28 de junio 2022
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El Banco Mundial (BM) omitió especificar cuáles son las condiciones de transparencia en materia de salud que deberá cumplir la dictadura de Daniel Ortega con un nuevo préstamo de 116 millones de dólares, aprobado el pasado 23 de junio, según el documento del “Proyecto de Financiamiento Adicional de Respuesta a la COVID-19”, revisado por CONFIDENCIAL.
La gestión del gobierno de Nicaragua ha sido cuestionada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por la opacidad de la información sobre número de contagios, mortalidad, pruebas covid y vacunación.
Según un estudio global de sobremortalidad atribuible a covid-19, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Nicaragua hubo 55 veces más muertes por el coronavirus que las admitidas por el Gobierno –12 095 y 16 507 fallecidos– entre entre 2020 y 2021, mientras que hasta el 31 de diciembre de 2021 el Ministerio de Salud contabilizaba solo 218 fallecidos por la covid-19.
Este es el segundo préstamo del organismo a Ortega para la atención a la pandemia (el primero fue por 20 millones de dólares) en medio de la condena continental al Gobierno del presidente Ortega por la represión, el estado policial y por un generalizado fraude electoral con el encarcelamiento de siete aspirantes presidenciales, y decenas de líderes políticos y cívicos, para reelegirse por un cuarto período consecutivo en la Presidencia en noviembre de 2021.
Para el primer financiamiento del Banco Mundial, el régimen de Ortega se comprometió a una serie de acuerdos de transparencia que ha incumplido o cumplido a medias y sin el nivel de detalle acordado.
El documento oficial de este nuevo préstamo –que casi sextuplica el primero– no indica sí el Banco Mundial estableció o renovó los acuerdos de transparencia hechos para el desembolso anterior ni tampoco si se evaluó su cumplimiento.
Fuentes diplomáticas revelaron que seis países –Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Gran Bretaña y Países Bajos– que representan al 33% de los accionistas del BM votaron en contra del préstamo, que –sin embargo– obtuvo el voto mayoritario con el respaldo de una veintena de países.
En enero, un análisis de CONFIDENCIAL reveló que Nicaragua cerró 2021 con leves avances en el acceso a la información y transparencia relacionada a la pandemia, a pesar de los compromisos con organismos multilaterales que urgían revelar los datos sobre su impacto. El análisis detalló que, para obtener una serie préstamos destinados a combatir la pandemia –que entonces ascendían a 185.4 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo–, las autoridades han cumplido parcialmente con sus compromisos.
UNOPS y OPS ejecutarán préstamo
El documento oficial del préstamo detalla cómo la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) serán los organismos internacionales que ejecutarán el préstamo.
“Al igual que con el proyecto principal (de USD 20 millones) el Gobierno de Nicaragua es responsable de la ejecución general de la financiación adicional (de USD 116 millones), mientras que la UNOPS actúa como agente de ejecución. En concreto, UNOPS es responsable de la adquisición de bienes y servicios, la gestión financiera y la aplicación de las normas ambientales y sociales. Esto incluye la supervisión a las actividades que serán contratadas por la OPS”, detalla el documento oficial del préstamo.
Kinnon Scott, representante residente del BM en Nicaragua, dijo en respuesta a una consulta de CONFIDENCIAL, que el nuevo préstamo “contribuye a los resultados de otro anterior que ha sido implementado a través de UNOPS”.
Según Scott, “dados los resultados de ese primer proyecto, que hasta ahora ha entregado artículos como medicamentos, suministros médicos desechables, equipos de protección personal y materiales para la gestión de residuos hospitalarios, el Banco continúa trabajando a través de UNOPS y de la OPS para apoyar a la población nicaragüense, especialmente a los más vulnerables”.
Agregó que “las políticas y directrices fiduciarias del Banco Mundial regirán el uso y el flujo de los fondos del Banco para garantizar que alcancen su objetivo de beneficiar al pueblo nicaragüense”.
La funcionaria citó que el préstamo “tiene como objetivo fortalecer la capacidad del país de responder a esta crisis de salud” y que “permitirá que la población continúe beneficiándose con medicamentos esenciales, vacunas, y suministros y equipos médicos y de laboratorio durante la actual respuesta nacional a la pandemia”.
Hacienda solo supervisará la ejecución general
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), cuyo ministro Iván Acosta, y viceministro José Adrián Chavarría, están sancionados por la comunidad internacional, supervisará la ejecución general del proyecto y mantendrá la comunicación entre el Ministerio de Salud (Minsa), la UNOPS y la OPS, a través de la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP).
“El flujo de fondos para el acuerdo de UNOPS será similar al flujo de fondos del proyecto principal, en el que los fondos de crédito se adelantan a UNOPS y UNOPS documenta los fondos ejecutados al MHCP”, detalla el documento oficial.
Según el acuerdo, la UNOPS deberá elaborar informes financieros trimestrales y se los enviará a la UGP. Esta unidad usará los informes para crear uno semestral para enviárselos al Banco Mundial, en un plazo de 45 días al final de cada período. Por su parte, el Minsa deberá coordinar con Hacienda y con la UNOPS “la elaboración y revisión de las especificaciones técnicas de bienes y servicios, así como la implementación de los estándares ambientales y sociales”.
El Banco especifica que “todos los fondos desembolsados a los organismos de la ONU y no utilizados después de la fecha de cierre del proyecto deberán ser reembolsados directamente al BM”. Tampoco se han hecho previsiones para el financiamiento retroactivo.
¿En qué se usarán los USD 116 millones?
El financiamiento amplía un primer préstamo para atención de la covid-19 aprobado en diciembre de 2020, y se usará en un 44% –equivalente a 51.2 millones de dólares– para comprar suministros, equipos médicos y de laboratorio.
Además, con estos se pagarán los viáticos y el transporte usado para las jornadas de vacunación, se ampliará la cadena de frío para las vacunas y se expandirá el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR) y del Instituto Nicaragüense de Investigación en Salud, únicos lugares autorizados por el régimen para realizar las pruebas PCR, a un costo de 150 dólares.
Otros 42.3 millones de dólares del préstamo serán para la compra de medicamentos, mantenimiento y adquisición de equipos médicos usados para enfrentar enfermedades transmisibles. Mientras, los USD 22.5 millones restantes se usarán para comprar 2.1 millones de vacunas de refuerzo y los insumos necesarios para aplicarlas en 2023.
El acuerdo establece que la OPS se encargará exclusivamente de las compras de medicamentos, equipos médicos y vacunas. “El acuerdo garantizará un mecanismo de adquisición rentable facilitado por el acceso a la OMS/OPS la adquisición a granel en la región”.
Condiciones y desembolso del préstamo
El crédito, detalla el documento, fue otorgado a un plazo de 30 años, tiene un período de ejecución hasta junio de 2025, cuenta con un período de gracia de cinco años y fue financiado por la Asociación Internacional de Fomento (AIF).
Se espera que durante el primer año del préstamo, el BM desembolse 60 millones de dólares. En 2024, 40 millones de dólares y en 2025: USD 16.8 millones para un total de 136 millones, incluyendo el primer desembolso de 20 millones, del cual ya se entregó el 96%.
Este préstamo es el segundo de mayor cantidad aprobado al régimen para la atención de la pandemia de la covid-19. El primero fue del Fondo Monetario Internacional (FMI) que autorizó 185 millones de dólares en noviembre de 2020, le sigue el BM con 136 millones de dólares y después el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con 100 millones para compra de vacunas.
Los acuerdos de transparencia con el BM
Al cierre de 2021, el cumplimiento con los acuerdos de transparencia del régimen con el BM eran parciales o incumplidos.
Estos acuerdos incluían: implementar acciones de difusión de información y educación comunitaria en la prevención de la transmisión de covid-19; actualizar las salas de situación epidemiológicas; generar informes periódicos sobre la situación clínica, epidemiológica, uso de recursos, consumo de insumos y necesidades relativas a la covid-19; mantener comunicación con otros países y organizaciones para abordar acciones conjuntas contra la covid-19, y comunicación permanente a través de la OPS/OMS y participación en espacios internacionales.
Durante 2021, el Minsa no actualizó el Mapa de Salud en el cual se revela información sobre el número de hospitalizaciones y de las 15 causas de muerte más frecuentes en el país. Estos últimos datos permitieron en 2020 conocer la sobremortalidad que hubo durante los primeros seis meses de la pandemia que, según opiniones médicas son atribuibles a la covid-19 y ubicaron a Nicaragua entre los países con más sobremortalidad.
Las autoridades se limitaron a compartir ciertos datos en entrevistas con medios oficialistas, en los cuales destacaron los logros que tuvieron en 2021 y mencionaron algunos números sobre hospitalizaciones, pero no de muertes.
Además, en un esfuerzo por imponer la opacidad, el régimen también desató, a través del Ministerio de Salud, una ola represiva en contra del gremio médico y las organizaciones de Salud, incluyendo la cancelación de algunas de estas en el listado de 770 oenegés eliminadas entre noviembre de 2018 y junio de 2022.
