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Cárcel orteguista niega atención médica a tres presos políticos y restringe sus visitas

Defensores del Pueblos califican de “arbitraria” la actuación de las autoridades del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como "La Modelo"

Las denuncias por malos traros, violaciones a derechos humanos, abusos y restricciones ejecutadas por el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, han incrementado durante esta semana. En esta ocasión, la organización Defensores del Pueblos denunció que los presos políticos Max Silva, Ernesto Ramírez y Edward Lacayo están siendo víctimas de decisiones “arbitrarias” del Penal de Tipitapa.

El abogado Julio Montenegro, representante de la organización Defensores del Pueblo, denunció que el preso político Edward Lacayo cumple casi un año de no recibir visitas conyugales, le han restringido productos de aseo personal durante las últimas semanas y los familiares son hostigados durante el ingreso al Penal.

“Hoy (jueves) la familia de Lacayo denunció ante nuestra organización que funcionarios del Penal dijeron, por el reclamo de la esposa de Lacayo a la restricción de las visitas conyugales, que no le permitirán las visitas mientras ellos sigan denunciando y continúen las sanciones”, detalló Montenegro.

El defensor indica que es “una decisión arbitraria y violatoria” de los derechos del preso político, pues asegura que “no hay argumento alguno para que le restrinjan su derecho a una visita conyugal. Las sanciones se hacen por malos comportamientos y  este no es el caso”.

Lacayo, conocido como “la Loba” , fue capturado en marzo de 2019 luego de participar en las manifestaciones y tranques de Masaya en protesta contra el régimen de Daniel Ortega. En agosto de 2019, Lacayo fue condenado a 15 años de prisión y 800 días multa  por el delito de tráfico interno de estupefacientes.

“Sin visitas por recibir alimentos” 

Los Defensores del Pueblo también denunciaron que el reo político Max Salinas Silva, encarcelado desde marzo de 2020, no podrá recibir visitas durante aproximadamente dos meses por decisión “arbitraria” del Penal de Tipitapa.

La familia de Salinas relató, al equipo de los Defensores, que su pariente es castigado “por recibir alimentos que le dio el preso Junior Marenco”. 

Explican que Marenco, al ver que Salinas pasaba hambre, “compartió su comida y ahora tampoco podrá tener visitas durante dos meses”.

Montenegro afirma que la familia fue informada de la decisión del Penal durante esta semana, cuando se disponían a visitar a su pariente y les negaron el ingreso.

“Es una medida drástica, arbitraria, porque por lo que deberían de estar velando es porque no le falten los alimentos a los privados de libertad, porque estén en condiciones humanas, pero, en vez de eso, imponen sanciones contra la solidaridad que hay entre los presos”, criticó Montenegro.

El abogado denuncia que los parientes de Salinas y Lacayo también expresaron ser víctimas de las autoridades del Penal, pues cada vez que ingresan o salen de las visitas se les exige que firmen documentos, donde reconocen un supuesto “buen trato de las autoridades”.

“Es ilegal que se le obligue a los familiares a reconocer lo que no sienten, lo que no ocurre. Además, hay otros casos donde les piden firmar en blanco, lo cual es peor porque ni siquiera se sabe qué se está autorizando o reconociendo”, señaló Montenegro.

Reo político no recibe atención médica 

Sobre el preso político Ernesto Ramírez, el abogado Montenegro afirma que el Sistema Penitenciario de Tipitapa está “violentando” su derecho a la salud, ya que tiene varias semanas quejándose de retención de líquidos y los funcionarios siguen sin darle acceso a atención médica.

“Su esposa nos dijo esta mañana que Ramírez se encuentra con afecciones de salud, que cada vez está reteniendo más líquidos en sus miembros inferiores y no ha sido atendido”, indicó.

Agrega que el reo político no tiene acceso a medicinas y, al igual que Silva y Lacayo, se encuentra en celdas de máxima seguridad conocidas como el “Infiernito”.

Ramírez fue capturado en Jinotepe el 16 de mayo de 2019 tras manifestarse contra el régimen de Ortega. Fue  acusado y condenado a 20 años de prisión por los delitos comunes de narcotráfico y portación de armas.


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