8 de marzo 2016
AA
Managua.- La seguridad y el narcotráfico son dos temas prioritarios de Estados Unidos en Nicaragua, afirmó este lunes la embajadora del país norteamericano en Managua, Laura F. Dogu.
"Estamos trabajando con Nicaragua para enfocar en seguridad, y obviamente el tema del narcotráfico es uno de esos, y el lavado de dinero es parte de esto", dijo Dogu al ser consultada por periodistas sobre los principales temas que tratan ambos países.
Estados Unidos es el principal destino de la droga en el continente americano, y Nicaragua, por estar en el istmo de Centroamérica, es un paso obligado del narcotráfico. Un reciente informe del Gobierno de Estados Unidos reveló que el 90% de la cocaína que llegó al país en los primeros seis meses de 2015 pasó por Centroamérica.
"Estamos trabajando muy de cerca con el Gobierno de Nicaragua en esa área porque para los dos países es muy importante combatir este tipo de grupos de delincuentes", reiteró la embajadora.
En noviembre pasado Estados Unidos donó a Nicaragua 4,2 millones de dólares en equipos e infraestructura para establecer una base militar nicaragüense en el mar Caribe, que estará lista en 2017.
Nicaragua y Estados Unidos suelen realizar acciones coordinadas de lucha contra el narcotráfico en territorio nicaragüense. En su reporte del pasado 2 de marzo, el Gobierno de Estados Unidos indicó que las regiones norte y sur de la Nicaragua caribeña, escasamente pobladas y con un alto porcentaje de desempleo, representan un entorno favorable para los grupos criminales internacionales para realizar contrabando "de drogas, armas, dinero y personas".
No obstante, las autoridades estadounidenses aplauden el nuevo plan para luchar contra el narcotráfico que ideó Nicaragua en 2015, y consideran que la estrategia del muro de contención promueve un "esfuerzo coordinado" para impedir que los narcotraficantes entren en el país, según el informe.
Aunque en 2015 el volumen de cocaína incautado por las autoridades nicaragüenses estuviera por debajo de mínimos históricos, EE.UU. considera que la capacidad del país para llevar a cabo operaciones contra la droga está desafiada por sus "limitadas fuerzas de la ley e inteligencia" en regiones escasamente pobladas que son difíciles de controlar.
