15 de mayo 2019
AA
Después de sorprender e indignar al país al publicar un llamado a licitación para adjudicar casi 544 000 dólares en vehículos para la Policía Nacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sacó otro ‘aviso de licitación’, esta vez para adquirir “equipo informático para el fortalecimiento del sistema automatizado de investigación policial”, por un poco más de 393 000 dólares.
Ambas licitaciones forman parte del contrato de préstamo número 2073, por 16.3 millones de dólares, suscrito entre ese banco multilateral y el Gobierno de Nicaragua, el 30 de abril de 2014, que fue aprobado por la Asamblea Nacional el 11 de junio de ese mismo año mediante el decreto 7459, y publicado en La Gaceta Número 110, del 16 de junio de 2014.
Irónicamente, el decreto parlamentario señala que la implementación del Proyecto “Ampliación de la cobertura rural de la Policía Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana” permitirá “contribuir a la mejora de la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos de Nicaragua”.
El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, con el ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, en una foto de archivo. // Foto: Cortesía
En una reciente entrevista con Confidencial, el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, justificó el financiamiento a la Policía Nacional, bajo los argumentos de que era un préstamo aprobado en 2011 y que el banco regional solo toma en cuenta los “aspectos técnicos, financieros, legales, ambientales y sociales”.
Al exembajador de Nicaragua en la OEA, Mauricio Díaz, le parecen “ridículos” los argumentos de Mossi, ya que “es imposible” separar los aspectos técnicos de los políticos. Además, que ahora el BCIE cuenta con información sobre los abusos de la Policía Nacional durante las protestas cívicas de 2018.
“Me parece ridículo que el presidente del BCIE se justifique diciendo que se rigen por criterios técnicos. Es como que el Banco Mundial diga lo mismo y por eso le dé dinero a un genocida”, mencionó.
Al lado del régimen
“Sus argumentos no son sostenibles”, aseguró Díaz, quien añadió que el BCIE ahora tiene “pruebas de que la institución a la que están financiando, ha participado en hechos terriblemente graves, de criminalidad, de eliminación de personas y asesinatos”.
Comentó que “la parte técnica” no exonera a la Policía Nacional de las “responsabilidades que tienen en los muertos. Todavía tenemos cienes de presos, denuncias de torturas y exilio”.
Para Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del ilegalizado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), “el BCIE está poniéndose prácticamente al margen del clamor mundial que reconoce que el Gobierno de Daniel Ortega es dictatorial, déspota, y que el principal instrumento de represión ha sido la Policía Nacional”.
“El BCIE tiene que estar claro que lo que hace es favorecer a quien está masacrando al pueblo de Nicaragua” añadió la defensora de derechos humanos.
En referencia al argumento de que se trata de préstamos aprobados desde hace varios años, Núñez señala que “así como hay normas para otorgar los préstamos, debe haber normas que digan que las operaciones tienen que suspenderse cuando haya una masiva violación de derechos humanos. Existe una normativa del Banco, que dice que no pueden apoyar a quienes estén involucrados en actos de represión, así que están violando sus propias normas”, sentenció.
Detalle de gastos
Una copia del Plan General de Adquisiciones del BCIE, en poder de Confidencial, detalla los montos y fechas en que deberán ejecutarse los proyectos a desarrollar con la Policía Nacional, entidad que dispondrá de 2.1 millones de dólares en 2019, de los que 1.06 millones de dólares son recursos del BCIE, mientras los 1.07 millones de dólares restantes son recursos de contrapartida.
Es en el marco de ese Plan de Adquisiciones, que se publica el aviso de licitación para ampliar “la cobertura rural de la Policía Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana”, en el que se espera que haya ofertas de empresarios privados para suministrar cuatro lotes de equipos.
El Lote Número 1, comprende “400 equipos de cómputo completos”, por un monto de 340 000 dólares, aunque no se especifican las propiedades técnicas requeridas. El Lote Número 2 incluye “70 impresoras matriciales”, para lo que se presupuestaron 35 000 dólares.
El Lote Número 3, es para adquirir “23 impresoras láser”, con un presupuesto de 8050 dólares, mientras que el Número 4, prevé comprar “46 scanner (escáneres) de escritorio, cuyo costo total está cifrado en 9982 dólares.
De los 2.1 millones de dólares programados para este año, 570 800 dólares se dispusieron para construir un edificio de telemática para la Policía Nacional, y para adquirir lo que será su nodo central.
Además, se asignaron 1.47 millones de dólares para mobiliario de oficina, para dos camionetas, tres lanchas y cuatro motos más; así como centenares de equipos de computación, impresoras, escáneres, literas, colchones, y más abanicos, más televisores y más aires acondicionados.
También mapas cartográficos, maletines para investigadores policiales, cámaras fotográficas, bastones lumínicos, pitos, clavas con portaclavas, esposas con portaesposas, cintas métricas, cintas de seguridad, lámparas de mano, cantimploras, capotes y portaradios,
Finalmente, se presupuestaron 90 000 dólares para “elaboración de planes de seguridad ciudadana en delegaciones municipales y delegación policial regional”, destinando recursos para una función que por ley le corresponde hacer a la misma Policía
