23 de junio 2022
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El exsecretario de la Presidencia de Juan Orlando Hernández, en Honduras, Ebal Díaz Lupián, cuya nacionalización por el régimen de Daniel Ortega se publicó el pasado 17 de junio, llegó a Nicaragua el 15 de febrero, según los datos migratorios del exfuncionario a los que tuvo acceso CONFIDENCIAL. La fecha de este último viaje de Díaz a Nicaragua –tan solo cuatro meses antes de la publicación de su nacionalización– confirma que gozó de un trámite “exprés” y de la protección del régimen orteguista, violando las leyes nacionales, que establecen para los centroamericanos el requisito de una estadía mínima de dos años en el país para solicitar la condición de nacional.
Los mismos datos migratorios, analizados por CONFIDENCIAL, también revelan que la esposa de Díaz, Jahel Rivera Pantoja, y su hija Salma Jahdai Díaz Rivera, llegaron a Nicaragua tan solo una semana antes recibir el mismo beneficio del exsecretario del expresidente Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos, acusado por delitos vinculados al narcotráfico.
Díaz Lupián entró a Nicaragua, a través del puente fronterizo de Las Manos, con su pasaporte número E766135, mientras su familia lo hizo el 11 de junio a través del Guasaule, a las puertas prácticamente de la resolución de Migración y Extranjería fechada dos días después y publicada el 17 de junio en la Gaceta.
Díaz publicó un tuit el 16 de febrero en que prometió regresar a Honduras, mientras se burló de sus críticos. “El 13 de enero salí a EUA-Mex y dijeron que huí, regresé; el 2 de febrero salí nuevamente y dijeron que huí y hasta me “mataron en México”, también regresé; ayer salí de nuevo y vuelven a decir que huí, pero regresaré pronto. Esto solo demuestra que les hago mucha falta 🥰❤️”, tuiteó.
El 13 de enero salí a EUA-Mex y dijeron que huí, regresé; el 2 de febrero salí nuevamente y dijeron que huí y hasta me “mataron en México”, también regresé; ayer salí de nuevo y vuelven a decir que huí, pero regresaré pronto. Esto solo demuestra que les hago mucha falta 🥰❤️ https://t.co/H35S0Uwagu pic.twitter.com/Uqzhqmd3vb
— Ebal Díaz (@EbalDiazHN) February 16, 2022
Los datos de Migración de Ebal Díaz y su familia también revelan que el régimen de Ortega habría mentido al asegurar en un documento oficial que otorgó la nacionalidad al exfuncionario desde el 13 de noviembre de 2020, cuando aún no estaba en el país y además se desempeñaba todavía como secretario de la Presidencia de JOH, quien entregó el poder a Xiomara Castro el 27 de enero de este año.
Otro exfuncionario de JOH beneficiado
Al exsecretario privado de Hernández, Ricardo Cardona, también le fue aprobada la nacionalización el 27 de octubre del año pasado, según la resolución de la DGME, antes que JOH dejara el poder.
Igualmente, la familia de Cardona recibió la nacionalidad el 13 de junio en otro trámite exprés como demuestra la documentación oficial de su esposa Claudia Mercedes Matute y su hijo José Ricardo Cardona Matute.
Este tipo de flexibilidades de Migración de Nicaragua con personeros cercanos al régimen ya han ocurrido en el pasado. Una investigación de CONFIDENCIAL denunció la docilidad de la dictadura de Ortega para beneficiar a exfuncionarios investigados por corrupción en sus países, mientras es abiertamente hostil contra los ciudadanos en general y opositores, víctimas del despojo de sus pasaportes, de la negativa de renovación de los mismos e incluso de destierro.
En la información, publicada por las autoridades de Nicaragua, se oculta en varios casos los años de residencia de los solicitantes. Esa información sería útil para determinar si los solicitantes cumplieron con los requisitos para obtener la nacionalidad, que es de cuatro años para cualquier extranjero y de dos para los centroamericanos. Con el caso de Díaz y Cardona se repite el patrón de falta de transparencia.
Canciller: “No hemos participado”
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, aseguró este jueves en Madrid que su Gobierno “no ha tenido ningún tipo de participación” en la concesión de la nacionalidad nicaragüense a los dos excolaboradores de Hernández, pero adelantó que si cometieron algún delito en el ejercicio de sus funciones "tendrán que responder ante la Justicia".
Reina hizo estas declaraciones en la Tribuna EFE-Casa de América celebrada en Madrid con motivo de su viaje a España para reunirse con autoridades españolas y tratar temas de importancia para su país como el de la inmigración.
“Es un tema complejo. Lo vemos como un proceso en el que estas personas realizan gestiones de acuerdo a la Administración nicaragüense y el Gobierno de Nicaragua decidió otorgarles nacionalidad”, indicó el canciller.
“Obviamente —prosiguió— esto sin perjuicio de que como funcionarios públicos cumplieron una función, son responsables de ella, y por lo tanto si hay temas ligados a posibles casos que surjan de sus funciones como funcionarios tendrán que responder por ello ante la Justicia hondureña o ante cualquier Justicia”.
A pesar de todo, Reina señaló que Honduras mantiene “un buen nivel de relaciones con Nicaragua y por ahora simplemente hay un proceso de investigación hacia casos de corrupción en el Gobierno anterior”.
Nicaragua, “refugio de acusados de corrupción”
El vicecanciller Antonio García, en declaraciones a Expediente Público, sostuvo que la decisión de Nicaragua “fomenta y promueve la impunidad”. “Mientras un corrupto sepa que habrá un lugar seguro donde irse a esconder su fortuna, nuestros pueblos tendrán el flagelo de la corrupción vivo y constante”, dijo.
Para el diputado del departamento de Cortés, el oficialista Héctor Samuel Madrid, se trató de un “acto de deslealtad contra el pueblo y Gobierno de Honduras”.
A título personal, Madrid lamentó la impunidad y que haya un pueblo burlado por funcionarios de una Administración –dijo en referencia a Hernández– que habría tenido vínculos con la narcoactividad.
El legislador cuestionó también a los principales operadores de justicia de Honduras que no tienen ningún proceso criminal contra los dos exfuncionarios nacionalizados.
Por su parte, la socióloga y exrectora de la Universidad Nacional de Honduras, Julieta Castellanos, dijo que con estas nacionalizaciones se envía el mensaje de que el régimen de Ortega está ampliando su “red de relaciones” en la que funcionarios investigados por corrupción encuentran un refugio en Nicaragua.
Para Castellanos, cuando se entregó la nacionalidad a los expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, la lectura inicial fue que se hizo para proteger a políticos que tenían afinidad ideológica. Sin embargo, con Díaz y Cardona parece que el fin es proteger a quienes son acusados, independientemente de sus banderas ideológicas.
“Las expectativas de combatir la corrupción se diluyen en Centroamérica, a los obstáculos internos producidos por Estados cooptados por redes de corrupción, se suman los obstáculos externos. Políticos y funcionarios están encontrando en Nicaragua un lugar donde refugiarse”, lamentó Castellanos.
“El régimen de Ortega amplía su red de relaciones, ahora no solo con la izquierda, sino que también con la derecha, que hasta hace poco les era hostil, y que ven con simpatía esta protección de Ortega”, dijo la exrectora
Carlos Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el capítulo hondureño de Transparencia Internacional, lamentó también que Nicaragua siga siendo el “refugio de corruptos de la región sin importar ideologías” y una evidencia de que el régimen de Ortega no tiene el más mínimo respeto a los ciudadanos.
Hernández agregó que cuentas bancarias, aseguradas por el Ministerio Público, demuestran que tanto Díaz como Cardona tenían capitales superiores a sus ingresos como funcionarios públicos.
“No extrañaría con respeto al pueblo nicaragüense pensar que pagaron mucho dinero para obtener la nacionalización”, agregó Hernández.
“Golpe a la imagen” de Xiomara Castro
Para Castellanos, lo ocurrido con las nacionalizaciones en Nicaragua es un golpe a la Administración de Xiomara Castro, cuyos lazos con la familia Ortega son públicos desde que fungía como presidente, el esposo de la mandataria, José Manuel “Mel” Zelaya, derrocado en 2009.
Castro fue una de los jefes de Estado que se negó a asistir a la Cumbre de las Américas, respaldando la demanda del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que condicionó su presencia en la reunión a que EE. UU. invitara a Cuba, Nicaragua y Venezuela, las tres dictaduras del Continente.
“Para la imagen pública, es un revés que mientras la presidenta Xiomara Castro no viaja a Cumbre de las Américas por la no invitación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el Gobierno de Nicaragua otorga nacionalidad a dos funcionarios de un régimen que por ocho años dirigentes del Partido Libre calificaron de narcodictadura”, explica Castellanos.
La exrectora dijo que no le sorprende el silencio de la Administración de Honduras sobre lo ocurrido como tampoco el voto de este país en Ginebra en la resolución de abril pasado, en la que intentaron cambiar su voto de “en contra” a “abstención”.
“Se percibe que al Gobierno de Libre no le disgusta esta acción del régimen de Ortega, pero sí les disgusta a muchos sectores en Honduras”, agregó Castellanos.
