17 de agosto 2021
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del aspirante presidencial y periodista, Miguel Mora Barberena, tras considerar que se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”, desde su encarcelamiento el pasado 20 de junio, por una supuesta investigación por “traición a la patria” bajo la Ley 1055 o “Ley de Soberanía”.
Desde su detención su familia, ni su defensa han podido verlo, pero presumen se encuentra detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el “nuevo Chipote”.
La solicitud hecha por el organismo destaca que Mora “continuaba en una situación de riesgo dado su perfil de periodista y las intenciones expresadas de participar en las próximas elecciones como candidato presidencial”.
“El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen un prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”, advierte la CIDH.
Víctima de hostigamiento
Además la CIDH, que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), recuerda que Mora fue beneficiario de medidas cautelares y medidas urgentes entre 2018 y 2019. Sin embargo, señala que “los hechos informados” reflejaban que “continuaba siendo objeto de seguimientos, hostigamientos e intimidaciones” de parte de la Policía y personas afines al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo identificadas como “paraestatales”.
Esta es la segunda vez que Mora es encarcelado por el régimen. El 21 de diciembre de 2018, fue apresado tras el asalto a las oficinas de su canal, 100% Noticias, que posteriormente fue confiscado. El periodista permaneció en prisión hasta el 13 de junio de 2019, cuando fue beneficiado por una controvertida Ley de Amnistía promulgada por el régimen.
El organismo resalta que “observó además que el señor Mora fue agredido presuntamente por terceros motorizados en presencia policial, quienes no habrían adoptado medidas frente a la agresión ocurrida en octubre de 2020”.
“Dicha continuidad del riesgo resultó altamente preocupante pues reflejaba que la situación de Mora se ha mantenido a lo largo tiempo, incluso tras haber sido liberado en el 2019”, menciona.
La respuesta poco satisfactoria del régimen
La CIDH insiste que, según la representación, “los familiares no tendrían certeza exacta del lugar en el que se encontraría detenido, siendo que el señor Mora estaría incomunicado desde su detención, habiendo transcurrido más de un mes sin información oficial sobre su situación actual”.
El Estado de Nicaragua respondió a la solicitud de información de la CIDH. Sin embargo, el organismo afirma que “la información presentada no controvierte los hechos alegados ni permite analizar de qué manera viene protegiendo los derechos de Mora, tras su detención”.
De acuerdo a la resolución de la CIDH el Estado de Nicaragua “solicitó que no se admita la solicitud de ampliación de medidas cautelares” alegando que se respetan y promueve los derechos reconocidos en la Constitución y por diversos
instrumentos internacionales en derechos humanos.
“El Estado resaltó que se investiga al propuesto beneficiario por un delito común y que su detención no es política,
ni de ninguna índole, menos por su labor de periodista. Finalmente, citando la Constitución de Nicaragua y la Convención Americana, el Estado resaltó que la naturaleza de las medidas cautelares no implica condiciones de impunidad ante actos que violentan el ordenamiento jurídico”, menciona el organismo.
Por lo tanto, la CIDH, solicita al Estado de Nicaragua, que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Mora y que informe sobre su “paradero oficial”, así como “sus condiciones de detención, adecuándolas a los estándares internacionales”.
Asimismo, con el fin de verificar su situación, solicita “que se facilite al señor Mora Barberena el acceso de sus representantes legales y sus visitas familiares de conformidad con los estándares aplicables”.
Corte IDH realizará audiencia
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) convocó para este viernes 27 de agosto a una audiencia pública sobre el cumplimiento de las medidas provisionales a favor de los líderes opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera y José Adán Aguerri.
La audiencia será a las 8 de la mañana y será transmitida en las redes sociales de la Corte Interamericana.
👩🏿💻👨🏽💻Se celebrarán además las siguientes Audiencias de Medidas Provisionales:
📌Audiencia pública de Supervisión de Medidas Urgentes Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua🇳🇮— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) August 17, 2021
El 24 de junio la Corte IDH ordenó al Estado de Nicaragua proceder a la liberación inmediata de los cuatro opositores, por considerar que enfrentan una situación de extrema gravedad.
“La privación de libertad de estas personas, conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos al poder verse expuestos a la privación de la libertad, cuestión que cobra especial importancia ante la inminencia de las elecciones generales que se celebrarán este año, situación que, de persistir, estaría erosionando las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho”, citaba el texto.
La Corte también requirió al Estado de Nicaragua informar a más tardar el 8 de julio sobre las medidas adoptadas para proteger la vida de Chamorro, Maradiaga, Granera y Aguerri. Sin embargo, sus familiares denunciaron que el Estado no cumplió con la resolución.
