obviamente los inversionistas están informados de esto y ahí toca tomar decisiones de inversión, que puede ser postergarlas o irse a otro país”.
New Fortress Energy preocupada por incertidumbre política y riesgo de sanciones
La principal inversión en el campo eléctrico promovida por el régimen está a cargo de la empresa estadounidense New Fortress Energy (NFE), con la que se firmó un acuerdo de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés), por 25 años por medio del cual se comprometía a construir una planta a gas, para generar hasta 300 megavatios de potencia.
En su reporte del tercer trimestre, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) New Fortress Energy establece que el inicio de operaciones de su planta de gas está previsto a comenzar en el primer trimestre de 2022. Sin embargo, en el mismo reporte, la empresa reconoce que su inversión puede verse afectada por la crisis sociopolítica y el cerco internacional, principalmente el de las sanciones de Estados Unidos.
"Nuestras actividades de desarrollo y operaciones futuras en Nicaragua pueden verse afectadas materialmente por incertidumbres políticas, económicas y de otro tipo. Nicaragua ha experimentado recientemente desafíos políticos y económicos. Específicamente, en 2018, se aprobó la legislación estadounidense para restringir la ayuda estadounidense a Nicaragua. En 2018, 2019 y 2020, las autoridades gubernamentales de EE. UU y Europa impusieron una serie de sanciones contra entidades e individuos en o asociados con el gobierno de Nicaragua y Venezuela", cita el reporte.
"Si alguna de nuestras contrapartes queda sujeta a sanciones como resultado de estas leyes y regulaciones, cambios a las mismas o de otro tipo, podemos enfrentar una variedad de problemas, que incluyen, entre otros: tener que suspender nuestro desarrollo u operaciones de manera temporal o permanente base, no poder recuperar el tiempo y capital invertidos anteriormente o estar sujeto a demandas, investigaciones o procedimientos regulatorios que podrían llevar mucho tiempo y ser costosos de responder y que podrían dar lugar a multas o sanciones penales o civiles. También existe el riesgo de disturbios civiles, huelgas o disturbios políticos en Nicaragua, y no se puede predecir el resultado de tales disturbios", añade.
Hay que destacar que este reporte enviado por New Fortress Energy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores fue divulgado antes de que se diera la ronda de sancionados a la cúpula del sector eléctrico nacional del régimen este lunes pasado, por lo cual el reporte de la empresa estadounidense no se refiere a esta nueva variable sobre el riesgo en su inversión.
Contratos de suministro también serían afectados
Otro punto que se complica por medio de esta nueva ronda de sanciones es el referido a los contratos por el suministro de hidrocarburos para las operaciones de las generadoras energéticas, la mayoría controladas por el orteguismo por medio de Alba Generación.
Precisamente esta mescolanza entre negocios privados y el orteguismo por medio del control que ejerce por medio de las entidades del Estado que presidían los funcionarios sancionados, podrían afectar las operaciones de las generadoras ya que se verían forzadas a buscar nuevos proveedores.
Alba Generación abarca tres plantas térmicas: la Hugo Chávez, las Che Guevara (nueve en la actualidad) y la Planta MAN. Además, tiene el parque eólico Alba Vientos. Las plantas térmicas son las que generan más ganancias, porque reciben pagos por su potencia instalada (que es un pago fijo) y por su generación.
La investigación de CONFIDENCIAL, en 2019, explicó como el régimen se convirtió en juez y parte en cada etapa del proceso del suministro (generación, transmisión, distribución y ente regulador), lo que le permitió al Gobierno recetarse generosos contratos en los que se paga los mejores precios por potencia instalada.
Así, en la última década, solamente por el pago de potencia de las plantas Che Guevara, Albanisa, la empresa binacional tutelada por la familia Ortega – Murillo, se embolsó más de 345 millones de dólares.
¿Habrá cambios en las carteras del sector eléctrico?
Hasta este 18 de noviembre, el régimen todavía no ha anunciado algún cambio en el organigrama de poder en el sector eléctrico como consecuencia de las sanciones de Estado Unidos, como si lo hizo, este 17 de noviembre, al anunciar el nombramiento de un nuevo viceministro de Hacienda.
A consecuencia de las mismas sanciones del lunes, que incluyeron al vicetitular de Hacienda, José Adrián Chavarría, el régimen nombró a Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine de 76 años, como nuevo viceministro de esa cartera, pues Chavarría ya no podrá continuar la firma de todos los documentos de las finanzas públicas del país, que asumió tras las sanciones anteriores al ministro de Hacienda, Iván Acosta.
