10 de junio 2016
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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en el que confirmó un aumento en el número y en la gravedad de las violaciones sobre este aspecto en el país, además de una profundización de la impunidad.
Mauro Ampié, director ejecutivo del Cenidh, dijo en el programa televiso Esta Noche, que las violaciones a los derechos humanos han agravado y como ejemplo está el caso de la mochila bomba de Pantasma en 2015 y la masacre de las Jagüitas en el mes de julio de ese mismo año.
“La Policía Nacional ha venido sufriendo un proceso de debilitamiento en cuanto a su profesionalismo, carácter apolítico, apartidiario, no deliberante y en ese sentido, el 2015 es una muestra clara de los efectos que ha tenido ese proceso que tiene un elevado costo para los Derechos Humanos de los nicaragüenses. Detenciones ilegales, allanamientos ilegales, malos tratos, torturas realizadas principalmente en la Dirección de Auxilio Judicial y otras conductas que no son las apropiadas que establece la Ley de la policía y el marco constitucional vigente”, manifestó Ampié.
El director ejecutivo del Cenidh, agregó que en el informe plantean la continuidad de restricciones para todos los miembros del equipo que va a realizar gestiones en la Dirección de Auxilio Judicial. Ampié manifestó que el año pasado la doctora Vilma Núñez visitó esta dirección con la finalidad de entregar una carta en la que se plateaba una denuncia sobre la exposición a la que se vieron sometida las mujeres que participaron en la marcha del 27 de octubre, sin embargo, ni siquiera permitieron que se entregara la comunicación y obstaculizaron su ingreso.
“Estamos ante un gobierno que no es transparente, otros gobiernos publican los informes que les ha entregado el subcomité contra tortura, sin embargo, en este caso, el gobierno no las ha hecho públicas”, continuó Ampié.
Preocupa Impunidad
El informe presentado por el Cenidh muestra un gran avance en la impunidad. La muerte de Mario Leman, dirigente de Yátama, los enfrentamientos entre los llamados rearmados y el Ejército Nacional, que han cobrado muertes, son hechos que no terminan por esclarecerse ni se determinan y que ha concluido en un arraigo para Nicaragua que con el tiempo se agudiza.
“En la masacre de Las Jagüitas hay una sanción determinada por los tribunales de justicia, pero bastante inferior a la prevista. La sentencia determinó penas de once a dos años y está por debajo de lo que establece marco legal. No se permitió a la familia acceder a la justicia luego que los implicados asumieron responsabilidad, en ese sentido los operadores de justicia contribuyeron a que este hecho no fuera sancionado como el derecho corresponde”, afirmó Ampié.
En el mismo informe, los derechos más lesionados son la seguridad jurídica, integridad física, acceso a la justicia, libertad individual y de la propiedad. Respecto a estos puntos, Ampié manifestó que la inexistencia de un Estado de derecho o su debilitamiento, representa una violación a la seguridad jurídica, que se construye desde la convicción de saber lo que está permitido o prohibido.
“En 2015 se dieron 53 femicidios, nuestra preocupación gira en torno a que la Ley 779, que era una buena ley, ha sido debilitada a un extremo y que a la fecha las madres afectadas por la irresponsabilidad paterna, no pueden lograr el cumplimiento de deberes alimenticios porque hay un instructivo que ordena que no vayan a prisión quienes irrespetan ese deber”, explica Ampié, quien agrega que “la interpretación de que el femicidio solo cabe en relaciones familiares y no a otros niveles es un retroceso que impide que se continúe abordando el tema de la violencia hacia la mujer como debería abordarse, más eficaz”.
