Economía

Sector privado celebra el Día del Empresario… con un tuit

Confiscaciones, cárcel, acoso fiscal, multas, coimas, amenazas, son parte del arsenal que usa el Gobierno en contra de la empresa privada del país

Este ocho de septiembre, al llegar un nuevo Día del Empresario, no hubo fastos, ni premios, ni celebraciones. Tampoco un recordatorio para demandar la libertad de los cinco empresarios presos políticos del régimen de Daniel Ortega durante más de un año: José Adán Aguerri, Luis Rivas Anduray, Michael Healy, Alvaro Vargas y Juan Lorenzo Holmann. Solo un comunicado en el que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), recuerda que “hoy, que se celebra el Día del Empresario Nicaragüense, extendemos nuestras felicitaciones a todo el empresariado de Nicaragua, que gracias a su esfuerzo y dedicación, contribuye con el desarrollo económico de nuestro país”.

“El sector privado sabe que esta gente actúa contra los que ellos piensan que se les oponen.Todo lo que vaya contra la empresa privada, fortalece una imagen negativa del país. Imponer restricciones e incorporar elementos de incertidumbre”, invita a los inversionistas a tener cautela, dijo a CONFIDENCIAL un miembro del Consejo Directivo del Cosep, que prefirió mantenerse en el anonimato.

Después de implementar durante casi una década una política de ‘acuerdos y consensos’ con el sector privado, que incluso fue elevada a rango constitucional, la dictadura decidió vengarse de sus antiguos aliados, después que el empresariado organizado en el Cosep, denunciara la matanza de ciudadanos durante la Rebelión de Abril.

Si al inicio, los ataques iban dirigidos contra pequeñas empresas que se sumaron a alguno de los paros nacionales por un día, en 2019 llegaría el primero de los ataques generalizados en contra del sector privado en pleno: la reforma tributaria de 2019, que pretendía recaudar 300 millones de dólares, y en vez de eso, elevó la recaudación total de impuestos en más de 720 millones de dólares, entre enero de 2021 y marzo de 2022.

Ese monto volvió a subir al cierre del primer semestre del año, y es previsible que este año pueda superar los 100 000 millones de córdobas en recaudaciones.

Después de eso, llegó el acoso fiscal, el contrabando de cigarrillos, la confiscación directa de empresas, una de las cuales generó una demanda por 590 millones de dólares en contra del Mific, que se ventila en una corte de Estados Unidos, sin dejar de lado la captura y condena de varios líderes del sector privado, así como la más reciente ‘Ley de Correduría de Bienes Raíces’, que impone una nueva batería de cobros para las empresas y profesionales del sector.

“La verdad es que esa ley nos tomó por sorpresa”, dijo un profesional que se verá afectado por estos cambios que obligaron a los empresarios del sector, a sentarse a analizar las consecuencias para sus empresas, en un mercado que tiene varios años de estar deprimido.

Hasta mediados del año pasado, el Cosep todavía alzaba la voz para reclamar los ataques que sufría, hasta que decidió implementar la política de que “el silencio también comunica”. Eso no impidió que Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Cosep, fueran detenidos de forma arbitraria, lo que generó mucha preocupación en Centroamérica y una ola de solidaridad en el continente para con ellos, y la condena contra el régimen.

El riesgo de la empresa privada de invertir

“Si antes había más flexibilidad y apertura para resolver los problemas que les planteaban las empresas, ahora vemos que todas las dependencias del Estado están listas para atrasar los procesos, y para imponer sanciones y multas”, dijo el directivo del Cosep citado antes.

“Aunque ellos aleguen una serie de razones para tratar de justificarse, la verdad es que su actuar se da en un entorno político que invalida todas esas argumentaciones, la única diferencia es la represalia política”, añadió.

La consecuencia más evidente de esa forma de relacionarse con las empresas -en particular, con las que tienen mayor músculo económico, que son las que pueden pagar más- es una campaña de acoso fiscal, (en la que destaca su variante aduanera), signada por una política que primero multa y luego extorsiona para rebajar el monto de esas multas.

Algunas empresas recibieron un castigo mucho mayor, al verse obligadas a cerrar, o al ser definitivamente confiscadas. Es el caso de Tomza, la empresa de capital guatemalteco que se dedicaba a comercializar gas licuado para cocinar, cuyas instalaciones en Tipitapa fueron tomadas sin más, generando una pérdida de 4 millones de dólares.

Desde entonces, también fue confiscada la casa de empeños Prisa, así como Joyas Alicia, ambas propiedad del empresario méxicoamericano Mario Hurtado, contra quién se anunció además, que se giraría orden internacional de captura por medio de Interpol. Antes, se había ordenado el cierre de la empresa de seguridad Delta, y el desarme (y despido) de más de 800 agentes de seguridad, o el cierre de Expica, más recientemente.

Cada uno de los 54 canales, publicación y radioemisora que fue clausurada eran también una empresa que fue forzada a cerrar, enviando al desempleo a periodistas, administrativos, vigilantes y toda suerte de personal de apoyo, lo que ha aumentado el número de migrantes que corren toda suerte de riesgos para llegar a Estados Unidos o Costa Rica.


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