26 de noviembre 2022
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El crimen de la estudiante de medicina brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, un símbolo de la impunidad en Nicaragua, cuya demanda de justicia se convertirá en un desafío para el electo presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, será analizado a fondo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según documentos que CONFIDENCIAL tuvo a la vista, la decisión fue aprobada el 3 de octubre pasado y fue notificada también a las partes tras la firma de la presidenta de la Comisión, Julissa Mantilla Falcón, el primer vicepresidente Stuardo Ralón Orellana y los otros miembros Esmeralda E. Arosemena Bernal de Troitiño y Joel Hernández.
“Pasó la primera fase que es de admisibilidad. Ahora van al análisis de fondo. Eso significa que se verá si reúne los requisitos para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través de una demanda contra el Estado de Nicaragua, consideramos que existen los elementos para que se dé”, comentaron juristas cercanos a la familia de la víctima.
Para rechazar la admisión del caso en la CIDH, el régimen nicaragüense alegó que el crimen se dio en el marco de un contexto de violencia en que restablecieron “la paz y seguridad ciudadana en el país”.
Según los testimonios de las víctimas, se trató de una campaña de represión estatal dirigida contra los manifestantes que participaron en las protestas pacíficas de 2018, las cuales fueron calificadas por la cúpula gubernamental como un intento de golpe.
Las autoridades nicaragüenses argumentaron además los “actos jurisdiccionales” que se realizaron. Es una referencia al proceso expedito contra el acusado Pierson Adán Gutiérrez Solís, quien admitió el asesinato dando paso a una condena rápida, pero cerrando las puertas a que se conocieran más detalles.
Gutiérrez fue protegido por el Estado con una amnistía en 2019. Raynéia Lima era una estudiante de último año de medicina de la Universidad Americana (UAM). Fue asesinada el 23 de julio de 2018 cuando regresaba a su casa del turno en el hospital Carlos Roberto Huembes.
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Los disparos en su contra ocurrieron en el sector del reparto Lomas de Monserrat, en una zona de seguridad cercana a la residencia del tesorero de Ortega, Francisco “Chico” López Centeno, cuando miles protestaban contra la dictadura.
Estudiantes alzados se encontraban en aquel momento en barricadas. Las protestas pacíficas fueron reprimidas con violencia por el Estado. La CIDH informó que 355 personas fallecieron en el contexto de las manifestaciones, además hubo 2000 heridos.
En abril pasado, la CIDH pidió al régimen su versión sobre la denuncia realizada por la madre de la víctima, la enfermera María José Da Costa, quien sigue demandando castigo para los responsables.
Una “papa caliente” para Lula
El exrector de la UAM, Ernesto Medina Sandino, cuestionó vía telefónica desde el exilio la posición del gobierno brasileño saliente de Jair Bolsonaro. Para él, mantuvo la posición gubernamental fue “ambigua e inexplicable”, porque la impresión que tuvo es que nunca exigieron a Nicaragua que hubiese justicia.
Medina recordó que la embajada de Brasil en Managua trató de evadir la comunicación con la casa de estudios. Según su relato, fueron los funcionarios de esa sede diplomática los únicos que vieron el vehículo y comunicaron que tenía un solo balazo, que atravesó la puerta y entró a la altura del pecho de la víctima.
“En el homenaje que la universidad organizó con mucha reticencia, por parte de la junta directiva, pero por insistencia de los muchachos, se hizo un acto lindo en el gimnasio de la UAM y se invitó a la embajada de Brasil y participó, pero insistieron en que la prensa no tuviera acceso y nosotros respetamos eso. Después la comunicación prácticamente se terminó”, afirmó Medina.
Cuatro años después del atentado, el caso se convierte en un reto para el nuevo Gobierno de Lula da Silva, un viejo símbolo de la izquierda latinoamericana con quien Ortega se identifica. Asumirá el poder en enero próximo tras derrotar a Bolsonaro en unas elecciones reñidas y aún están pendientes de saber cuáles serán los pasos en el caso de la estudiante asesinada.
“Lula debería estar obligado a asumir una posición clarísima (en el caso de Raynéia), pues no puede comportarse como un político tradicional que va querer quedar bien con todo el mundo. Y querer satisfacer a una izquierda que sabemos que es muy fuerte dentro del PT brasileño, pero que es una izquierda atrasada”, opinó Medina.
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La madre cuestionó en mayo pasado la “condena” a Pierson Gutiérrez, de 42 años, presentado ante el juez el primero de agosto de 2018. Admitió los hechos y se le impuso una pena de 15 años. Sin embargo, los abogados de la familia de Raynéia, no tuvieron acceso a los expedientes y fueron forzados a huir.
“Quiero saber quién fue el verdadero tirador. Quisiera respuestas. ¿Por qué no dejan trabajar a los abogados? Todos han tenido que salir del país con miedo porque han sido amenazados”, preguntó la madre entonces.
Aunque Gutiérrez fue liberado oficialmente en 2019, la madre dudó que el acusado hubiese estado “preso”. Otras irregularidades alimentan las sospechas. Lo acusaron por homicidio y no por asesinato como correspondía. Lo responsabilizaron también por tenencia ilegal de armas, pero se trataba de armamento de uso restringido para las fuerzas de seguridad, lo que pudo agravar su situación.
El novio de la joven asesinada, Harnet Nathan Lara Moraga, quien viajaba en su carro cuando se dio el ataque y se encontraba a unos metros de distancia, fue amenazado. Es hijo del exdelegado alterno de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Iván Lara Palacios. Su familia lo sacó de Nicaragua y ha mantenido el silencio desde entonces.
