25 de agosto 2019
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El alcalde del liberal, Apolonio Fargas, se encuentra refugiado en Costa Rica tras la persecución política del régimen de Daniel Ortega. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) confirmó este domingo que el alcalde está en el vecino país desde el 9 de agosto, día en que paramilitares y miembros de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía del régimen allanaron su oficina en la Alcaldía de Mulukukú y también su casa, por una supuesta auditoría.
Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, confirmó que Fargas salió del país por puntos ciegos. Desde su excarcelación, bajo la Ley de Amnistía aprobada por el orteguismo en la Asamblea Nacional, el alcalde manifestó a los organismos de derechos humanos un constante asedio y amenazas.
“La persecución y el asedio contra don Apolonio nos hizo sospechar que había una trama para regresarlo a la cárcel. Ante la sinrazón no le quedó más que irse al exilio. Él está elaborando su denuncia para hacérnosla llegar a nuestro correo”, aseguró Cuevas.
Fargas entregará la denuncia a la CPDH este lunes. A pesar de que este organismo tiene personería jurídica y una filial en Costa Rica, no cuentan con estructura administrativa. Anteriormente operaban gracias al apoyo de voluntarios. Cuevas afirmó que están en el proceso de resolver esta situación.
Policía Nacional allana sin ninguna orden la alcaldía de Mulukukú. Cortesía | Confidencial
La supuesta auditoría fue la excusa de la Policía para allanar la Alcaldía de Mulukukú. El abogado de la CPDH explica que días antes del registro, Fargas había solicitado una prórroga de quince días a la Contraloría, pues acaba de asumir la Alcaldía y argumentaba que quería organizar la administración y disponer de equipos para colaborar en la auditoría.
“Conocemos esta carta que mandó el alcalde, pero no la respuesta de la Contraloría”, aseguró Cuevas a CONFIDENCIAL. “Luego simplemente llegó la DAJ desde Managua y allanaron de manera simultánea la casa del alcalde y la alcaldía, y comenzaron a extraer información”.
Lo único que se sabía de Fargas, en ese momento, es que estaba resguardado y no lo habían capturado. Los trabajadores municipales aseguraron que los apuntaron con fusiles AK-47 y los obligaron a tenderse en el piso. El alcalde había retomado sus labores hace más de un mes, tras ser excarcelado del supuesto asesinato de tres policías, el 11 de junio de 2018.
“Los excarcelados no tienen vida”
Para el abogado de la CPDH, esta es un situación que pasa con la mayoría de presos políticos tras su excarcelación. El exilio es la única opción para evitar ser nuevamente apresados por el régimen orteguista.
“A nuestras oficinas nos llegan denuncias, donde nos dicen que prácticamente no tienen vida, porque en sus casas tienen a civiles armados, a los del Consejos del Poder Ciudadano (CPC), y a secretarios políticos que los vigilan”, agregó.
Además de esto, no existe la intención de reparar a la mayoría de excarcelados que enfrentaron juicios políticos fabricados por fiscales del régimen.
“A esto le llaman de manera abusiva ‘no repetición’ en la Ley de Amnistía. Los ciudadanos que fueron dañados por el Gobierno están siendo perseguidos por esa ley inconstitucional, bajo ese artículo de ‘no repetición’”, explicó Cuevas.
