América Latina: Pobres y desiguales como siempre

Sofía cursa tercero en el único colegio de un pueblo colombiano; desde comienzos del 2020 estudia en casa y como su abuela es maestra le explica las tareas o la conecta con su profesora.

Yuri y Alexandra estudian en el mismo plantel. Viven en una finca con planta eléctrica pero sin internet. Cada semana, papá o mamá bajan al pueblo a hacer mercado y recogen las guías impresas provistas por los docentes. Las hermanas las desarrollan sin ayuda porque los padres no saben leer ni escribir.

Unos metros más adelante está Juan Diego; no tiene luz eléctrica ni internet y debe esperar a que cada 15 días el camión lechero le lleve las mismas instrucciones del mismo colegio. Su vecino Jerónimo, con discapacidad motriz, no puede recibir la orientación presencial que requiere para aprender a colorear.

Los cinco clasifican en la clase media porque comen tres veces al día y no les falta lo básico. Pese a ello no son iguales. Los separa una amplia brecha en la oportunidad de obtener una educación de calidad.

Para Christian Robles-Báez, politólogo, magíster en Economía y estudiante de doctorado en Historia, lo anterior demuestra que mejorar el ingreso es insuficiente. pues también hay que atacar la desigualdad. “A la gente no solo le importa lo que tiene en el bolsillo sino cómo está respecto a los otros. Si percibe que alguien tiene más oportunidades, se origina un sentimiento de rabia, de injusticia. No es solo un asunto económico. Es un problema social”.

Para salir de la pobreza un niño tendrá que esperar 6 generaciones (30 años por generación) en Chile, 9 en Argentina y Brasil y 11 en Colombia, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicado en el 2018. En contraste, en Dinamarca necesita 2 generaciones y en Finlandia 3. Foto: Felipe Cazares, Universidad de los Andes, Colombia

Igual que él, otros investigadores de Argentina, Bolivia, Colombia y Perú, expertos en pobreza y desigualdad, coinciden en que los países latinoamericanos han sido incapaces de gestionar políticas públicas redistributivas que provean sistemas de protección social sólidos e igualitarios. Esto, pese a la heterogeneidad de los territorios y sin importar si el modelo es estatista o neoliberal. Eso explica por qué, aunque en los primeros 15 años del siglo XXI redujeron la pobreza de 44 a 30 por ciento en promedio, a partir del 2015 están retrocediendo a niveles del 2000. Sus políticas no consiguieron consolidar la clase media y quienes superaron la pobreza se situaron en una zona de ingresos vulnerables. No tienen capital físico ni humano: el menor sacudón del mercado les remueve el piso.

Aunque varios gobiernos no han entregado cifras en el 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) habla de 22 millones más de pobres (alza del 33,7 por ciento, la mayor en 12 años) para un total de 209 millones en esta situación, 78 millones en pobreza extrema o indigencia.

El economista colombiano Andrés Álvarez le suma a esta preocupación que las estructuras productivas de América Latina no parecen tener las altas tasas de crecimiento sostenido necesarias para acabar con la pobreza. Para eso “es insuficiente un crecimiento moderado o pequeño; si la economía retrocede, la pobreza sube muy rápido”.

En ese entramado de pobreza y desigualdad hay razones económicas. Para empezar, la informalidad en el empleo (por ejemplo, cerca de 70 por ciento en Perú o de 50 por ciento en Colombia), a lo que contribuye la concentración de la tierra y la consecuente migración a la ciudad. También influyen el magro recaudo tributario y la pequeñez de los aparatos productivos que —con excepción de Brasil y México— agregan poco valor a sus exportaciones. Su dependencia de las materias primas condujo a una muy baja cualificación del capital humano. En efecto, bastaban dos manos para trabajar el campo o las minas, por lo que la educación quedaba relegada a un segundo plano.

A estas causas se suman factores como la idea neoliberal, impuesta en los ochenta por el consenso de Washington, de desmantelar los Estados por ineficientes y corruptos. “En cambio, los Estados europeos son los mayores socios comerciales del sector privado, su burocracia es la principal responsable del bienestar. En América Latina, las burocracias estatales tienen reducidas capacidades, son ineficientes y clientelares, es el sálvese quien pueda”, recalca el economista colombiano Javier García-Estévez. Añade que los intereses privados capturan las decisiones de los Estados y no siempre benefician a los ciudadanos, sino a ciertos grupos. “En América Latina falla el juego político. En Europa tramitan mejor las expectativas de la gente”.

Las causas del salto atrás tienen arraigo histórico. Al reseñar el libro Estructura histórica y política social de Colombia, de Fernando Guillén Martínez, Christian Robles-Báez destaca cómo la tolerancia a la exclusión proviene de la mentalidad elitista española, surgida en la Edad Media, cuando los siervos, por sus méritos religioso-militares, pudieron convertirse en nobles para dominar a sus congéneres. Foto: Felipe Cazares, Universidad de los Andes, Colombia.

Otra es la mirada de Fernando Huanacuni, abogado aymara, experto en cosmovisiones originarias y excanciller de Evo Morales. “El concepto de pobreza se enmarca en las lógicas occidentales, individualistas y consumistas. Pero la pobreza no es solo no tener en abundancia ni no disponer de capacidad de consumo, sino creer que tener más o consumir más conduce a la felicidad. La vida es un viaje sagrado cuyo tesoro más valioso son las experiencias relacionales. En eso consiste la riqueza”. En ese sentido, defiende las acciones de estos pueblos para reemplazar los Estados nacionales, incapaces de resolver los problemas de la gente, por Estados plurinacionales, cuyas constituciones giren en torno al concepto del buen vivir y la consecuente armonía entre lo individual, lo social y lo ecológico.

Cuál es la salida

Las causas y los efectos de la desigualdad y la pobreza son archiconocidos, pero ese saber no ha impulsado transformaciones que aplanen la pirámide. “Sabemos el mal y el remedio, pero no podemos ir a comprarlo”, apunta el economista peruano Eduardo Recoba, para enfatizar el papel de los grupos de poder con intereses particulares que se oponen a una gestión pública redistributiva.

A pesar de los devastadores efectos, la pandemia ha abierto paso a los consensos. Incluso las élites se han dado cuenta de que la intervención estatal es ineludible. Como dice el economista y politólogo boliviano Armado Ortuño “hay problemas comunes que no se pueden resolver desde su esquina y requieren la reivindicación de lo público. En los próximos 5 a 10 años se necesita más Estado, pero de nuevo cuño, mucho más eficaz, más cercano, más participativo. Tenemos que reconstruir servicios sociales universales; las soluciones no pueden ser encapsuladas o autoritarias sino más dialogadas, más transparentes”.

“Los sistemas de seguridad social se están repensando para fundarlos sobre bases más simples, como los preceptos de un mínimo de bienestar universal financiado con impuestos que garantice pensión e ingreso básico y que se focalice en la primera infancia, en las mujeres cabeza de hogar y en los adultos mayores”, sostiene el investigador Andrés Álvarez. Foto: Felipe Cazares, Universidad de los Andes, Colombia

Las soluciones deben moverse en dos autopistas. Por la de alta velocidad transitan las transferencias monetarias inmediatas, las medidas paliativas y de choque aplicadas desde comienzos del siglo, pero son insuficientes y exigen adoptar ya reformas tributarias, atacar la evasión y la elusión y focalizar mejor el gasto. La autopista de carriles lentos facilita el desarrollo de capacidades y la construcción de un sistema de seguridad social que impida el retroceso a la pobreza. Es la vía de la oferta, la de más y mejor educación y salud, de vivienda digna y saneamiento básico, de empleos formales, de seguros de desempleo…

La politóloga peruana Alexandra Ames propone identificar los factores de exclusión social y cerrar las brechas mediante estrategias diferenciadas con enfoque territorial. Pero eso no basta. También hay que reeducar a los tomadores de decisiones para que trabajen la cadena de valor en función de lo que el ciudadano debe recibir (indicadores de impacto), y no de los resultados intermedios (indicadores de proceso). Su idea es sencilla: cuando un gobierno pretende mejorar el rendimiento de los estudiantes en matemáticas, diseña programas para capacitar a los maestros. Pero al rendir cuentas, confunde los resultados intermedios con los finales, pues habla de cuántos docentes ha capacitado y no de si los muchachos mejoraron sus habilidades.

Para la investigadora argentina Analía Minteguiaga el camino correcto pasa por construir un régimen de bienestar en el que cada uno de sus proveedores desempeñe la función que le corresponde. Así, por ejemplo, el Estado debería ocuparse de proveer la infraestructura de protección social; el sector privado se enfocaría en formalizar el empleo; la comunidad, en fortalecer las agrupaciones barriales e impulsar las economías solidarias, y la familia, no solo a las mujeres, sino también los hombres, se centraría en el cuidado, las guarderías y los comedores comunitarios.

“Si algo deja muy claro la crisis es que si bien los países con intervención estatal fuerte pueden ser ineficientes en la forma como proveen los servicios, no hay manera de cerrar brechas entre ricos y pobres, entre privilegiados y no privilegiados, si no se da esta intervención”, recalca la economista boliviana Verónica Paz. Foto: Felipe Cazares, Universidad de los Andes, Colombia

La esperanza está en saber leer los nuevos contextos de explosión social de una ciudadanía más exigente y participativa que demanda, más que mejoras en el ingreso, igualdad de oportunidades. De no entenderlo así, Sofía, Yuri, Alexandra, Juan Diego y Jerónimo no serán clasificados como pobres, pero tampoco superarán la desigualdad.

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*Integrante de la Mesa Editorial de CONNECTAS