22 de mayo 2021
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La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) se sumó a las muestras de solidaridad con los periodistas, candidatos y partidos políticos que han sido atacados en los últimos días por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que buscan delinear el panorama político en que se realizará el proceso electoral previsto para noviembre de 2021.
Este jueves por la mañana el régimen ordenó a la Policía allanar las oficinas de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro y citar a su expresidenta Cristiana Chamorro a las oficinas del Ministerio de Gobernación, y a las del Ministerio Público para responder por el presunto delito de lavado de dinero.
En paralelo, y sin orden legal ni justificación alguna, la dictadura también ordenó allanar un local comercial en donde estaba instalado el set de filmación de los programas Esta Semana y Esta Noche, deteniendo por varias horas al camarógrafo Leonel Gutiérrez. Los agentes también retuvieron por unos minutos al fotógrafo Luis Sequeira de la agencia AFP, que daba cobertura al allanamiento.
Esta misma semana, el martes 18, el Consejo Supremo Electoral (CSE) informó la cancelación de la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), y un día después hizo lo mismo con la del Partido Conservador (PC), que previamente había indicado que no participaría del proceso electoral, por “falta de transparencia”.
La cadena de ilícitos mereció la condena del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), a través de sendos comunicados.
“Rechazamos y denunciamos el acoso, represión y criminalización del que continúan siendo objeto líderes opositores, medios de comunicación y periodistas independientes, los cuales están dirigidos por el partido de Gobierno para generar desconfianza y desesperanza en la ciudadanía que confía en su poder a través del voto para salir de la actual crisis”, dijo el Cosep en una nota.
Industrias reiteran apoyo a la prensa libre
Por su parte, la Cámara Americana hizo notar que, “en el lapso de una hora durante el día de hoy, los nicaragüenses vimos cómo la libertad individual, y la libertad de expresión fueron atropelladas una vez más”.
La tarde de ese mismo jueves 20, los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, se enteraron que tenían casa por cárcel de facto, ilegalidad que se repitió y amplió la mañana de este viernes, cuando también afectó a lideresas políticas y sociales como Suyén Barahona, del partido Unamos, y a Tamara Dávila, de la UNAB y la Coalición Nacional.
Ante esa ristra de atropellos, la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) condenó “las medidas de inhibición, criminalización y represión en contra de partidos políticos, líderes opositores y precandidatos presidenciales”, porque esas maniobras “causan más inestabilidad en el país”.
A partir de eso, se solidarizaron “con la precandidata presidencial, Sra. Cristiana Chamorro… quien está siendo víctima de acusaciones criminales injustificadas”. También con los precandidatos presidenciales Chamorro, y Maradiaga, “quienes se encuentran bajo la condición de casa por cárcel impuesta por la Policía Nacional, y que es producto de acciones represivas”.
La Cámara exigió “respeto hacia la libertad de prensa en el país”, y mostró su “respaldo a Carlos Fernando Chamorro, director del medio de comunicación CONFIDENCIAL y su equipo, quienes son víctimas una vez más, de medidas confiscatorias. Condenamos la detención ilegal, el acoso y la persecución en contra de periodistas nacionales e internacionales”.
Al rechazar la cancelación de la personalidad jurídica del PRD y del PC, “que rompe con el orden constitucional del país”, la entidad gremial dijo que “acciones como estas no abonan al desarrollo económico de la nación, y solo causan estabilidad social e inseguridad jurídica que ahuyentan la inversión, incrementan el desempleo, y propagan un ambiente que promueve la emigración de la población”.
