CIDH y Oacnudh condenan reiterados ataques a la libertad de expresión en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (Oacnudh) emitieron un comunicado conjunto en el que “condenan enérgicamente los reiterados actos de persecución realizados por parte de las autoridades nicaragüenses en contra de medios de comunicación, periodistas, trabajadoras y trabajadores de la prensa registrados en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre 2021”.

Estas organizaciones indican que, en los últimos dos meses y “ante la intensificación de la represión en el país”, han documentado que, por lo menos 12 periodistas de prensa escrita, medios radiales, televisivos y digitales de distintas regiones del país, han tenido que salir al exilio por temor a represalias.

“El hostigamiento, la censura, la estigmatización y persecución oficial a la prensa, las detenciones y los procesos legales arbitrarios contra medios, periodistas y organizaciones que defienden la libertad de prensa son incompatibles con la protección de la libertad de expresión y generan un clima generalizado de miedo y autocensura”, lamentan.

🔴#Nicaragua - La @CIDH, su @RELE_CIDH y @OACNUDH condenan los reiterados ataques a la libertad de expresión en Nicaragua.

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— OACNUDH (@OACNUDH) August 18, 2021

Además indican que estas violaciones, en el marco de un proceso electoral, resultan “especialmente graves, e incompatibles con la democracia y con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos”.

Llaman a detener el acoso

Las organizaciones “exhortan” al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo “a que cese toda conducta que afecte los derechos de periodistas y medios de información”.

Instan a que se “libere de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a que restablezca el goce pleno de todos los derechos civiles y políticos, en particular todas las garantías para que los medios de comunicación continúen informando libres de interferencias indebidas”.

También invitan a la comunidad internacional “a sumar esfuerzos que contribuyan positiva y efectivamente a la garantía de los derechos humanos en Nicaragua”.

La CIDH y Oacnudh afirman que “estas reiteradas conductas constituyen graves ataques y restricciones indebidas en contra del derecho a la libertad de expresión, que en algunos casos constituyen actos de censura”.

“Todo ello afecta no solamente a los derechos de periodistas y propietarios de medios de información, sino también al derecho de toda la ciudadanía a tener acceso a una información plural”, señalan.

Las múltiples violaciones

En el comunicado mencionan que, desde el pasado 20 de mayo, las autoridades de Nicaragua “iniciaron investigaciones administrativas y penales en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una de las principales organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en el país, la cual había cesado de operar en febrero 2021 debido a los requisitos impuestos por la Ley de Agentes Extranjeros, al igual que hizo la filial en Nicaragua de la organización de escritores y escritoras PEN International”.

Apuntan que esta cuestionada ley aprobada en 2020 considera agentes extranjeros a las ONG que obtengan fondos de la cooperación internacional, “les prohíbe trabajar en 'temas de política interna y externa' del país sin definirlos de manera precisa, y establece controles arbitrarios y excesivos que obstaculizan la labor legítima de la sociedad civil de Nicaragua”.

Recuerdan que el mismo 20 de mayo, fue también allanada la sede de la revista digital CONFIDENCIAL y del programa televisivo Esta Semana, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, “quien un mes después se vio forzado a volver al exilio, de donde había regresado a finales de noviembre de 2019”.

Mencionan que en el marco de la investigación penal contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por supuesto lavado de dinero, entre el 28 de mayo y el 15 de junio, fueron detenidos la exdirectora y precandidata presidencial, Cristiana Chamorro Barrios, su conductor, Pedro Vásquez Cortedano, y dos ex trabajadores de la Fundación, Walter Gómez Silva y Marcos Fletes Casco. Todos ellos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Reportan que el Ministerio Público “ha citado a declarar a más de 25 periodistas, trabajadoras y trabajadores de medios que colaboraron o participaron en actividades de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”, y que en varias de estas entrevistas “se habría amenazado a las personas convocadas con imputaciones penales y con la aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos”.

“El 20 y el 21 de junio, respectivamente, fueron detenidos dos periodistas, Miguel Mora y Miguel Mendoza. El primero, además, era precandidato presidencial, propietario y antiguo director del canal de televisión 100% Noticias. El cronista deportivo Miguel Mendoza habría sido detenido debido a sus comentarios críticos en redes sociales”, expresan.

Lamentan que ambos continúan en prisión “en un régimen de incomunicación total, bajo alegaciones genéricas basadas en la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, con base en un procedimiento sin las debidas garantías procesales”.

“Finalmente,  el 13 de agosto, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron las instalaciones del diario La Prensa, incautaron bienes materiales y detuvieron al día siguiente a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en el marco de una investigación por presuntos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos”, reseñan.