Cajina: "Granera tiene responsabilidades penales"

La Policía Nacional que vaya a servir a la ciudadanía una vez instalado el nuevo gobierno, que surja de elecciones democráticas en sustitución del régimen Ortega–Murillo, tendrá que pasar por un proceso de depuración interna, en el que todos sus altos mandos, desde el nivel distrital para arriba, tengan que responder ante la justicia. Incluyendo a la jefa saliente, Aminta Granera.

“Será necesario desarrollar un programa de reforma policial, que comience por depurar la Policía Nacional. Dándole el beneficio de la duda, creo que hay policías que no están contaminados políticamente, ni involucrados en la masacre”, opina el experto en temas de defensa y seguridad nacional, Roberto Cajina.

El investigador explicó en el programa Esta Semana, que se transmite por Canal 12, que la formalización como jefe máximo de la Policía Nacional del consuegro de la pareja presidencial, comisionado general Francisco Díaz, después de ser sancionado por la Magnitsky, “es una especie de reto a la Administración Trump, que lo sancionó”.

Esa decisión “propicia un estrechamiento de las capacidades de manejo de la política exterior del Gobierno Ortega-Murillo, sobre todo en la relación con Estados Unidos”, y puede empeorar si se junta con la decisión de algunos congresistas de ese país, de incluir entre los sancionados a dos de los hijos de la pareja presidencial, más la ministra de Salud, Sonia Castro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

Cajina considera que el ascenso de los comisionados Adolfo Marenco y Ramón Avellán como subdirectores del cuerpo policial, son “un premio a su lealtad política”. En el caso de Marenco, porque es el secretario político del Gobierno de Ortega dentro de la Policía Nacional. En el caso de Avellán, más que un premio a la lealtad, “es el premio a la masacre”, sentenció.

Responsabilidad penales de Granera

Sobre el pendiente de la transformación de la entidad policial, Cajina admite que es un proceso complejo al que no duda en catalogar como “uno de los retos más grandes que tendrán las nuevas autoridades, una vez que salgamos del régimen Ortega–Murillo”, señalando que si hay experiencias fracasadas -Guatemala y El Salvador, por ejemplo- también hay otras “relativamente exitosas, como la de Honduras”.

El experto considera que se necesitará asistencia internacional que brinde apoyo técnico a una comisión nacional de reforma policial, proceso que arranca con una depuración en la que se conserva a aquellos que se compruebe que no estaban involucrados en ningún crimen, y se prescinde de los demás, pero no se van a sus casas, sino que enfrentan a la Justicia.

“En ese sentido, Díaz, Avellán, y todos los jefes nacionales de las especialidades, más todos los jefes de distrito en Managua, y todos los jefes de las delegaciones departamentales y regionales, tienen que pasar ante la Justicia”, enumeró Cajina, añadiendo a la exjefa policial, Aminta Granera.

La segunda mujer a cargo del cuerpo policial nicaragüense (la primera fue Doris Tijerino Haslam, entre 1985 y 1989), asumió esa responsabilidad en 2006, nombrada por el presidente Enrique Bolaños para que siguiera consolidando la profesionalización del cuerpo policial, que había comenzado en 1990.

“Cuando llega 2007 ella entra en un proceso que todavía no distorsiona la profesionalización, pero abre las puertas al control político del Ejecutivo sobre la Policía Nacional”, dijo Cajina. Al aceptar quedarse en el cargo más allá de lo que manda la Ley, “ella se prestó al juego político del Gobierno de Ortega, y al aceptarlo tiene que aceptar las responsabilidades penales que derivaron de ese juego político”, añadió.

Aunque la jefa policial pudo haber renunciado en alguno de los momentos más vergonzosos del actuar del cuerpo a su mando –como cuando agentes dispararon sobre el adolescente Luis Ángel Vargas en La Paz Centro en septiembre de 2008, o cuando otros uniformados asesinaron a cuatro miembros de una familia en Las Jagüitas en julio de 2015- ella pudo haber dicho “me voy”. Aunque no le aceptaran la renuncia.

Dado que el Decreto Presidencial la sitúa en el cargo hasta el 31 de julio, “ella tiene responsabilidades penales desde el inicio de la masacre hasta esa fecha… El actuar de la Policía no cambia de un día a otro. No cambia de la noche a la mañana. La Policía que ella formó, es la Policía que estamos viendo ahora, y ella tiene que responder por eso”, concluyó.