5 de agosto 2022
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El Consejo Superior de Universidades (CNU), a través de una circular enviada el jueves 4 de agosto, ordenó a las universidades “legalmente establecidas en Nicaragua” que informen, con siete días de antelación, sobre cualquier “movimiento migratorio del personal docente y administrativo”.
“Con el interés de conocer el movimiento migratorio de personal docente, administrativo y directivo de esa comunidad educativa, así como del personal académico científico que recibe la universidad en ocasión de eventos o para la realización de actividades contempladas en los planes, programas y proyectos que llevan a cabo, atentamente les solicitamos que formalmente nos informen de las entradas y salidas del país”, refiere parte del documento.
El CNU justificó su decisión sobre el numeral 14 del artículo 58 de la Ley 89 o Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que establece, según la reforma ordenada y aprobada por el orteguismo el 31 de marzo de 2022, que el órgano rector puede “requerir al IES (Instituciones de Educación Superior) la información que considere necesaria para su mejor desempeño y el de la educación superior”.
La información que deben enviar las universidades incluye: nombre completo de la persona que va a salir o ingresar a Nicaragua, identificación o número de pasaporte, país de procedencia o destino, fecha de entrada o salida del país, motivo de la visita, duración de la visita y puerto de entrada o salida.
Universidades son sometidas a “control partidario”
La jurista y académica María Asunción Moreno, según reportes de CONFIDENCIAL, señaló que las pretensiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la reforma a la Ley 89 —que dio amplia potestad CNU sobre las IES—, era “legalizar el control sobre las universidades públicas, a través de la eliminación de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, y de esta forma someter a las universidades al dominio total del régimen”.
El especialista en educación, Ernesto Medina, advirtió también que dicha reforma mostraba el claro interés de “someter a las universidades a un control partidario total, lo que significa también la pérdida total de la autonomía universitaria”.
El catedrático recordó que la centralización de la educación superior también se dio en la década de los ochenta, a través del Consejo Nacional de Educación Superior, considerado como un instrumento para suprimir la autonomía de las universidades, en ese entonces, en favor de la revolución.
En el primer trimestre de 2022, el régimen Ortega-Murillo desató una cacería contra las universidades privadas del país, cerrando a diez casas de estudio, anulando sus personerías jurídicas. Entre las canceladas están: la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y la Universidad Paulo Freire (UPF).
