20 de septiembre 2022
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Jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, mediante acciones que fueron ordenadas directamente por el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores más próximos, denunció este martes la ONU.
“El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (...) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia”, señaló una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela.
“El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, afirma un extenso informe que la misión presentó a la prensa.
Este informe, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo día 26, ahonda en los hallazgos que esta misma misión expuso en 2020 y ahora se centra en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En el caso del Sebin, el informe señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón; y a su número dos en ese periodo, Ronny González.
En la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
Otros cuatro responsables de estos abusos, a menudo cometidos por ellos en persona, son mantenidos en el anonimato por el informe para “evitar que sean utilizados como chivos expiatorios mientras funcionarios a más alto nivel huyen de la rendición de cuentas”.
Órdenes de Maduro y Cabello
No obstante, se precisa que las actuaciones de todos ellos eran el producto de órdenes directas de Nicolás Maduro y, en el caso del Sebin, también de Diosdado Cabello, su primer vicepresidente.
“Los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión actuando solos dentro del Sebin y la Dgcim. Estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad fueron parte de una política deliberada del Gobierno para silenciar, y sofocar a la oposición”, enfatiza el informe.
La misión ha documentado los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros de la Dgcim, especialmente en su sede principal en Caracas (conocida como Boleíta) y 51 por parte de agentes del Sebin, principalmente en el Helicoide, contra opositores, periodistas, manifestantes y activistas.
Aunque los casos denunciados pertenecen especialmente a los años 2017, 2018 y 2019, las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy, manteniéndose las mismas estructuras, patrones y prácticas, afirma la misión, dirigida por la jurista Marta Valiñas.
Las torturas chavistas
Los abusos que se describen en el informe, elaborado en base a 246 entrevistas confidenciales a víctimas, familiares y exfuncionarios, incluyen golpes con objetos tales como bates o mesas, asfixias con bolsas de plástico o humo de granadas, descargas eléctricas a los detenidos o violaciones, algunas con palos de madera.
También se denuncia el uso de la “señorita”, un dispositivo de tortura mediante la introducción de la víctima en tanques de agua, abusos psicológicos denominados “tortura blanca”, amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos, o colocación de alfileres debajo de las uñas.
Aunque el periodo con más detenciones en estos centros fue el comprendido entre 2016 y 2019, “las violaciones en ambas agencias continúan hoy en día, en un clima de total impunidad”, hasta el punto de que muchos de sus autores han sido ascendidos en años recientes, añadió el miembro de la misión de la ONU, Francisco Cox.
El informe aporta pruebas de al menos 93 detenidos por el Sebin y 122 por la Dgcim, de los que se torturó al menos a 51 y 77, respectivamente, y los testimonios permiten concluir que al menos 70 personas continúan detenidas en el Helicoide y entre 15 y 20 en los sótanos de Boleíta, ambos situados en la capital caraqueña.
Participación de cubanos
También revela que agentes cubanos instruyeron y participaron en actividades de contrainteligencia de la Dgcim, o que miembros de las dos agencias extorsionaron a detenidos solo por dinero o robaron directamente en sus domicilios.
Nicolás Maduro “participó en la selección de los objetivos” de estas agencias, que incluyeron militares, políticos opositores, periodistas, activistas de derechos humanos y participantes en protestas contra el Gobierno, siempre según el documento.
Muchas detenciones se llevaron a cabo con numerosas irregularidades, como la falta de órdenes de arresto o la colocación de pruebas falsas en el domicilio de los objetivos, a lo que siguió el uso de la tortura para presionar a los detenidos.
Las víctimas estuvieron detenidas días, incluso semanas, a menudo en celdas sin luz natural ni baño, teniendo que hacer sus necesidades en bolsas o botellas, aunque en el caso del Sebin a cambio de dinero podían acceder a zonas con más “privilegios”, revela el informe.
La misión tripartita de la ONU, que incluye a Valiñas (Portugal), Cox (Chile) y a la argentina Patricia Tapattá, confía en que su informe ayude a la rendición de cuentas por estos abusos, ya sea dentro de Venezuela —algo complicado por la falta de independencia judicial que ellos mismos denuncian— o a nivel internacional.
En este caso, Cox recordó que la Corte Penal Internacional abrió el año pasado investigaciones sobre Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad, aunque el Gobierno de Maduro ha presentado recursos para paralizar el caso.
La misión investigadora de la ONU termina su mandato de dos años este mismo mes, y el Consejo de Derechos Humanos deberá decidir en su actual sesión si lo renueva (para ello necesita la mayoría de sus 47 miembros, entre los que se encuentra la propia Venezuela).
