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El laberinto de la explotación laboral a migrantes nicas en Costa Rica

Migrantes

En el mundo laboral oculto de Costa Rica en la piña, el comercio y la construcción, no hay vacaciones, aguinaldos, ni derechos


/ Rita Valverde. Con reportería de Katherine Estrada y María Laura Molina Cordero

Delvis perdió su pierna derecha en una finca de Coopepiña cuando su jefe lo presionó para que limpiara una zona de alto voltaje; a “Carlos” lo despidieron tras fundar un sindicato; veinte obreros que construían una costosa casa frente al mar en Cabo Velas, de Guanacaste, sufrieron heridas cuando los transportaban hacia la obra apilados en el cajón de una camioneta. A “Laura” la cesaron cuando se quejó de que la estaban exponiendo a la rayería en el campo donde, hace un par de meses, un rayo había calcinado a un peón durante una tormenta; a empleadas de una cadena de tiendas las golpeaban con tubos y a los trabajadores de un supermercado de precios bajos les gritan y los humillan en jornadas de doce horas, seis días a la semana.

Ninguna de estas personas se conoce. Son peones de la construcción, trabajadores agrícolas, empleadas en supermercados de bajo costo y dependientes en tiendas comerciales. Pero tienen algo en común: son migrantes nicaragüenses –la mayoría sin permiso de trabajo– seres humanos que se vieron forzados a dejar su país por falta de oportunidades y por un régimen de Gobierno autoritario que reprime y encarcela a sus opositores. 

Cruzan la frontera hacia Costa Rica con la ilusión de encontrar empleo y protección pero, en muchos casos, lo que encuentran son pésimas condiciones de seguridad laboral, abusos físicos, maltrato psicológico y el pago de un salario menor que el de los nacionales.  

“Me llevé la sorpresa de que ellos (mis empleadores) me habían quitado el seguro. Y al no tener mis cuotas activas, no puedo reclamar la pensión”, nos contó un extrabajador de la piña.

“Son doce horas de trabajo todos los días y sin pago de horas extra, con salario de ocho horas, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin seguro médico”, nos dijo un trabajador de un supermercado de ahorro.

“Todos los días andamos en medio del químico. Y eso es demasiado delicado, porque lo traemos en la ropa y lo venimos a tirar adentro, donde están nuestras familias”, nos relató también “Carlos”.

 Estas voces pertenecen a la parte más desprotegida, el segmento más delgado de un hilo por el cual se mueven negocios de cientos de millones de dólares al año en Costa Rica, pero que actúan casi por la libre, sin mayores controles del Estado. 

En estos sectores prósperos de la economía costarricense, un grupo de empresas recurre a la figura legal de los “contratistas”, cuya función es terciar entre las compañías que necesitan la mano de obra y los trabajadores nicaragüenses que buscan empleo, en muchos casos, apenas llegan “de mojados”, huyendo de la miseria y la crisis política en Nicaragua.

“Contratista” es, de hecho, un término con el que nos topamos frecuentemente en el curso de esta investigación realizada por los medios CONFIDENCIAL, de Nicaragua; y La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radios UCR, de Costa Rica.

Todo el mundo habla de esta figura: que “el contratista se queda con parte del salario”, que “el contratista no me inscribe en la Caja (Costarricense del Seguro Social)”, que “no me da equipos de protección”… Pero, en la práctica, las referencias son difusas. Apenas un nombre de pila o la dirección de una casa en donde a veces atiende.

Identificar y encontrar a esos contratistas se vuelve entonces un enorme desafío en medio de la maraña en la que se diluyen las responsabilidades sobre los derechos de las personas migrantes. Los contratistas no suelen tener nombre comercial, ni estar agrupados en una cámara o asociación gremial. Los canales que utilizan para reclutar a los trabajadores son el ‘boca a boca’ y las referencias de un migrante a otro sobre quién puede darles trabajo aunque no tengan papeles.

Mucha gente sabe dónde encontrar a los contratistas, excepto cuando un equipo periodístico les busca para confrontarles con las denuncias de las personas trabajadoras. Ahí, su paradero se vuelve un misterio. Por ello nos propusimos buscarlos para conocer su trabajo y confrontarlos con los testimonios de la gente.     

 En el corazón de la piña

Delvis Castillo tiene 38 años, es nicaragüense, vive con su compañera, su hija menor  y sus dos perros, un schnauzer y un zaguate, en una sencilla casa de madera ubicada a la par de un pequeño campo de piñas. Lo visitamos allí al comienzo de una de esas tardes de septiembre en las que el calor se empecina en derretir los termómetros. 

Es un hombre moreno y grueso, lleva unas bermudas blancas enormes, una camisa color naranja y tiene una sola pierna. Se mueve de un lado a otro de la casa con dificultad, apoyado en un par de rústicas muletas de aluminio.

Al principio ofrece reparos para evocar el momento en que perdió su pierna. Da algunos rodeos tímidos. “Dicen que recordar es volver a vivir y eso duele”, nos confiesa. 

Luego, la mirada se le clava en algún punto del pasado y comienza a hablar:

“El 8 de enero de 2016, sufrí la descarga eléctrica de tres transformadores. Yo trabajaba para Coopepiña y desde días atrás me venían pidiendo hacer un trabajo en un área en la cual yo no estaba capacitado”. 

La orden de la empresa era que debía limpiar el barro acumulado en una zona de alto voltaje donde funcionaban tres transformadores eléctricos.   

Recuerda que ese día estuvo evadiendo a su jefe para que no lo viera, pero finalmente lo encontró y volvió a insistir. Delvis argumentó que no tenía experiencia en trabajos con electricidad y le dijo que, además, para la tarea se necesitaba equipo de protección. 

La respuesta de su jefe fue que la empresa no iba a gastar en un traje de protección que se usaría solo un momento y nada más. Finalmente lo conminaron con la trillada (pero efectiva) frase de que afuera de la finca había una multitud de desempleados anhelando su puesto. Delvis pensó en su familia, exigió que cortaran la energía y accedió a regañadientes. 

Le aseguraron que los transformadores estaban desconectados.

“Yo confié en la palabra del jefe. Me dijeron que habían desconectado los transformadores, pero era mentira”, dice con amargura. 

Cuando ingresó al cuarto de alto voltaje la corriente estaba viva y no lo perdonó.

“Estas fotos son de días después del accidente”, explica mientras nos comparte unas imágenes que muestran su cabeza, su torso y su pierna repletas de heridas, moretones y cicatrices. 

“La pierna me quedó totalmente calcinada”. 

La empresa donde trabajaba Delvis es conocida como Coopepiña, pero se llama formalmente Cooperativa de Comercio y Servicios Múltiples de Productores de Piña de Pital. Es una compañía que agrupa a 35 productores de San Carlos, en la provincia de Alajuela. Desde allí cultivan y exportan frutas frescas a Italia, Suiza y Alemania.

Delvis recuerda indignado que, luego del accidente, estuvo internado en el Hospital del Trauma durante 19 meses. Luego nos comparte la copia de un documento que firmó con quien fue presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, Rafael Chaves Arias, y con otros asociados.

En ese acuerdo, las autoridades de Coopepiña se comprometían a pagarle un finiquito extrajudicial y a mantener su relación laboral. Sin embargo, Delvis alega que nunca le pagaron lo acordado y que, tiempo después, lo despidieron. En ocasiones no son los contratistas, sino las empresas, quienes dejan en desprotección a los trabajadores. 

Por ese despido, Delvis demandó a la cooperativa y obtuvo una sentencia a su favor en el Juzgado de Trabajo de Alajuela, según consta en documentos proporcionados por él. El abogado de Coopepiña apeló la sentencia y, seis años después de ocurrido el accidente, ese proceso judicial aún está pendiente. Delvis continúa sin cobrar los 1.8 millones de colones (unos 3000 dólares) que el juez ordenó que le pagaran.

Para conocer la versión de la cooperativa, hablamos con Rafael Chaves Arias, expresidente del Consejo de Administración de Coopepiña y cuya firma aparece en el documento de finiquito que nos compartió Delvis. Sin embargo, Chaves no quiso referirse al caso. Alegó que la tensión que atravesó cuando era presidente de la cooperativa le ocasionó problemas de salud mental y nos remitió a las actuales autoridades de la cooperativa.       

Buscamos también la versión del gerente de Coopepiña, Adrián Rodríguez Varela, quien nos respondió mediante un correo electrónico en el que le atribuye a Delvis la responsabilidad sobre el accidente. 

Es cierto que se dio un lamentable accidente laboral por parte del señor Delvis Castillo, debido a la falta del deber de cuidado que él mismo cometió”, se lee en el correo. 

Sobre el incumplimiento del acuerdo de finiquito que firmaron tras el accidente y la amputación, la versión de Coopepiña es que ese acuerdo no tuvo “eficacia” legal debido a que no lo firmaron todos los directivos de la empresa. Es decir que los abogados de la cooperativa encontraron un portillo de legalidad para no honrar el compromiso que el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa había adquirido tras el accidente.

“​​Tengo la fe en que mi expediente llegue a manos de un juez, un magistrado o lo que sea y ponga las cosas a como Dios manda”, dice Delvis Castillo, extrabajador de la empresa Coopepiña. Foto: María Laura Molina

La entrevista con Delvis se alarga hasta que la noche comienza a enfriar los últimos restos de la tarde y una brisa suave alivia un poco el  bochorno. Delvis toma sus muletas y nos guía hasta el patio de su casa. Allí tiene algunas herramientas para fabricar sillas y mesas de madera. Antes también engordó pollos y vendió lotería para ganarse algo y sobrevivir. 

“Se te cierran las puertas. Eso es lo que uno siente, no te voy a decir que no”, dice antes de que subamos al auto. Su rostro, moreno y brillante de transpiración, refleja una mezcla de indignación y  angustia. 

“Pura pantalla”

Bajo el mismo sol ardiente de San Carlos, pero en otra de las fincas piñeras, encontramos a un trabajador agrícola a quien llamaremos “Carlos” para proteger su identidad. “Carlos” llegó de Nicaragua hace más de 20 años y ha trabajado en varias de las empresas de Boca Arenal. 

“Carlos” es cauteloso, parco y teme perder su trabajo. Dice que ha sufrido mucha persecución y que necesita cuidar de su familia. Cuando le preguntamos si interpuso alguna denuncia por la persecución sindical, los ojos se le encienden y expresa su desconfianza hacia la independencia de quienes tienen el deber de vigilar a las empresas. 

“El Ministerio de Trabajo sí ha llegado, cuando uno lo pide, pero igual, eso es como llamar al dueño de la finca y ponerle la queja a él. Es la misma cosa –enfatiza con un gesto disgustado–.  El Ministerio de Trabajo es cómplice de toda la grosería que nos han hecho a nosotros (…) lo que hacen es pura pantalla”.

Según “Carlos”, algunas empresas aplican como filtro de contratación “listas negras” en las que incluyen a quienes estuvieron sindicalizados. “La gente tiene miedo. Imagínese, yo como dirigente sindical, ¿qué le puedo decir a un trabajador cuando saben que a mí no me da trabajo ninguna empresa porque fui sindicalista?”.

“Carlos” continúa como peón en fincas que no tienen registro de su labor sindical. Sigue denunciando las injusticias, pero ahora prefiere hacerlo sin exponerse tanto. Nos explica que, en muchas piñeras, los peones pasan jornadas extensas sin recibir hidratación, con temperaturas extremas o que los mantienen en el campo durante tormentas eléctricas y quedan expuestos a la rayería.

“Además de eso, todos los días nos tiran el químico encima y eso es demasiado delicado, porque lo traemos en la ropa y lo venimos a tirar adentro, donde están nuestras familias. En algunas empresas tienen lavanderías, pero muy pocas”.   

Estudios de la Universidad de Costa Rica y de la Organización Panamericana de la Salud  revelan que en las fincas piñeras se utilizan diversos agroquímicos con una alta concentración por hectárea sembrada, unos se aplican con fines fertilizantes, otros herbicidas y nematicidas.

Las investigaciones documentan que la exposición inapropiada de humanos a estas sustancias puede provocar distintas enfermedades como cáncer, asma, intoxicaciones, infertilidad, pérdida de apetito y laceraciones en la piel. 

Las empresas dedicadas al cultivo de piña están obligadas a colocar toldos móviles en medio del campo para que los trabajadores descansen bajo la sombra y se repongan de las altas temperaturas. Foto: María Laura Molina

Un contratista, finalmente

La exportación de piña desde Costa Rica es la nueva fiebre del oro: movió durante el año 2021 más de mil millones de dólares ($1024 millones), según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y, para hacerlo, los agroexportadores requieren de manos y piernas. Muchas manos y muchas piernas. 

Según datos de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) su industria genera más de 32 000 empleos directos. 

Para suplir esa enorme mano de obra algunas empresas emplean “contratistas”, quienes reclutan a los migrantes en oficinas y casas de habitación en San José, Los Chiles, San Carlos, Nicoya o Santa Cruz. 

Hasta esas casas y oficinas fuimos a buscarlos y, luego de varios intentos fallidos, logramos que uno de ellos accediera a darnos una entrevista. 

Es un contratista de una de las fincas piñeras en que, según él mismo nos contó, al menos 600 personas laboran bajo esta modalidad, la mayoría (70%) de origen nicaragüense.   

Lo entrevistamos en una oficina que tiene detrás de su casa en Boca Arenal, a media hora en auto de la finca donde trabaja. Aparenta unos cincuenta años, tiene la cara alargada y nos pide que no le tomemos fotos.

“En la zona, no todos los contratistas le van a aceptar una entrevista… para no decirle que ninguno. ¿Por qué? Porque la figura del contratista, incluso para muchas fincas, es un estafador”, nos cuenta con un dejo de nerviosismo. 

Entre los migrantes, la mala fama de los “contratistas” es generalizada. Los señalan como las personas que reclutan y pagan a los peones, pero también quienes les “muerden” o “comisionan” una parte del dinero que deberían recibir.

“En el caso mío o en el caso de nosotros, yo le acepté la entrevista porque el trabajo que hacemos es totalmente transparente”, aclara al iniciar la conversación.

“Nosotros lo que hacemos es contratar el personal que ellos (la empresa) ocupan como mano de obra. Nos encargamos de hacerle todos los pagos al personal. Estamos comprometidos a darles todo en regla. Se paga por depósito, nunca se les paga en efectivo. Se les entrega la boleta antes del pago para que ellos la revisen y si tienen alguna inconformidad se les puede aclarar”, explica.

Aunque la casa es muy grande, la oficina en la que conversamos es muy pequeña, apenas un escritorio, dos impresoras y un teléfono. A medida que avanzan las preguntas, los gestos del contratista se vuelven tensos, comienza a entrelazar las manos con fuerza y la expresión de su rostro se vuelve crispada.

“Al contratista lo veo más como una figura para que la labor no se detenga, no se pegue. Para la finca es difícil que un empleado que está detrás del escritorio salga a buscar gente. Nosotros tenemos personal que va a los diferentes lugares de la zona y busca a la gente para ponerla a trabajar. Eso no lo podría hacer la empresa”, argumenta.

Para cuando la entrevista llega a su fin el contratista ya abandonó por completo el tono confiado con que iniciamos y nos pide no revelar su nombre por temor a represalias.

Desde el Ministerio de Trabajo, el director nacional de Inspección Laboral, Víctor Aguilar, aclara que hay contratistas de contratistas, y que no es cualquier persona la que puede clasificarse como tal, sino que existen requisitos básicos que deben cumplir.  

“Si es una persona que tiene a cargo 20 trabajadores en una cuadrilla, pero tiene planillas y tiene capital propio y no depende del dinero que la empresa le gira, es un patrono independiente: un contratista independiente”, puntualiza. 

“Ahora, si ese “encargado” tiene cuadrillas de trabajadores, pero no tiene capital propio, sino que lo que hace es intermediar, ahí hay responsabilidad de la empresa, porque solidariamente es responsable, en la medida en que no exigió al contratista todas esas condiciones”, explica Aguilar. 

La existencia de los contratistas es un tema incómodo al cual referirse para todos los que participan de la industria. Trabajadores, empresarios y entes de control público, se muestran -por diferentes razones- muy cautelosos a la hora de hablar sobre el tema. 

La entrevista con el director nacional de Inspección Laboral atravesó varios tropiezos antes de concretarse. Inicialmente teníamos pactada una conversación con el viceministro de Trabajo, Walter Villalobos, pero nos la cancelaron a último momento, justo cuando comenzó a circular en redes un video que mostraba a dos empleadas de tiendas SYR en San José siendo golpeadas con un tubo en la espalda.      

A pesar de que los trabajadores migrantes aportan el 11% del producto interno bruto de la economía costarricense, como lo reveló en 2018 un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sus derechos no siempre son respetados. El mismo estudio reconoce “problemas relacionados con los procedimientos de empleo legal para los inmigrantes en ciertas ocupaciones y la falta de acceso a determinados servicios públicos”.

Más revelador aún es que “el ingreso de los trabajadores originarios de Nicaragua equivale al 60% de los salarios que ganan los trabajadores autóctonos”, según este estudio.

Existen otros datos que ayudan a retratar la dimensión de la disparidad de condiciones laborales entre trabajadores costarricenses y extranjeros, como el que ofrece el estudio “Migrantes en la agricultura costarricense: el caso de la piña y el banano”, del investigador Gustavo Gatica, del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que destaca que “en la actividad piñera, por cada persona trabajadora costarricense sin seguro social, hay cinco personas extranjeras sin este derecho”.

El trabajador de una finca piñera relata que gana 30 000 colones (unos 51 dólares) a la semana y 50 000 (85 dólares) cuando le va mejor. El salario apenas le alcanza para pagar el alquiler del rancho donde vive y comprar comida. Foto: María Laura Molina

“Lo que ocurre es que las grandes empresas agrícolas acuden a contratistas que no son tales. Eso es lo que en la doctrina se conoce como el ‘hombre de paja’. Es decir, es cualquier hijo de vecino que no tiene medios propios para que sea este el que contrate los trabajadores y se los aporte a la empresa”, explica el abogado laboralista Esteban Calvo. 

Para Calvo, esta figura es una estrategia que utilizan algunas empresas para eludir sus responsabilidades con los empleados, introduciendo a un tercero que en realidad no tiene las condiciones de un auténtico empresario. 

Tras los hallazgos y testimonios que fuimos recogiendo a lo largo de este reportaje buscamos también la versión de Abel Chaves, presidente de la Cámara Nacional de Productores y exportadores de Piña (Canapep) que agrupa a 34 empresas de este sector agroexportador.

A través de su vocero de prensa nos pidieron enviar las preguntas por adelantado, pero luego rechazaron concretar la entrevista.

En cambio, desde su oficina enviaron un correo en el que detallan una docena de lineamientos internos de la cámara sobre buenas prácticas laborales. 

Esos lineamientos evidencian, de manera precisa, el detallado conocimiento que la industria tiene sobre la explotación laboral que se vive en muchas fincas y la preocupación que esos abusos generan entre los mismos productores. 

Allí se indica que sus afiliados no reconocen como prácticas válidas:

  • La contratación de mano de obra a través de contratistas.
  • Exponer a los trabajadores a químicos dañinos para la salud.
  • Cualquier tipo de discriminación.
  • Falta de aseguramiento ante el INS.
  • Violar el derecho a la Seguridad Social de sus empleados, entre otras.

Para la investigadora de la UNED, Eva Carazo, las denuncias que recogimos durante la investigación son problemas generales del sector, y no casos excepcionales o esporádicos.

La investigadora participó de un amplio estudio patrocinado por la Unión Europea  y el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (OXFAM por sus siglas en inglés) que observó las condiciones de producción de la piña en Costa Rica y su impacto en los seres humanos.

Carazo explica que, cuando surgen investigaciones o denuncias sobre contaminación o incumplimientos laborales, a los visitantes y a la prensa se les ofrece un tour por las instalaciones de una “finca modelo” en donde sí se cumplen todos los estándares laborales y sanitarios. 

La investigadora de la UNED relata que, durante su estudio junto a OXFAM de Alemania, lograron entrar a las fincas y entrevistar a 42 trabajadores porque tenían el apoyo de una organización vinculada a las cadenas de supermercados que compran la piña costarricense en Europa. 

En las ciudades también

Pero el campo y los piñales no son el único territorio en donde se mueven los “contratistas”. En las ciudades, muy lejos del sol que abrasa cultivos y peones, otra legión de migrantes hace tareas de limpieza, repone y acomoda artículos en las góndolas de supermercados y atiende la caja en las tiendas comerciales. Hasta allí llega la sombra de los contratistas.

“Mario”, como le llamaremos para proteger su identidad, llegó a Costa Rica huyendo de la crisis política de 2018 en Nicaragua. Buscó trabajo y lo consiguió en un supermercado de precios bajos. Desde entonces se instaló en la industria y cuenta, desde adentro, lo que ocurre en esos negocios.

La contratista que lo reclutó, relata “Mario”,  se “queda” diariamente con el pago de las horas extra y lo castiga cuando falta (aunque sea por enfermedad), a pesar de que el dueño del supermercado le gira a la contratista dinero suficiente para cubrir el salario completo, las horas extra y los feriados, según dice el joven.     

Otro trabajador de supermercados, quien también nos pidió no revelar su nombre, denunció que la “contratista” lo castiga económicamente cuando se ausenta. “Si uno falla, le rebajan el día, que son 10 000 colones (unos 17 dólares). Aparte de eso, le quitan un día adicional. O sea, le rebajan 20 000 colones (unos 34 dólares) por un día que falle, aunque sea que se enferme o tenga alguna emergencia. Para ellos no existe justificación”.

“Para ellos (los dueños de esos supermercados) los empleados nicaragüenses son descartables, son desechables: ‘No me parece como trabaja usted, no te necesito’. ‘Mejor váyase’. ‘Usted no trabaja bien, usted llegó tarde, váyase’. ‘Yo llamo al contratista para que mande a otro'”. 

Este pozo oscuro, en donde los derechos laborales casi no existen, es un universo paralelo. Un espacio desconocido o invisible para la opinión pública hasta que circula un video en redes sociales mostrando cómo golpean con un tubo a dos empleadas arrodilladas en una tienda en San José.   

Ahí, en ese momento en que la historia se vuelve viral en redes y todos hablan de ella, las voces de algunas de las víctimas surgen y la indignación ciudadana obliga a moverse a políticos y funcionarios.

“Las cajeras pasan 12 horas de pie atendiendo a los clientes. No tienen permitido ir al baño mucho tiempo y si van al baño a cada rato se molestan, o ya dicen que no sirven para nada, las corren y mandan a otra”, relata indignado este trabajador de supermercados. 

Una de estas cajeras de supermercado, a la que llamaremos “Ana” para proteger su nombre, relató así su experiencia: “Te hacen sentir lo más miserable, te gritan. A los trabajadores les dicen que si algo no aparece, los van a meter en un cuarto para que les den. A ese punto no llegaron conmigo, sino que te gritan, te exigen, te presionan. A veces ni la hora de comida te dan, solo 20 minutos”, asegura. 

“Ana” también nos contó que la despidieron del último supermercado para el que trabajaba porque se rehusó a pagar la “multa” de 5000 colones que su supervisor le cobró por la “falta” de haber revisado su celular en horas laborales.

Jeudi Rojas, es uno de los contratistas que suministra personal a los supermercados Multi Ahorros y La Nacional, en Alajuela, de donde provienen algunas de las denuncias de abusos y maltratos. 

Rojas alega que esas denuncias son de empleados que salieron resentidos y asegura que muchos de ellos son nicaragüenses y que tienen poca disciplina laboral o que se ausentan súbitamente. “Te dicen, ‘mañana me voy para Nicaragua’”. 

Rojas señala que los dueños de esos supermercados son asiáticos y que apelan a él como contratista porque ellos no hablan español y no conocen cómo tratar con instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) o el INS (Instituto Nacional de Seguros).

“Lo que ocurrió con la gente de SYR (el video en donde golpean a dos empleadas con un tubo) es completamente ajeno a nosotros. De hecho, las personas con las que trabajamos son orientales y están muy molestos porque dicen: ‘Juepucha, ellos (los de SYR) la fregaron porque ahora la gente piensa que todos (los orientales) somos malos’”.  

Al mismo tiempo que este equipo de periodistas investigaba el tema, Tomoya Obokata, relator especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud, visitó Costa Rica y se reunió con migrantes, peones, empresarios, políticos, funcionarios y sindicalistas. En sus conclusiones, el relator afirmó que, en materia laboral, el país tiene un sistema de controles y castigos “burocrático e ineficaz”. 

Al finalizar su investigación, Obokata, concluyó que muchas de las víctimas en este sistema –especialmente los migrantes–  están expuestas a prácticas equiparables a formas de esclavitud moderna.

“En Costa Rica, estos abusos quedan impunes pues quienes las padecen tienen temor de denunciar por la fragilidad de su condición migratoria”, denunció el relator de la ONU.

Como ganado en la caja de un camión

En Guanacaste, donde el desarrollo inmobiliario se concentra en casas de lujo frente a la playa, condominios con amenidades y hoteles de alta gama, muchos migrantes de Nicaragua son también la mano de obra que da forma a esos edificios. 

Los peones de construcción en Guanacaste cuentan que les pagan 1300 colones (unos 2 dólares) por hora, o un poco más, dependiendo de la labor que realizan. Foto: Rubén Román

En Cabo Velas de Flamingo, Santa Cruz, el pasado 4 de octubre, una camioneta que llevaba peones a trabajar en una construcción se volcó mientras iba subiendo una cuesta. A varios de los 22 trabajadores que viajaban allí apiñados, el accidente les provocó heridas y contusiones. 

Todos viajaban en la cajuela de una camioneta Mitsubishi con 23 años de uso, sin permiso para transportar empleados y sin más condiciones de seguridad que la fuerza de sus propias manos.

Una semana después de ese accidente visitamos Cabo Velas para conversar con los accidentados que, en su mayoría, eran migrantes nicaragüenses. 

A media hora de la construcción, antes de que cayera la noche, hallamos una precaria casa de madera, con gallinas correteando alrededor de un trillo empedrado y un corredor de tierra aplanada. Allí conviven varios jóvenes que trabajan en  construcciones de la zona. 

Luego de algunos rodeos, uno de los accidentados se animó a relatar el momento del accidente. Habla con marcado acento nicaragüense y lleva todavía una venda que le cruza el brazo.   

 “El camión se volcó hacia el lado derecho y toda la gente que iba del lado izquierdo me cayó encima, a todas las personas que íbamos al lado derecho nos cayeron encima. Algunas salieron así, en el aire, por el golpe, todo el mundo quejándose, tenían raspones aquí en la cara, aquí en el cuello. Un compañero se le levantó el pellejo y golpes en la espalda. Otros compañeros tenían fracturada la nariz”. 

El arquitecto responsable del proyecto para el cual trabajaban los accidentados se llama José Mora y reconoce su error en no verificar el estado de la camioneta que transportaba a sus empleados, ni averiguar si el chofer tenía permisos para transporte de personal. 

“Yo contrato un camión para que los suba por esa cuesta que queda ahí. (…) Porque si yo a ellos les digo nada más ‘lleguen’, van a tener que caminar esa gran cuesta ahí y van a llegar cansadísimos”, explica. 

El transporte hacia las construcciones, especialmente si están en lomas o cuestas muy empinadas, representa un problema para los trabajadores, debido a que no cuentan con vehículos propios ni tampoco existe transporte público hasta estos lugares. Foto: Rubén Román

El arquitecto Mora admite su descuido, pero a la vez se justifica alegando que ese es el “estilo” tradicional de transportar empleados en la zona.

“Esas son las condiciones en que transportan a todos los trabajadores. Usted se para ahí enfrente al Banco Nacional (de Flamingo), a las cinco, usted ve un montón de camiones que van con los trabajadores ahí atrás”. 

En Guanacaste, el transporte de empleados en la caja de los camiones, al estilo del ganado vacuno, contrasta con la prosperidad de una industria que, el año pasado, tramitó permisos para construir 6.4 millones de metros cuadrados, según datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

La “factura” sanitaria

Uno de los padecimientos más comunes entre los trabajadores de piñeras es la enfermedad renal crónica, debido a las altas temperaturas a las que se exponen diariamente. Foto: María Laura Molina

 La severidad de las condiciones laborales que viven estos migrantes en labores agrícolas y de construcción les pasa la cuenta a través del deterioro de sus propios cuerpos. Una cuenta que usualmente pagan con daños a sus riñones y que es posible verificar en los casos que diariamente atienden los servicios sanitarios de la zona.

El médico emergenciólogo del hospital de Los Chiles, Man Lug Rodríguez, da cuenta de las consecuencias que el calor y las extensas jornadas en los campos y las construcciones provocan en los trabajadores.

“Ellos consultan porque tienen dolores musculares, reportan calambres o que no sienten las piernas o cosas así. Y vienen algunos muy deshidratados. Generalmente son jóvenes, de 20 o 30 años. Uno se da cuenta que son reincidentes porque están trabajando bajo un calor extenuante y se deshidratan. Para cuando se dan cuenta, ya el riñón sufrió daños”.

Carlos, aquel trabajador al que despidieron tras fundar un sindicato, da cuenta de este diagnóstico en su propio cuerpo, “Yo entré sano a las piñeras y soy diabético, soy hipertenso, padezco de azúcar, presión alta, colesterol, ácido úrico, los riñones los tengo desgastados. ¿Qué más me hace falta? Morirme nada más”. 

Gatica, el investigador de la UNED, lleva diez años trabajando con migrantes de la zona norte de Costa Rica y a la hora de analizar las causas de estos severos esquemas de trabajo señala que la introducción legal de la figura del contratista precarizó las condiciones laborales en el agro y en la construcción.

Además, agrega, se recargan las funciones del Estado, desde donde se deben asumir los costos de su atención médica, ya que buena parte de estos trabajadores no son inscritos por sus patrones en la Caja ni en el seguro de riesgos laborales del INS.

Gatica coincide con el diagnóstico del relator especial de Naciones Unidas, Tomoya Obokata, sobre formas contemporáneas de esclavitud. Ambos señalan  la débil supervisión que ejerce la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo como uno de los puntos claves que facilita a un grupo de empresas atropellar los derechos humanos de los migrantes.

¿Quién gana? –se pregunta el investigador Gatica, con un gesto irónico–, pues quien contrata en esas condiciones irregulares y desventajosas”, resume.

Este trabajo especial se realizó de manera conjunta entre CONFIDENCIAL, y los medios costarricenses La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radios UCR. La idea original y edición fueron de María Fernanda Cruz, Hulda Miranda y Cindy Regidor. Las periodistas Rita Valverde, Katherine Estrada y María Laura Molina participaron en el reporteo de las historias y los datos. Las fotos son de María Laura Molina, Rubén Román y César Arroyo. Puede encontrar el reportaje publicado por Interferencia, aquí; y por La Voz de Guanacaste, aquí

 


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