22 de junio 2018
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El Gobierno del presidente Daniel Ortega es el responsable del asesinato de 212 personas en Nicaragua después de desatar una brutal represión a las manifestaciones pacíficas que desde el 18 de abril exigen el final del régimen, que ha gobernado de forma autoritaria el país por más de once años. En su demoledor informe final presentado esta mañana en Washington ante la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que “la acción represiva del Estado”, además haber producido las muertes de centenares de nicaragüenses, ha dejado al menos 1 337 heridos y 507 detenidos. Además denuncia “usos arbitrarios de la fuerza letal o la existencia de ejecuciones extrajudiciales”. El canciller Denis Moncada rechazó el informe y acusó a la CIDH de “parcialidad”.
El informe, que demanda el desmantelamiento de los grupos ¨parapoliciales¨ es un duro golpe para el régimen, que ha negado que en Nicaragua existan grupos paramilitares que siembran el terror entre la población, el ataque a manifestaciones pacíficas y el asedio constante a ciudades como Masaya y la violación a los derechos humanos, incluida la libertad de prensa.
El Gobierno, a través del canciller Moncada, acusó a la CIDH de tener un ¨sesgo político¨, y prácticamente señaló a las víctimas de conspirar para desestabilizar la “democracia” en Nicaragua.
Ejecuciones extrajudiciales
En su informe, la CIDH afirma que de conformidad con los testimonios recibidos durante la visita que realizó al país a inicio de mayo, se desplegaron “como otro medio de represión de la protestas francotiradores respecto de los cuales habrían elementos para indicar un vínculo con agentes del Estado”.
“La información recibida por la CIDH de parte de integrantes del personal médico de hospitales públicos, indica que en el periodo referido se habrían atendido numerosas víctimas con impactos de bala en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax, así como en la espalda. La mecánica y trayectoria de los disparos indicarían a usos arbitrarios de la fuerza letal o la existencia de ejecuciones extrajudiciales”, se lee en el documento oficial.
La CIDH afirma que de acuerdo con las autopsias analizadas por sus técnicos, “los orificios de entrada de los proyectiles, en múltiples casos, estaban localizados en zonas de alta letalidad del cuerpo, lo cual señalaría la intencionalidad letal de los disparos”. Además, el organismo afirma que recibió “extensa información” y denuncias “por irregularidades y denegación de atención médica y obstaculización de la labor humanitaria para asistir a las personas heridas y lesionadas” durante las manifestaciones, una acusación por el quelos estudiantes universitarios responsabilizan a la ministra de Salud, Sonia Castro.
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En el informe también se denuncia un “patrón de detenciones arbitrarias” durante las protestas pacíficas, que dejó 507 personas detenidas, de las que 421 eran jóvenes y adolescentes. Se advierte en el documento que las detenciones se hicieron con el “uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza”.
Además, la CIDH afirma que “observa con preocupación” que la salud mental y bienestar emocional de los nicaragüenses “está siendo gravemente afectada por el contexto actual de violencia, hostigamiento, amenazas y represión”.
La Comisión en su informe detallado también recoge los testimonios de trabajadores públicos que denunciaron a los miembros de la misión que visitó el país “haber sido coaccionados a participar en actos a favor del gobierno bajo amenaza de ser despedidos o que han sido despedidos bajo “órdenes superiores” por haber apoyado las protestas”. El respeto a la dignidad de los trabajadores públicos fue uno de los requerimientos que ya había establecido la Conferencia Episcopal de Nicaragua para el inicio de las negociaciones en el marco del Diálogo Nacional, en el que la CEN funge como mediadora. “Algunos trabajadores indicaron que el gobierno ha ordenado el monitoreo de los perfiles de redes sociales de los y las trabajadores con el objeto de reportar a quienes difunden mensajes o información percibida como contraria a los intereses gubernamentales”, advierte la CIDH.
CIDH regresa el domingo
El organismo dijo que el informe presentado este viernes ante el Consejo Permanente de la OEA, “además de presentar un análisis detallado sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua”, servirá como base del trabajo del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que deben visitar Nicaragua para esclarecer los hechos de violencia ocurridos en el país desde el 18 de abril. La CIDH también recomienda la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (MESENI), que debe dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la esta organización.
Un equipo de la CIDH vendrá al país este domingo, mientras que el Grupo Internacional de Expertos Independientes, arribará el cinco de julio.
Tras su visita al país y constatar lo ocurrido en Nicaragua, “la Comisión concluye que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia” y que es “de especial preocupación” los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias que se cometieron contra la población, mayoritariamente jóvenes. “De igual forma, la CIDH manifiesta su preocupación la violación al derecho a la salud y a la atención médica, las represalias de personal público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos; actos de censura y de violencia contra la prensa, por los actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto, así como otros hechos graves constatados por la Comisión”.
La CIDH reiteró el llamado al cese a la represión retomó las quince recomendaciones que presentó al Gobierno tras la publicación de sus observaciones preliminares durante la visita a Nicaragua, entre otras, desmantelar a los grupos parapoliciales e instalar un mecanismo internacional e independiente para investigar y esclarecer la brutal violencia que ha dejado ya 212 muertos en un país sumido en la peor crisis política de los últimos cuarenta años.
Después de un debate de en el que al menos once países respaldaron el informe – México, Brasil, Canadá, Ecuador, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia y Estados Unidos—y solamente dos –Venezuela y Bolivia—respaldaron al régimen de Ortega, el Consejo Permanente de la OEA acordó sesionar la próxima semana para emitir una resolución sobre la crisis de Nicaragua.
