24 de noviembre 2022
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Colombia anunció un cambio en su estrategia en el litigio con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), después de años de reveses y de negarse a acatar las sentencias que han favorecido al país centroamericano.
El canciller Álvaro Leyva presentó un nuevo equipo jurídico colombiano, a las puertas de las audiencias orales previstas entre el 5 y 9 de diciembre en el tercer juicio sobre la delimitación de la frontera marítima entre ambas naciones, la que Nicaragua pretende sea más allá de las 200 millas náuticas de la costa caribeña nicaragüense.
En 2012, el tribunal internacional reconoció a Nicaragua 75 000 kilómetros cuadrados del Mar Caribe. El 21 de abril pasado, la misma Corte determinó también que Colombia no debería intervenir en aguas nicaragüenses.
El nuevo agente colombiano es el jurista Eduardo Valencia-Ospina y tomaron posesión como coagentes Carolina Olarte-Bácares y Elizabeth Taylor. Leyva dijo que su interés es que la estrategia sea más transparente en aras de informar a su país y hacerlo partícipe del proceso.
“Hay que poner todo sobre la mesa”, alentó este martes 22 de noviembre el canciller colombiano en un encuentro con periodistas en Bogotá, en que destacó el interés del presidente Gustavo Petro de configurar una nueva política exterior, lo que incluye un cambio en la manera cómo se manejará el litigio de La Haya.
Leyva calificó como “excepcional” al equipo colombiano, del cual destacó su formación académica y experiencia y destacó la participación de los raizales, representados por Taylor, oriunda de la isla de Providencia, exembajadora de Colombia en Kenia y quien también será embajadora especial para el Caribe.
Negociación por presos políticos nicaragüenses
En septiembre pasado, el orteguismo rechazó una posible negociación con Petro sobre el tema de la liberación de presos políticos y también los conminó a que cumplieran las sentencias de la CIJ.
Leyva explicó que se ausentaron de una votación de condena el 13 de marzo por razones eminentemente humanitarias, haciendo referencia a una gestión para la liberación de los presos políticos, y negó que esto se relacionara con una negociación sobre el acceso a la pesca en aguas nicaragüenses de los pescadores de las comunidades de Raizales en San Andrés.
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El canciller afirmó que no habrá “misterios” en el manejo para “que la prensa esté enterada de todo” y el país también y se apropie del caso pues hasta ahora la opinión pública ha estado muy de espaldas al litigio.
“Queremos rescatar los valores históricos”, dijo Leyva al explicar que “pueblos nativos (de todo el Caribe) podrían ser afectados por una decisión bilateral” como la que enfrenta a Nicaragua con Colombia por la plataforma continental extendida que reclama el país centroamericano.
Viejo litigio
En la sentencia de noviembre de 2012, por una querella presentada en 2001 por el país centroamericano, Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los cayos que lo integran, y conservó 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75 000 kilómetros cuadrados de mar.
Ante la decisión de Colombia de no acatar el fallo y declarar una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos “como archipiélago y no como territorios inconexos”, Nicaragua volvió a la CIJ en septiembre de 2013.
En esa ocasión, Nicaragua pidió a la Corte que se declarara el “rumbo exacto” de la frontera marítima, “más allá” de los límites de 200 millas definidos en la sentencia de noviembre de 2012, así como que se le exigiera a Colombia la derogación de leyes “incompatibles con la sentencia” y la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en las aguas en disputa.
En respuesta, Colombia contrademandó, alegando que Nicaragua “ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal”, pues sus bancos de pesca tradicionales quedaron fuera de las 12 millas náuticas estipuladas en el fallo anterior.
En abril pasado, sin embargo, la CIJ consideró que hay una violación cometida por Colombia de “los derechos de soberanía y la jurisdicción” de Nicaragua en su Zona Económica Exclusiva (ZEE), y exigió a Bogotá “cesar inmediatamente su conducta” en esa área.
En las audiencias de diciembre próximo, los dos países tendrán que responder dos preguntas sobre si existe base para que una plataforma continental se extienda más allá de las 200 millas náuticas y si existe un derecho consuetudinario al respecto, con lo cual la CIJ tomará una decisión, probablemente en el primer semestre del año próximo.
