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CIDH-OEA: intimidación a la prensa en Nicaragua

Informe del relatoría de libertad de expresión documenta concentración de medios, falta de pluralismo y denuncias de espionaje

La ausencia de pluralismo y la concentración de medios de comunicación a manos del duopolio –familia Ortega Murillo y Ángel González– en Nicaragua, es una de las preocupaciones mencionadas en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2016, publicado en marzo 2017.

Específicamente en el Informe de la Relatoría Especial para la libertad de expresión, se dedican seis páginas a la situación actual del periodismo nicaragüense: censura, autocensura, intimidaciones, nulo acceso a la información pública y a la publicidad gubernamental, e incidentes que han atentado contra la libertad de expresión, son algunas de las claves del acápite referido a este país.

“En Nicaragua se ha configurado un sistema de medios con elevados índices de concentración y escaso pluralismo. Existe un duopolio televisivo controlado por la familia del Presidente Daniel Ortega y el empresario mexicano Ángel González”, sentencia el texto. También se cita la clausura – orientada por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) – de cinco radios comunitarias, entre ellas Radio Emperador de Rivas, a la que además le confiscaron sus equipos.

Ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación, es el primer inciso de lo relacionado a Nicaragua y arranca con la denuncia interpuesta en octubre de 2016, por el director de Confidencial y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro quien expuso públicamente el espionaje e intimidación sufridos por ambos medios cuando a dos de sus trabajadores les fue requerida información sensible sobre el funcionamiento y seguridad de esta empresa, por parte de un miembro del Ejército y dos personas vinculadas al FSLN.

Acciones como esta violan “los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, sentencia la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

“Por la experiencia del Cenidh, estamos conscientes que en Nicaragua se ha implementado como sistema de justicia la impunidad. No hay posibilidad de una investigación, no hay posibilidad de que el gobierno asuma su responsabilidad”, dijo en ese entonces Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.

Chamorro por su parte aseguró que “la libertad de expresión es un derecho constitucional, y a los ciudadanos les corresponde defender ese derecho”.

Publicidad y restricciones

Coartar “la libre circulación de ideas y el ejercicio del derecho a la manifestación”, ha sido otra de las fallas del Gobierno nicaragüense según el documento. En él se enumeran marchas o actividades en las que las autoridades, lejos de proteger a los manifestantes, los ha agredido o dejado en la indefensión.

A esto se le suman las políticas que han impedido “el ingreso al país de periodistas, académicos y activistas que pretenden obtener u ofrecer información sobre la situación de los derechos humanos o la libertad de expresión en Nicaragua”. Casos de politólogos, investigadores e incluso la expulsión de Carlos Ponce, director para América Latina de la organización civil Freedom House, son rescatados como atropellos.

La publicidad y la forma de repartirla es otra de las situaciones mencionadas.

“Preocupa de forma particular el uso de la facultad discrecional del Estado para la asignación de publicidad oficial como instrumento para premiar y castigar la línea editorial de los medios”, lamenta la CIDH.

El Informe de la Relatoría Especial para la libertad de expresión tiene más de 600 páginas y analiza la situación de prensa de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA.

“33 periodistas y trabajadores de la comunicación fueron asesinados en la región en 2016. En ese período decenas de comunicadores habrían sido desplazados de sus lugares de trabajo y cientos recibieron amenazas o fueron hostigados o atacados por denunciar corrupción o reportar sobre organizaciones delictivas, la presencia de poderes fácticos y corrupción estatal. En el mismo sentido, las mujeres periodistas han reportado ser víctimas de violencia sexual, acoso e intimidación como respuesta a sus actividades profesionales”, concluye el documento.


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