3 de diciembre 2020
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En el informe sobre las “Personas privadas de libertad en Nicaragua”, divulgado este dos de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA encabeza sus 27 recomendaciones al estado de Nicaragua con la demanda de liberar a los 109 presos políticos que se encuentran en las cárceles, por participar o apoyar las protestas sociales que estallaron a partir del 18 de abril de 2018.
La jurista chilena Antonia Urrejola, Relatora de la Comisión para Nicaragua, explicó en una entrevista en el programa Esta Noche la responsabilidad del sistema judicial en más de 1614 detenciones arbitrarias. “El Poder Judicial ha facilitado y avalado la persecución y criminalización” de los opositores, “no ha habido una investigación real de las acusaciones que les hacen sin pruebas” y los casos de más de 300 personas “asesinadas durante las protestas sociales tampoco han sido investigados y están en la impunidad”, dijo Urrejola.
La Comisionada señaló que a través de 266 testimonios directos de personas que estuvieron en las cárceles, la CIDH ha documentado graves violaciones a los derechos humanos de los presos políticos que incluyen “tratos crueles, inhumanos, y también un patrón sistemático de violencia sexual contra las mujeres”, y advirtió que los detenidos han sido usados “como moneda de cambio”, en las negociaciones políticas.
“En Nicaragua hay un estado policial con el cierre de todos los espacios democráticos”, afirmó Urrejola, al describir la última etapa de la represión estatal que predomina desde hace dos años. “No puede haber elecciones libres y democráticas sin espacios democráticos”, la CIDH “tiene una voz respecto de elecciones libres, pero la sociedad nicaragüense debe presionar para que se abran los espacios democráticos”.
Este informe sobre los derechos humanos de los privados de libertad en Nicaragua, asegura que después del 18 de abril de 2018, 1614 personas han sido detenidas arbitrariamente por su participación o por su apoyo a la protesta cívica. ¿Cómo llega la CIDH a este dato, que el Gobierno de Nicaragua nunca ha revelado?
Esa cifra es una fracción de lo que nosotros estimamos que son las personas que han sido privadas de libertad desde la crisis de 2018, a través de la información parcial que nos ha dado el Estado en estos últimos años, junto con los datos de otros organismos internacionales, los testimonios de víctimas y las cifras de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros entendemos que esa es una fracción de la realidad, y no es la cifra total.
El informe de la CIDH dice que al 31 de mayo había al menos 80 presos políticos, pero los familiares hoy dicen que hay más de 100.
Sí, efectivamente, el cierre del informe es al 31 de mayo. Yo, antes de esta entrevista, hablé con el Meseni para ver qué cifras tenemos hoy. Incluyendo los hechos en Wiwilí, de este chico (Dorling Montenegro) que fue detenido el fin de semana, nosotros estimamos al día de hoy 109 personas detenidas, y eso es bastante preocupante. Si usted ve desde el 31 de mayo a la fecha de hoy, ha habido en los últimos meses una intensificación de personas detenidas por razones políticas, considerando que además estamos en tiempo pandémico y covid, donde la gente, además, está saliendo mucho menos, se está cuidando y tomando distanciamiento social.
¿Cuáles han sido los patrones dominantes de estas detenciones y quiénes son los perpetradores, los ejecutores de esta acción promovida por el Estado?
El informe abarca toda la represión, las detenciones arbitrarias desde abril de 2018 hasta el 31 de mayo, y los patrones son tanto detenciones masivas, sobre todo en los primeros meses de las protestas sociales; luego tenemos un patrón selectivo, donde se está persiguiendo dirigentes opositores; y posteriormente detenciones reiteradas, gente que ha sido detenida, sujeta a prisión preventiva, que luego es liberada y nuevamente es detenida.
Hay distintas etapas en las detenciones y prisión política en Nicaragua, como una manera también de silenciar a aquellos que ejercen liderazgos en la oposición y en las organizaciones de derechos humanos, a través de un uso desproporcionado de la fuerza.
Cárceles: Maltratos y violencia sexual
Hay un capítulo sobre las condiciones carcelarias de los detenidos, que está basada en testimonios: se habla de maltratos, de actos de crueldad, de celdas de aislamiento, y también de tortura, e incluso, sexual. ¿Estos testimonios los brindaron a la CIDH de manera directa los excarcelados o son obtenidos de forma indirecta?
La Comisión tiene testimonios de organizaciones de la sociedad civil, de familiares, y de otras organizaciones internacionales, pero nosotros hemos tomado para hacer este informe 266 testimonios directos de personas que estuvieron privadas de libertad, testimonios directos que el equipo del Meseni pudo tomar en persona, y a partir de estos testimonios directos (conocimos) testimonios de tratos crueles, inhumanos, y también tuvimos testimonios de parte de mujeres que fueron objeto de violencia sexual; y también algunos de violaciones sexuales.
¿Cuál es su valoración sobre este sistema carcelario, en el que también está incluido en el informe el asesinato del reo Eddy Montes, el 16 de mayo de 2019? ¿Esto es un sistema de castigo? ¿Hay tortura?
Hay que hacer dos distinciones: en primer lugar, sin lugar a dudas, la situación carcelaria en Nicaragua en general es bastante común en relación a otras cárceles de la región, que es la situación de hacinamiento en las cárceles, donde hay una inadecuada ventilación, la falta de acceso a luz solar, la falta de acceso a comida adecuada, la falta de acceso a la salud pública, es una situación que vemos en general en las cárceles del continente, y Nicaragua no es una excepción.
Pero lo que sí vemos respecto de los presos políticos en Nicaragua, que hay un sistema de represalias respecto a las personas que han sido detenidas por su apoyo o su participación en la protesta social; una situación de castigo y regímenes de aislamiento a quienes participaron en la protesta social, quienes se quejan por las situaciones carcelarias o se quejan del Gobierno, son sujetos a aislamiento, sin criterio. En todas las cárceles hay regímenes de aislamiento como una situación de castigo, pero aquí no hay criterios objetivos, simplemente por represalias y sanciones; hay denuncias de tratos crueles e inhumanos, que pueden alcanzar a torturas; no existe un patrón sistemático de tortura, lo tengo que decir, pero sí, tratos crueles e inhumanos.
Sí tenemos, en el caso de las mujeres, un patrón sistemático de violencia sexual, es común en los testimonios de las mujeres detenidas que son desnudadas, que son sometidas a sentadillas desnudas. Obviamente el hecho de tener que hacer sentadillas desnudas, son tratadas de manera sexualizada; con tratos verbales, denostando su calidad de mujeres; hay amenazas permanentes que van a ser violadas, y un trato de violencia sexual permanente hacia las mujeres.
Hay denuncias concretas de violación sexual, no como patrón sistemático respecto a las mujeres, pero sí de violencia sexual permamente. Quiero hacer la distinción. Sí de tratos crueles e inhumanos, y amenazas permanentes respecto de los presos políticos; despojo de pertenencias, castigo, amenazas respecto a los familiares que están afuera, suspensión de visitas. Un juego permanente respecto a los presos políticos
El informe describe la respuesta del sistema judicial nicaragüense, que a muchos de los detenidos les atribuyó el delito de terrorismo cobijado sobre una acusación todavía más amplia de que habrían participado en un supuesto intento de golpe de Estado. ¿Hay algún indicio, en los hechos, que justifique estas acusaciones de parte del Estado?
No, lo que nosotros vimos desde nuestra visita, mayo de 2018 en adelante, del informe del propio GIEI, de información de la propia Oficina de la Alta Comisionada (de la ONU), que también estuvo en Nicaragua, lo que nosotros vimos, sobre todo en las acusaciones que se hicieron durante el primer año en el contexto de las protestas, a la gente se le detenía sin cargo, sin exhibición de orden judicial, estando detenidas por días o incluso meses, sin ser puestos ante los tribunales de justicia, sin saber de qué se les acusaba claramente; con acusaciones falsas, montadas, de hecho, había formatos que se iban repitiendo respecto de cada uno de los detenidos, con pruebas infundadas. El sistema judicial fue parte de todo este proceso de acusaciones infundadas, y está claramente demostrado a través de los testimonios, a través de los mismos documentos que los abogados defensores nos entregaron a nosotros, también, esto fue todo un montaje también del propio sistema judicial, y eso está claramente acreditado.
Justicia: impunidad y criminalización
¿Se ha hecho por parte del Estado en Nicaragua alguna investigación sobre los asesinatos que se le atribuyen a policías o a grupos parapoliciales, o sobre estas detenciones arbitrarias?
No. Y el informe lo que señala es eso, que por una parte el Poder Judicial ha facilitado y avalado la persecución y criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos, de los estudiantes, de los opositores; ha sido parte de la persecución a la oposición en Nicaragua, ha avalado toda esta persecución por parte del Ejecutivo; y no habido ninguna investigación real y efectiva respecto de las propias acusaciones que se les hacen; hay gente que ha sido, además, condenada de manera muy eficiente, entre comillas, con una rapidez increíble, con penas absolutamente desproporcionadas a los delitos por los cuales se les acusan, sin pruebas.
En paralelo vemos, que todas las personas que fallecieron durante la grave crisis de derechos humanos, que son 328 personas ejecutadas extrajudicialmente en su gran mayoría, no ha habido ninguna investigación ni sanción respecto de esas personas que fueron asesinadas durante las protestas sociales. Por lo tanto, hay un conjunto de personas, que en el contexto de las protestas sociales, han sido detenidas, acusadas sin derecho una debida defensa, y han sido sancionadas con penas absolutamente desproporcionadas; y luego, quienes han sido asesinados, y sus familiares no han obtenido la justicia como corresponde, lo que demuestra es que el Poder Judicial ha sido parte de toda esta criminalización contra la protesta, por una parte, y la impunidad por otra parte, y demuestra es que no hay una debida independencia, que es parte fundamental de una democracia.
En el informe la CIDH dice que los privados de libertad han sido usados por el Gobierno como una especie de moneda de intercambio o de negociación. ¿Qué quiere decir eso?
Lo que nosotros vimos durante el año pasado y el antepasado, que hubo varias excarcelaciones de presos políticos, pero hubo una suerte de utilización de las negociaciones que hubo en un momento dado, y se utilizaron a los presos políticos para, entre comillas, avanzar en estos diálogos con listas, que nunca había claridad de quienes estaban en las listas cuándo se iban a liberar estos presos, lo que generaba, además, una angustia horrible tanto en los presos como también en su familiares, no era claro cuáles eran los criterios, quienes iban a ser liberados.
Y eso era también un juego en los diálogos políticos que estaba teniendo la oposición con el Gobierno, y se utilizaba poniendo a las personas como moneda de cambio, lo que sin lugar a dudas, generaba una angustia, y, además es contra la dignidad humana de los presos y sus familiares, al final del día, más allá de que muchos de ellos fueron liberados en este contexto, pero claramente sin ninguna transparencia, sin ningún criterio y como moneda de cambio.
En efecto, en el primer semestre de 2019, 493 detenidos fueron excarcelados, otros 90 en diciembre de ese año. El informe también habla sobre la situación de los excarcelados.
El informe habla de la situación de los excarcelados, y cómo los excarcelados una vez liberados, siguieron siendo perseguidos, estigmatizados en sus casas, paramilitares los esperaban afuera, les rayaban las casas; por lo tanto, de siguieron siendo hostigados, amenazados, y algunos de ellos volvieron a ser privados de libertad; por lo tanto, ahí también la situación de amenaza, hostigamiento continúo; continuaron siendo acusados de vandálicos, terroristas, y todos los otros adjetivos que les fueron puestos al comienzo de las protestas, y muchos de ellos volvieron a ser, además, privados de libertad, con todos los efectos psicológicos que ello conlleva también, para ellos y sus familiares.
Estado policial y elecciones
Usted mencionaba distintas etapas de la violencia estatal y la represión en Nicaragua, y el informe habla que desde finales de 2018 se impuso lo que describen como un estado policial. ¿Qué es un estado policial?
Nosotros hemos hablado de las distintas etapas, y el estado policial para nosotros ha sido (cuando) todos los espacios democráticos se han ido cerrando: primero fue esta brutal represión, donde la manifestación fue brutalmente reprimida; donde hubo ejecuciones extrajudiciales; luego, lo que sucedió con los tranques; y finalmente, donde cualquier tipo de protesta era reprimida, se juntaban diez personas, llegaba la Policía o los paramilitares, y no era posible ni siquiera tirar un panfleto.
Luego, la persecución a la prensa donde muchos periodistas, incluyéndolo a usted, tuvieron que dejar el país simplemente para poder salvar su vida, donde además los bienes de la prensa fueron confiscados hasta el día de hoy. Posteriormente, las personalidades jurídicas fueron dejadas sin efecto, muchas organizaciones de la sociedad civil, hasta el día de hoy, no tienen personalidad jurídica, los bienes confiscados; vemos como canales de televisión, los pocos que van quedando, siguen siendo perseguidos, como Canal 12.
Es decir, un estado policial va cerrando cualquier espacio de oposición, de disidencia en el espacio público: sea la protesta en la calle; sea la disidencia pública a través de la prensa; sea la disidencia través de las redes sociales; y eso incluye la calle, la vereda, donde la gente pueda juntarse un grupo y tirar un panfleto.
Y eso es lo que hemos visto en los últimos años en Nicaragua, y el estado policial también incluye que gente que ejerce cualquier tipo de liderazgo, sea liderazgo social a través de derechos humanos, sea un liderazgo periodístico, sea un liderazgo empresarial, tiene gente afuera de su casa que lo persigue para ir al supermercado, aunque no le haga nada, simplemente una sombra que está permanentemente encima diciendo estamos mirando: eso es un estado policial, el que el Estado sepa lo que uno hace, con quién se junta, dónde va, con quién se reúne: eso es un estado policial, y eso es lo que está pasando hoy día en Nicaragua.
El informe tiene 27 recomendaciones, empezando por la demanda al Estado de que ponga en libertad a los privados de libertad, que cesen las detenciones arbitrarias, que se investigue y se sancione a los responsables de malos tratos y torturas en el sistema penitenciario. Pero ¿a quién están dirigidas estas recomendaciones? ¿Al Estado de Nicaragua, que expulsó a la CIDH del país hace dos años, a la sociedad nicaragüense, o a la comunidad internacional?
La Comisión Interamericana tiene competencia respecto a los Estados, nosotros hacemos recomendaciones al Estado, tenemos un mandato respecto del cumplimiento de la Convención Interamericana y los tratados internacionales ratificados por los Estados, y nuestro mandato es respecto del Estado, y lo representa el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
(Hay un) Gobierno de turno, pero el Gobierno no es solo el Ejecutivo, es el Legislativo y el Judicial, nuestras recomendaciones van a las distintas ramas del Estado. Yo entiendo, cuando hay un Estado que no cumple con las recomendaciones, la sensación de frustración permanente sobre el rol de la Comisión, pero, yo no trabajaría en derechos humanos sino no creo que en algún momento el péndulo da vuelta, y las recomendaciones que hace la Comisión están ahí, quedan ahí, y en su momento llega un gobierno, o un Poder Judicial o un Poder Legislativo, un Poder Ejecutivo, que finalmente hace suyas las recomendaciones y empieza a cumplirlas.
Y, por otro lado, la sociedad civil con las recomendaciones de la Comisión Interamericana también tiene una herramienta para presionar, estableciendo un camino por dónde ir en materia de derechos humanos.
En noviembre del próximo año, de acuerdo a la Constitución de Nicaragua, deberían celebrarse elecciones. El país tiene hoy más de 100 presos políticos, están conculcadas las libertades, y se demandan reformas electorales. Pero mucha gente dice ¿cómo puede haber elecciones libres si no hay libertad de reunión o libertad de movilización?
La OEA estaba trabajando antes de la crisis con el Estado en las reformas electorales, pero no puede haber elecciones libres y democráticas sin espacios democráticos donde se puedan expresar las distintas candidaturas, distintas ideas, de manera libre, sin presiones, y por lo tanto, si no hay espacios democráticos, si no hay prensa libre, si las distintas candidaturas no pueden expresarse como corresponde, si no hay garantías de elecciones transparentes y democráticas, obviamente no es una elección libre.
Yo creo que ahí es donde la sociedad nicaragüense tiene que presionar para que se abran los espacios democráticos, para que exista prensa libre, para que existan candidaturas que puedan expresarse, y ahí la Comisión obviamente va a hacer su rol en lo que le corresponde, nosotros también tenemos una voz respecto de elecciones libres y democráticas, y la libertad de prensa es un rol, es un derecho humano, y ahí la Comisión también va a alzar su voz cuando corresponda en esa materia.
