28 de agosto 2020
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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este viernes que “no hay forma de que incorpore o reincorpore a una persona que enfrenta 61 acusaciones pendientes”, en referencia al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão. Además, tildó de “encubridores activos” a los representantes del organismo regional que demandan la renovación del activista brasileño.
El diplomático uruguayo, recientemente reelecto en el cargo, calificó como “campañas de desinformación” las denuncias realizadas por la CIDH, que asegura hay un “ataque” contra su autonomía e independencia ante la no renovación de Abrão.
En un comunicado, Almagro enumeró que las denuncias contra Abrão son por: conflicto de intereses, trato diferencial, grave deterioro en el nivel de transparencia de los procesos, represalias y violaciones del código de ética, impunidad por acusaciones de acoso sexual.
La comisionada Antonia Urrejola, vicepresidenta de la Comisión, en una entrevista en el programa Esta Noche y CONFIDENCIAL, afirmó que la postura de Almagro es una “decisión política”, ya que las denuncias señaladas por el diplomático uruguayo, como argumento para no renovar el contrato de Abrão, se dieron el año pasado y no se especificó contra quienes iban dirigidas y, aparentemente, estaban resueltas con la aplicación de una serie de recomendaciones emitidas por la Ombudsperson.
Sin embargo, días previos a la renovación de mandato de Abrão, en enero de 2020, conocieron de un informe de la Ombudsperson, donde señalan una serie de denuncias que ya habían sido ventiladas y, supuestamente, resueltas en 2019, por lo que esto no les impidió renovar el mandato del secretario ejecutivo, ya que no había ninguna investigación, no se le había notificado como supuesto implicado y el documento tenía vacíos que no especificaban ni el número denuncias ni contra quiénes iban dirigidas.
"En ese informe no hay una precisión de cuántas denuncias hay, no hay precisión contra quién son las denuncias... y en ningún momento habla de que hay tantas denuncias contra el secretario ejecutivo”, afirma Urrejola.
Sin presunción de inocencia
Para la vicepresidenta de la CIDH, la Secretaría General de la OEA debe renovar primero el contrato de Abrão, pues como organismo ya habían decidido "de forma unánime" renovar su mandato desde enero, y luego realizar las investigaciones pertinentes de las supuestas denuncias, determinar las responsabilidades y, posteriormente, como CIDH tomarían una decisión.
Urrejola sentenció además que como defensores de derechos humanos rechazan que Abrão reciba lo que ya consideran una "sanción de facto", por parte de la Secretaría General de la OEA, ya que no se le ha realizado el debido proceso de investigación y no se le ha aplicado el principio de presunción de inocencia.
Sin embargo, para el secretario general de la OEA, "más allá de la presunción de inocencia" lo que está haciendo la CIDH "es desconocer la gravedad de estas denuncias", porque —según él— estos ya las conocían y tuvieron "más de un año para materializar esta presunta inocencia mediante la transmisión de los informes presentados por la Defensoría del Pueblo a los mecanismos correspondientes de la OEA".
Autonomía "no se verá afectada"
Almagro aseguró además que "no tiene interés ni deseo de participar en la designación del próximo secretario Ejecutivo", aunque se niega a renovar el contrato de Abrão, pues valora que la CIDH no está considerando a la persona "más idónea" para el cargo.
"Espero la mayor responsabilidad de la CIDH en este proceso, y que la persona elegida para la Secretaría Ejecutiva sea una persona moral y profesionalmente idónea para el desempeño de las funciones del cargo... Por otro lado, nos llama la atención el hecho de que consideren que la persona más idónea para el cargo es alguien que enfrenta 61 denuncias pendientes, lo que revela una situación muy grave", criticó Almagro.
Agregó que considera "sumamente grave desconocer estos derechos, desconocer las denuncias, intentar imponer al imputado por un nuevo período... Eso ya no es complicidad pasiva; es un encubrimiento activo. Todo esto en nombre de algo que nunca ha estado ni estará en juego: la autonomía e independencia de la CIDH".
Urrejola explicó que Almagro, efectivamente, está lesionando la autonomía y la independencia del organismo desde el momento que usa su poder para no renovar el contrato de Abrão, interponiéndose en la decisión que la Comisión había tomado desde enero pasado.
La comisionada asegura que, tras la renovación del mandato del secretario ejecutivo que hicieron en enero de 2020, no hubo "ninguna" objeción de los estados y tampoco de Almagro.
La vicepresidenta de la Comisión advirtió que, en caso que este problema que ataca la autonomía de la CIDH no se resuelva a través del diálogo con Almagro, podrían llegar hasta la Asamblea General de la OEA, señalando que ya han tenido conversaciones con algunos embajadores, para que los ayuden a buscar una solución "amigable".
Abrão jugó un papel relevante en la crisis en Nicaragua, donde más de 325 ciudadanos fueron asesinados, miles fueron heridos y centenares fueron detenidos y torturados, durante las protestas que estallaron en 2018 contra el Gobierno de Daniel Ortega. La CIDH se convirtió en el organismo internacional de referencia con una misión en el terreno, que fue posteriormente expulsada del país.
