3 de agosto 2022
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La amenaza del presidente Jair Bolsonaro a las elecciones del 2 de octubre en Brasil, anticipando un supuesto fraude electoral ante una eventual derrota ante Lula da Silva, representa una de las principales amenazas a la democracia en América Latina, considera Daniel Zovatto, director regional de IDEA internacional.
La campaña de Bolsonaro contra la credibilidad del sistema electoral, que pretende involucrar a la policía militar que depende de los Gobernadores, “representa la mayor amenaza para la democracia brasileña, desde el retorno de este país a la democracia, a mediados de los años 80 del siglo pasado”, afirma Zovatto.
El politólogo sostiene que desde noviembre del año pasado, “la crisis de Nicaragua se ha desplazado del centro de la agenda internacional a la periferia”, por otros fenómenos políticos como la invasión de Rusia a Ucrania, y sus consecuencias económicas en la región, así como por otros focos de tensión regional.
En la segunda parte de esta entrevista televisiva que se transmite este miércoles a las 8.00 P.M. en Esta Noche, Zovatto analizó algunos de los principales focos de conflicto regional, como las elecciones de Brasil, el estallido social en Panamá, la crisis económica en Argentina y la última oportunidad para la coalición gobernante peronista, y el “segundo tiempo” constitucional en Chile, después del plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución el próximo 4 de septiembre.
Brasil: Bolsonaro amenaza sistema electoral
Hablemos de las próximas elecciones y también de los principales focos de tensión que están pendientes en América Latina, este año. En Brasil, hay elecciones el dos de octubre, el favorito para regresar al poder es Lula da Silva; pero, el presidente Bolsonaro, que también es candidato, está anunciando de manera anticipada un fraude, como Donald Trump, en Estados Unidos. ¿Existe el riesgo de una en una crisis en las elecciones de Brasil?
En Brasil, en mi opinión estamos atravesando, quizás la situación más traumática, de mayor riesgo, de mayor amenaza para la democracia brasileña, desde el retorno de este país a la democracia, a mediados de los años 80 del siglo pasado.
Bolsonaro ha comenzado desde hace ya más de año y medio a denunciar anticipadamente que él no tiene confianza en el proceso electoral; en el mecanismo de votación, que es la urna electrónica, y que no tiene confianza en las autoridades electorales, el Tribunal Superior Electoral; y ha dicho que le van a hacer un fraude, si él pierde es porque le van a hacer un fraude, o sea, una denuncia anticipada de fraude.
El peor fraude que se está cometiendo en este momento en Brasil lo está haciendo el presidente Bolsonaro, denunciando un fraude inexistente, porque el proceso electoral en Brasil tiene todas las garantías; la urna electrónica que ya lleva más de 20 años de ser usada en todas las elecciones últimas, incluida con la que se eligió Bolsonaro, es muy fiable, es auditable, es segura; y el Tribunal Superior Electoral es un órgano independiente, imparcial y profesional, comprometido con garantizar un proceso electoral con todas las garantías.
El agregado de encuestas, de las principales 14 encuestadoras le están dando una ventaja a Lula de alrededor, entre 15 y 18 puntos; Lula acercándose al 50 más uno, pero todavía hay algunas con 46, 47%; y 15, 16, 17 puntos, 18 puntos por debajo está Bolsonaro, entre el 29, 30 y 31%. Hoy por hoy habría segunda vuelta, pero falta todavía más de dos meses. La campaña va a empezar ahora en agosto, y podría darse el escenario que Lula gane en primera vuelta. Si gana por una diferencia mínima, yo creo que ahí tenemos que estar preparados para un eventual denuncia, que podría hacer Bolsonaro, de irregularidad, y eso es lo que está (provocando) la máxima tensión a Brasil, incluida la posible búsqueda, de parte de Bolsonaro, de vincular a los militares o a la Policía Militar, que dependen de los gobernadores para sumarlos en su denuncia de un fraude, que vuelvo a decir, hoy por hoy no existe.
Panamá: ¿hay salida al estallido social?
En Panamá se produjo el más reciente estallido social, de otros que han ocurrido en América Latina, en Chile, en Ecuador, y en Colombia. El presidente Cortizo está promoviendo una negociación con los movimientos de protestas. ¿Cuál es el desenlace que puede preverse de esta crisis en Panamá?
Panamá se había librado del estallido de las protestas sociales que habíamos visto, desde el segundo semestre del año 2019, en muchos de los países de América Latina; de manera muy fuerte en Chile; en Colombia; en Ecuador; también lo vimos en Perú. Y en Panamá, de una manera u otra, no había vivido un estallido social como el que está viviendo, porque esto empezó hace más de tres semanas, y todavía no le han encontrado una salida negociada.
Hay una una mesa única de diálogo, con una agenda única de ocho puntos, en la que están participando el Gobierno, por un lado, y grupos sindicales, gremios y organismos de movimientos populares, por el otro lado. Los ocho puntos principales que están en la agenda, pasan desde la rebaja y el congelamiento de los precios de la canasta básica, que es el primer punto; la baja del combustible, que se ha fijado en 3.25 dólares el galón, se bajó de más de cinco dólares que estaba; una rebaja del precio de los medicamentos, y una rebaja del precio de la energía. Y después, los otros cuatro puntos es, cumplir con el 6% del PIB para la Educación; ir al resolver el problema serio que tienen de la Caja del Seguro Social; atacar el tema principal que tiene Panamá, que es corrupción, y finalmente crear una Mesa Intersectorial que dé seguimiento a todos estos acuerdos.
En este momento se está negociando. La Iglesia católica, similar a lo que ha hecho en Ecuador y en otros países, es la mediadora, pero los avances están siendo muy lentos para lograr acuerdos y consensos. Pero, el principal problema que está surgiendo es que el grupo de empresarios, el Consejo Nacional de Empresa Privada y la Gran Alianza Nacional, que integra más de 130 gremios del sector privado, no están sentados en la mesa y están denunciando que ese proceso de negociación, del cual ellos no forman parte, entre el Gobierno y los grupos sindicales y grupos populares, es ilegítimo; que no tiene contenido técnico; que tiene una suerte de monólogos, más que de un diálogo; y cuyas decisiones, que van a salir de ahí, van a afectar el Consejo Privado en materia de implementación, y ellos no están de acuerdo. Así que, ahí le tenés que agregar todavía un elemento adicional a este conflicto, el más serio que está viviendo Panamá desde el retorno a la democracia en 1990.
Argentina: la última bala de plata de Fernández
En Argentina hay elecciones presidenciales en 2023, pero hoy todo está centrado en el desenlace de una crisis interna entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que ahora pretende saldarse con el nombramiento de un superministro económico, también del partido de Gobierno, Sergio Massa. ¿Cómo puede impactar esto en la crisis económica, y en las elecciones de 2023?
Argentina tiene un sistema presidencial, por la Constitución, pero en los hechos de facto ese sistema presidencial se convirtió en una suerte de un vicepresidencialismo de facto. Porque tiene más poder la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, que el actual presidente Alberto Fernández, cuyo capital político se ha venido disminuyendo significativamente, y hoy es un presidente tremendamente débil.
Recuerde que fue Cristina Fernández de Kirchner, como candidata a vicepresidente, quien designó al candidato de presidente, y no al revés, como ocurre en los sistemas presidenciales.
Esa tensión que se vivía en el seno del Poder Ejecutivo en Argentina hizo explosión, y eso derivó en una situación de una crisis económica que como el cuadro este de Goya, de Saturno devorando a su hijo, se comió, se devoró a dos ministros de Economía: (Martín) Guzmán el que había negociado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y (Silvina) Batakis, una ministra que duró apenas 22, 23 días. O sea, en un mes Argentina se devoró dos ministros de Economía, y esto colocó en una corrida del dólar, en una situación muy peligrosa que se le podía ir por completo de las manos, y lo saldaron designando a Sergio Massa, que es la tercera figura importante de esta coalición de gobierno, que ocupaba la presidencia de la Cámara de Diputados, como un megaministro de Economía, que concentra el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, y creo que en algún momento también le darán quizás el tema de obras públicas, como un intento último, la última bala de plata de Alberto Fernández de salvar su Gobierno, pero debilitado aún más, porque por un lado tiene a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y por otro lado, tiene a este superministro, en un país que va a las elecciones presidenciales en octubre del año que viene.
Lo que vaya a pasar en esas elecciones va a depender de qué pasa si este superministro, Sergio Massa, tiene éxito en estabilizar la economía; generar confianza; darle liquidez a un país que, en este momento, tiene escasez de dólares, y generar una suerte de estabilización que le permita al Gobierno llegar en las mejores condiciones posibles a las elecciones de octubre. Si esto fracasa, yo creo que vamos a una espiral inflacionaria que va a generar una espiral política, y podría poner al Gobierno del presidente Fernández en una situación muy complicada, tanto en el terreno económico como en el terreno político.
Chile: a segundo tiempo constitucional
En Chile, que para muchos ha sido siempre visto como una especie de laboratorio de cambios en América Latina, en septiembre hay un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución que redactó a lo largo de todo un año, la Constituyente que surgió del estallido social, y todo indica que el rechazo a la Constitución podría ganar. ¿Cuáles son las consecuencias de una u otra decisión?
En el segundo semestre del año 2019, el estallido social más significativa fue la (protesta) chilena, en octubre de 2019, que realmente complicó muchísimo al Gobierno de aquel entonces, el presidente Piñera, y se buscó una salida institucional a esa crisis social, que fue un acuerdo de la mayoría de los partidos políticos para resolverlo en consulta a la ciudadanía, si quería o no, una nueva Constitución que reemplazara la Constitución pinochetista de 1980, si bien esa Constitución después tuvo numerosas reformas; o si querían seguir con esa Constitución.
Se hizo un plebiscito, el pueblo votó, y abrumadoramente, con el 80%, dijo queremos una nueva Constitución; se hizo una nueva elección para elegir a los convencionales constituyentes que iban a elaborar ese nuevo texto, y durante un año esa convención constitucional elaboró un nuevo texto que se va a someter ahora a un plebiscito de salida con voto obligatorio, el 4 de septiembre.
De momento el rechazo le viene ganando al apruebo por un margen, que se va estrechando cada vez más, hace unos meses el rechazo tenía mucho más apoyo que la aprobación. Ahora, el rechazo le gana por seis, siete puntos, y esto podría acercarse aún más, por lo tanto, el resultado es incierto.
Pero, gane el rechazo el 4 de septiembre o gane el apruebo, de la nueva Constitución, el 5 de septiembre Chile no va a haber resuelto su problema, porque en ambos casos va a arrancar un segundo tiempo constitucional. Si se aprueba la nueva Constitución hay muchos temas dentro de esa Constitución que requieren de reformas, porque el nivel de consenso con el cual se lograron esos acuerdos ha sido bajo en la sociedad: por ejemplo, en materia del sistema político; en materia del reconocimiento de las poblaciones indígenas; por ejemplo, en materia de la justicia. Y si gana el rechazo, yo creo que tampoco es viable decir, —bueno volvemos a la Constitución de 1980 con sus modificaciones, y se cierra el problema—, porque esa Constitución ya se quedó sin oxígeno y, por lo tanto, habrá que buscar qué mecanismos: unos dicen, otra convención constitucional; otros dicen, un grupo de expertos que elabore un proyecto; otros dicen, que el Congreso actual haga una reforma y que todo eso se someta a la ciudadanía en un nuevo referéndum.
En ambos escenarios Chile entra en un segundo tiempo constitucional, en ambos casos, muy complejos, donde se va a tratar de reformar, o la nueva Constitución o la vieja Constitución, para lograr que el texto que se termine de aprobar refleje una amplia mayoría, cosa que hoy no lo tienen ni la Constitución de 1980 ni el nuevo texto.
