25 de noviembre 2022
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El Consejo Nacional de Universidades (CNU) se quedó con el 75% del presupuesto que recibiría la Universidad Centroamericana (UCA) en 2022. La ocupación de esta partida, equivalente a 750 000 córdobas, ocurrió tras una redistribución que realizó este órgano rector al eliminar a la UCA de las universidades que integran el Consejo y añadir a las que fueron confiscadas y luego nacionalizadas a principios de este año.
Del 6% constitucional que corresponde a las universidades en Nicaragua, a la UCA se le había asignado en 2022 una partida de un millón de córdobas, según reveló CONFIDENCIAL en enero pasado. Este dinero sería ocupado por la universidad para renovar las pocas becas estudiantiles que mantenían, a pesar de las reducciones al presupuesto que fueron sistemáticas desde 2018. Sin embargo, tras su expulsión del CNU --en abril pasado-- la UCA solo recibió 250 000 córdobas, según se refleja en el informe de ejecución presupuestaria del CNU, a septiembre de 2022. El resto fue transferido a la Secretaría Técnica del Consejo.
Este órgano, dirigido por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), Ramona Rodríguez, ha incrementado su presupuesto desde 2018, cuando avaló las expulsiones de los universitarios que protestaron en contra del régimen de Ortega y Murillo. Desde 2018, el CNU ha tenido un incremento del 558% al pasar de 111.4 millones de córdobas a 733.5 millones.
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La excusa de este incremento es que los fondos se usarán para un ‘Fondo Especial Patriótico’, un ‘Fondo Semilla de Reconstrucción’ (a partir de 2019), y un ‘Fondo de Transformación Digital”. Sin embargo, incrementar esos ‘fondos especiales’, contradice el espíritu de la Ley 89 o Ley del CNU, que manda a destinar los recursos específicamente para las universidades, señaló una fuente experta en educación a CONFIDENCIAL.
En los últimos tres años, el régimen de Ortega asignó al CNU un total de 1507 millones de córdobas. Mientras, la UCA --que usa sus fondos para becas de diferente tipo-- solo recibió 244 millones en el mismo período.
“Hay que ver en qué va usar el CNU ese presupuesto porque incluso va a recibir más que las dos universidades comunitarias de la Costa Caribe, la URACCAN y la BICU, lo cual es contrasentido que un aparato burocrático que está en Managua reciba más que las dos universidades que atienden a la población estudiantil de la Costa Caribe”, opina el académico Ernesto Medina.
Tras la expulsión del CNU, la UCA redujo las becas estudiantiles de 100% a 80%, lo cual obliga a los universitarios --que en su mayoría son de bajos recursos económicos-- a pagar parte de los aranceles. Asimismo, lanzó una plataforma digital para que las personas puedan apoyar a los estudiantes becados para culminar su carrera universitaria.
La arremetida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la universidad jesuita se ha recrudecido desde 2018, con el estallido social de las protestas cívicas. La casa de estudios fue refugio para miles de nicaragüenses que huyeron de la masacre del 30 de mayo de 2018. Además, antes de la pandemia de covid-19, su recinto era el único lugar seguro donde los estudiantes protestaban contra el autoritarismo gubernamental. La UCA también ha denunciado la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
Presupuesto de la Upoli y Ucaset se redistribuyó
Al presupuesto destinado a las universidades del CNU se añadieron las casas de estudios que el régimen confiscó y nacionalizó durante el primer trimestre de 2022: la Universidad Nacional Politécnica (UNP), que antes era Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli); y la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (Unflep), que era la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse).
Igualmente la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNMRMA), que aglomera a los estudiantes de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) —cancelada en diciembre de 2021—, Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y Universidad Paulo Freire (UPF).
La asignación presupuestaria tomó los 204.3 millones que inicialmente recibiría la Upoli y el millón destinado a la UCATSE para repartir la suma de 205.3 millones de córdobas a las otras tres nuevas universidades.
A la UNP, que antes era la Upoli, se le asignaron 185.9 millones. A la UNFLEP, que sustituyó a la Ucaset, le asignaron 16.4 millones. Mientras, a la Universidad Ricardo Morales Avilés, que aglomera a los estudiantes de las otras cuatro universidades confiscadas, se le destinaron tres millones de córdobas.
“La creación de estas tres nuevas universidades públicas requiere de un análisis más detenido porque en primer lugar han creado (...) dos tipos de universidades estatales: las privilegiadas -que serían las cuatro históricas y las dos comunitarias- y ahora estas nuevas universidades que son de segunda, tienen un presupuesto miserable y un componente grande de universidad privada porque la parte principal de su presupuesto vendrá de lo que pagan los estudiantes, por muy modesto que sea el arancel”, explica.
Nuevas universidades operan como si fueran privadas
Aunque estas tres universidades ahora son estatales, continúan funcionando como si fueran privadas, utilizando las instalaciones y el equipo inmobiliario de las universidades privadas que fueron confiscadas, mientras los estudiantes pagan su mensualidad en dólares.
El costo de la matrícula, carnets y mensualidad se cobra en dólares. La UNP estableció que el costo de la matrícula es de diez dólares y la mensualidad ronda entre 25 y 30 dólares; la UNMRMA cobra lo mismo por la matrícula, y la mensualidad varía entre 17 y 20 dólares, más cinco dólares por el carnet. Mientras, la UNFLEP cobra una prematrícula de 350 córdobas, más una matrícula de diez dólares y la mensualidad es 20 y 30 dólares.
La presidenta del CNU dijo en febrero pasado que estas universidades no podrían ser gratuitas como corresponde porque la “situación económica” del país no lo permite. Sin embargo, no justifica porque el presupuesto de este órgano rector ha incrementado tanto y tampoco se justifica la reasignación de fondos de la UCA.
En Nicaragua no existe un registro oficial de matrícula de las universidades que fueron confiscadas y posteriormente se nacionalizaron, pero una estimación realizada por CONFIDENCIAL —a partir de reportes periodísticos y declaraciones de funcionarios de esas casas de estudios— indica que son más de 18 000 estudiantes afectados en varios departamentos del país.
Los datos reunidos señalan que la Upoli albergaba 8500 estudiantes, seguida de la Ucatse con 3200, la Pablo Freire y UNEH tenían 1200 alumnos cada una; mientras, la Uhispam contaba con 3980.
De la Uponic no se tienen registros, aunque algunos reportan 2000 estudiantes, con lo que el número de estudiantes total de estas universidades confiscadas podría elevarse hasta 20 000.
