19 de junio 2022
AA
San José. Costa Rica-. “Si exiliarse sola es duro, no sabés lo complicado que es cuando lo hacés con hijos, en especial, si cuentan con una discapacidad”, relata Nadia Robleto, quien llegó en 2018 a Costa Rica debido a la crisis sociopolítica de Nicaragua y un año más tarde, se trajo a sus tres hijos a vivir con ella.
Dos de los hijos de Robleto, Harlan, de once años; y Mateo, de seis, tienen hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, una patología que causa pérdida de audición, por lo que utilizan prótesis para escuchar mejor. “Estamos en proceso de adaptación, mis hijos han respondido bien y veo una gran mejora”, indica Robleto sobre el cambio de país para los niños.
Lorna Díaz es otra madre nicaragüense refugiada en Costa Rica, cuyo hijo tiene también una discapacidad. Nacir Farrauck, de 44 años, fue diagnosticado en Nicaragua con una condición que afecta sus habilidades psicomotoras y del lenguaje. “Él no tiene la capacidad para depender de él mismo. A veces él se pone la camisa al revés, su calzoncillo al revés, o los zapatos. Hay cosas que le digo: 'Farrauck, traeme tal cosa’ y me trae otra, entonces (él) depende totalmente de mí”, describe.
La familia de Díaz, conformada por 11 miembros entre hijos y nietos, migró a Costa Rica también en 2018, luego del asesinato de su esposo José Arturo Gómez García, ocurrido el 23 de junio de ese año en Villa Austria, Managua, en medio de las protestas ciudadanas contra el Gobierno y la represión de la Policía y simpatizantes del partido gobernante.
Su proceso de integración en el nuevo país ha sido más lento, no ha tenido asistencia y seguimiento cercanos, y está en busca de espacios donde Farrauck pueda desarrollarse mejor.
Sin datos oficiales
En Costa Rica no existe un número oficial de migrantes extranjeros con discapacidad. La Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica no cuenta con datos estadísticos desagregados en materia de discapacidad, y las organizaciones que dan acompañamiento a la población migrante no tienen datos específicos de discapacidad, comenta Jimena Zeledón, psicopedagoga con especialidad en Discapacidad.
La poca información y seguimiento de esta población limita una lectura cercana y conocer las diferentes realidades que enfrentan las personas migrantes nicaragüenses con discapacidad.
Un dato representativo que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) proporcionó a CONFIDENCIAL indica que, de 14 049 solicitudes recibidas de personas extranjeras para optar a un seguro médico, 939 dijeron tener una discapacidad. De ese número 872 son de nacionalidad nicaragüense, casi un 7% del total de solicitudes.
“Los niños han tenido un avance increíble”
Harlan y Mateo estudian en una escuela regular en Costa Rica. Harlan cursa cuarto grado de primaria y Mateo está en preescolar. “Van a la escuela y están las aulas especiales para ellos. Tienen terapia de lenguaje, que en Nicaragua no la incluyen, y cuentan con profesora itinerante que los visita una vez o dos veces a la semana, dependiendo de qué cantidad de niños tengan”, relata Robleto.
Nadia Robleto con sus hijos Mateo y Arlan, ambos con hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. Foto: Katherine Estrada Téllez .
Durante la crisis sanitaria de la covid-19, los niños no dejaron de tener el acompañamiento adecuado por parte del sistema educativo. “Las maestras buscaban la manera de que ellos no quedaran desatendidos. Trataron de coordinarse conmigo en los espacios libres de mi teletrabajo para que ellos tuvieran la adecuada asistencia”, cuenta.
Un trato similar ha experimentado por parte del Ministerio de Salud. “Harlan y Mateo vinieron en diciembre (de 2019) y a los seis meses ya tenían prótesis. En el Hospital del Niño la atención es oportuna, también hay terapia de lenguaje, hasta psicóloga”, agrega Robleto.
La educación y la salud son derechos que el Estado costarricense debe garantizar de forma gratuita a la niñez, sin importar nacionalidad o condición migratoria. Ello ha sido clave para el desarrollo e integración de Harlan y Mateo. “Los niños han tenido un avance increíble, pero todo eso se debe al sistema que hay y el trato oportuno de la discapacidad. Yo pensé que nunca iba a poder ver a mi hijo leer y comunicarse, ahora lo hace… todos en casa manejamos lenguaje de señas”, indica.
Zeledón, especialista en Discapacidad, enfatiza la importancia de la atención temprana para favorecer el desarrollo y bienestar del niño o la niña con discapacidad y de su familia, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.
Robleto aplaude y agradece los avances que sus hijos han tenido en Costa Rica, y se lamenta por aquellas familias que no cuentan con el sistema adecuado para la detección correcta y atención necesaria de la discapacidad. “En Nicaragua estamos a años luz todavía -relata- acá he visto lugares y grupos de chavalos con lenguaje de señas, comunicándose, con infraestructuras o rotulaciones para ellos, trabajando y viviendo una vida normal, que es lo que yo quiero para mis hijos, verlos integrados en la sociedad”, concluye.
La falta de un documento migratorio
El caso de Nacir Farrauck es diferente. El Estado costarricense no le brinda atención gratuita de educación ni de salud porque es mayor de edad, y su proceso de regulación migratoria está aún sin respuesta.
Lorna Díaz junto con su hijo Nacir Farrauck de 44 años, quien tiene problemas motores y del lenguaje. San José, Costa Rica. Foto: Katherine Estrada Téllez.
“Para poder incluirlo en una escuela me piden dictamen médico, y para ser atendido en un hospital (solicitan) un documento migratorio que aún no tiene”, relata su madre. Cuando Díaz solicitó el refugio para ella y su hijo, indicó a los agentes de Migración que Nacir Farrauck tenía una discapacidad que lo hacía depender de ella y pedía que la resolución fuera la misma para ambos, pero hasta ahora solo ella cuenta con refugio costarricense. “Aún no tengo respuesta sobre su documento”, detalla.
Las trabas migratorias han sido una de las grandes limitaciones que la población nicaragüense en Costa Rica ha experimentado para acceder a servicios básicos y para su plena inserción. “Cuando no hay garantías de los derechos básicos, la integración y el desarrollo se ven limitados, en especial si sos inmigrante con discapacidad, y al tener tantas barreras en el entorno provoca también menor acceso al trabajo (por parte) de la familia”, menciona Zeledón.
Es el caso de Díaz. Al estar dedicada al cuido total de Farruck, se le dificulta conseguir un trabajo donde la acepten con su hijo. “Él quiere ir al colegio y no estar encerrado aquí, porque se aburre, hay momentos en que entra en un estado de depresión, entonces lo trato de sacar, de una u otra manera, ya que económicamente vivo limitada” relata.
Díaz espera tener el documento de identidad de Farrauk lo más pronto posible para que acceda a atenciones básicas y oportunidades. “Yo quiero que tenga herramientas para que logre sobrevivir en caso de que yo no esté, ya que le cuesta comunicarse y no todos en la familia lo entienden”, comenta su mamá.
Poco se habla de las personas migrantes con discapacidad. Para Jiménez, la primera deuda que la sociedad debe saldar es la de generar datos y estudios sobre lo que pasa con esta población. Por ello, llama a organizaciones de sociedad civil e instituciones estatales a que trabajen para comprender de manera integral e intersectorial las condiciones asociadas a la discapacidad y así entender la realidad de una población que sí existe y que necesita una atención especial para lograr su pleno bienestar y desarrollo.
