15 de febrero 2022
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Yader Parajón y Yaser Vado fueron los primeros condenados por la justicia orteguista, el pasado primero de febrero, durante el inicio de la jornada de juicios políticos en las instalaciones carcelarias de El Chipote, considerados por abogados y especialistas en Derecho Penal como una “burla” por las múltiples violaciones a las garantías y derechos de los acusados. Pero también por la “calidad” de las pruebas “que rozan la parodia”.
“Han condenado a los presos políticos con unas pruebas ridículas que no comprueban nada, más que la sed de venganza del régimen hacía ellos. Son pruebas que en cualquier juicio real se caerían en dos segundos, lo que están haciendo roza la parodia”, afirma una defensora, que por seguridad solicita hacer este análisis desde el anonimato.
Publicaciones de Twitter, retuits a mensajes de otras personas u organizaciones internacionales, entrevistas a medios de comunicación en las que piden sanciones individuales, entrevistas a policías que se contradicen, mensajes en sus celulares, son algunas de las espurias pruebas presentadas por la Fiscalía orteguista en los juicios contra los presos políticos.
“Ninguna de las pruebas confirma las acusaciones. Es así de simple. Por eso afirmamos que esto se trata de un juicio político que tiene como fin acallar a las voces críticas”, agrega la defensora.
En el caso de Parajón y Vado, quienes fueron declarados culpables por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y por “propagación de noticias falsas”, fueron presentadas, dice la abogada, unas pruebas y unos relatos “que son una burla a la justicia”.
Boanerges Fornos, exfiscal departamental del Ministerio Público y director del organismo Acción Penal, indica que “la Fiscalía utiliza oficiales de la Policía que dicen lo que el régimen quiere que diga” por eso no se ve ningún civil en los juicios políticos.
“Por otro lado, (presentan como pruebas) publicaciones de sus cuentas de Twitter, de sus Facebook, las entrevistas que han brindado, esas son las pruebas. Si yo estuviese allá, una prueba mía en mi contra, sería esta entrevista con CONFIDENCIAL y que esto incita al odio… ese tipo de pruebas son las que están usando”, argumenta el abogado que está fuera de Nicaragua.
Para Fornos lo que están presentando en los juicios “ni siquiera se le pueden llamar pruebas” porque “no entran en esa categoría”. Por eso, se niega a llamarles procesos porque “son montajes, son infamias”.
Un portavoz del Departamento de Estado acusó al presidente Daniel Ortega de estar emprendiendo unos juicios plagados de irregularidades. “A puerta cerrada y con innumerables irregularidades procesales, estos juicios son una burla a la justicia y al debido proceso”, señaló en entrevista con la Voz de América (VOA).
“Estos juicios parecen tener la intención de aterrorizar y desalentar a otros nicaragüenses de ejercer sus derechos”, agregó.
CONFIDENCIAL realizó un recuento de las principales “pruebas” presentadas por el orteguismo en los juicios contra los presos políticos:
Policías, como testigos que se contradicen
En el maratónico juicio contra los jóvenes Yader Parajón y Yaser Vado, los testigos de la Fiscalía fueron siete agentes de la Estación Uno de la Policía, quienes estuvieron a cargo de los actos investigativos. De ellos, tres brindaron versiones contradictorias y uno se mostró renuente a responder.
Una oficial de policía, a quién se le preguntó cómo perjudicaban las publicaciones realizadas por Vado, acusado de “propagación de noticias falsas”, respondió que “afectan al partido”, sin detallar a qué organización se refería, aunque aludiría al gobernante Frente Sandinista.
Entre las pruebas que mostró la Fiscalía contra la presidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista), Suyen Barahona, está el testimonio de tres policías. Uno de ellos, participó en el allanamiento de la casa de Barahona, el 13 de junio de 2021, cuando la arrestaron sin presentar orden judicial. Entre las supuestas pruebas aportadas por estos, se incluyeron libros de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC, relacionados a procesos de mediación), que no son de su propiedad, pero que fueron incautados durante el allanamiento ilegal a su casa.
Aunque la defensa cuestionó la desvinculación de los libros con el caso, los alegatos fueron señalados como “impertinentes” por la judicial Ulisa Yahoska Tapia Silva; lo que a valoración del esposo de Barahona, Cesar Dubois, demuestra parte de la “farsa” del proceso judicial.
La Fiscalía recurrió a policías que sirvieron de testigos en el juicio contra el cronista deportivo y bloguero, Miguel Mendoza. Uno de los siete oficiales dijo que había participado en el arresto, otro aseguró que había realizado un acta de detención, un tercero mencionó que allanó la casa del periodista y que encontró algunos aparatos electrónicos. “Trabajos que no demuestran la comisión del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, aclaró el abogado defensor Mynor Curtis.
En el juicio contra el politólogo, José Antonio Peraza, también se recurrió al testimonio de cuatro policías, quienes no supieron responder qué contenían las pruebas presentadas: un celular, una computadora, memorias, discos duros y una serie de documentos.
La Fiscalía igualmente citó como testigo del caso contra los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena a un oficial que supuestamente realizó investigaciones encubiertas y asistió a la audiencia encapuchado, que en la jerga policial se conoce como “código uno”.
Esta persona aseguró que Pedro Mena recibía financiamiento del extranjero para el Movimiento Campesino, pero no pudo establecer la cantidad de dinero, la fecha en que la obtuvo, ni la fuente exacta de financiamiento. El oficial encubierto señaló que el dinero provenía de una oenegé, pero desconocía cuál. Además, dijo que desde 2019 dan seguimiento al Movimiento Campesino. Pero no aportó más detalles.
Tuits y retuits como “prueba” de delitos fabricados
En el juicio contra la exguerrillera y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista, ahora Unión Democrática Renovadora (Unamos), Dora María Téllez, el Ministerio Público recurrió al testimonio de cuatro policías, uno de ellos identificado como técnico informático, quien reveló que utilizan un software de monitoreo de redes, a través del que identifican las interacciones de las personas en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Entre las pruebas que la Fiscalía citó contra la exguerrillera, se encuentran retuits que realizó Téllez a publicaciones de José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch; un retuit de una persona particular que había compartido la carta que senadores estadounidenses enviaron, en junio de 2021, al presidente Joe Biden, instando a tomar medidas adicionales, como respuesta a la agudización de la represión que vive Nicaragua.
También citaron una supuesta carta del MRS, donde aparecía el nombre de Téllez, pero no su firma, y que aducen circuló en Twitter.
Cuatro publicaciones de Twitter también fueron utilizadas en el juicio contra el periodista y precandidato presidencial del Partido de Restauración Democrática (PRD), Miguel Mora. En tres de ellas compartió notas periodísticas de 100% Noticias, medio del que es propietario, referente a sanciones de Estados Unidos y Reino Unido.
Mientras que en el otro tuit agradecía al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por pronunciarse ante la agresión sufrida –en octubre de 2020– contra su esposa Verónica Chávez.
“Agradezco en nombre de mi esposa, señor Almagro, sus palabras. Nicaragua espera la declaración de ilegitimidad de esta criminal dictadura sandinista, no nos fallen”, indica el tuit presentado como prueba por la Fiscalía.
Para el jurista brasileño Paulo Abrão, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el hecho de establecer como pruebas válidas expresiones que forman parte del libre pensamiento que cada ciudadano tiene derecho a tener, es una prueba clara de la carencia de legitimidad de origen de las supuestas pruebas con las cuales se está condenando a los reos de conciencia.
“Eso es un ejemplo de la gran fragilidad de estos juicios, que no tienen materialidad concreta, no tienen sustancia probatoria. Tienen que buscar en actitudes de expresión de la libertad de pensamiento, los fundamentos para poder encuadrarlos en situaciones de atentado a la nación, al Estado o la seguridad nacional”, puntualizó.
También incluyeron como parte de las pruebas contra el cronista deportivo Miguel Mendoza, unas treinta publicaciones de Twitter y un par de publicaciones de Facebook, en las que él ejercía su derecho a la libertad de expresión. En el juicio, un oficial identificado como perito en informática, aseguró sin pruebas que las publicaciones del periodista “causaban zozobra”.
Entrevistas sacadas de contexto
En el juicio contra Téllez, la Fiscalía también mencionó dos entrevistas que brindó a medios de comunicación independientes y dos participaciones en diferentes momentos con miembros del Parlamento Europeo.
Según la Fiscalía, la exguerrillera “llamó al boicot en contra de Nicaragua y a las sanciones” durante las intervenciones citadas. Sin embargo, en dichas entrevistas, según conoció CONFIDENCIAL, Téllez se refiere a sanciones individuales, que no afectan la integridad del territorio.
En el caso de Suyen Barahona, fueron presentadas como pruebas declaraciones que dio a diferentes medios de comunicación, expresando su valoración sobre sanciones a nivel individual, y no del Estado. Al igual que publicaciones en redes sociales y chats en los que la opositora señalaba sus convicciones de lucha.
Algo similar ocurrió en el juicio contra el politólogo, José Antonio Peraza, a quien lo acusaron con tres videos de entrevistas otorgadas; dos al medio de comunicación Mesa Redonda y la tercera a CONFIDENCIAL.
Las primeras entrevistas se realizaron en noviembre de 2020, antes que la Asamblea Nacional aprobara la Ley 1055 o “Ley de Soberanía” –de finales de diciembre de 2020–, misma con la que justificaron el arresto e investigación contra el politólogo. Eso significa, sostienen abogados, que la Fiscalía utiliza la ley de forma retroactiva, incluyendo supuestas pruebas, que en su momento no constituían delitos, porque aún no había una ley que así lo señalara.
Además, en la entrevista que el politólogo brindó a CONFIDENCIAL, abordó el tema electoral, el arresto de siete precandidatos presidenciales y la falta de condiciones para un proceso libre, transparente y con garantías, pero en ningún momento exaltó o solicitó sanciones o intervención extranjera, a como lo indica el Ministerio Público.
Muestran perfiles falsos en redes sociales
La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) manifestó, en un comunicado, que las pruebas en el juicio contra el líder estudiantil Lesther Alemán son “fabricadas” porque la Fiscalía presentó como evidencias “un perfil falso de Facebook, dos videos de entrevistas y fotografías de que ninguna forma pueden ser evidencias de delitos”.
Desde meses antes de su captura, Alemán denunció la creación de perfiles falsos que utilizaban su nombre en las redes sociales, principalmente en Facebook y Twitter.
El pasado 10 de febrero, el campesino Santos Camilo Bellorín, fue condenado a 11 años de cárcel por supuestamente "propagar noticias falsas" a través de la redes sociales, a pesar que durante el juicio él alegó que ni siquiera sabe utilizar bien un celular.
Los familiares de Bellorín catalogaron de insólita la condena, pues ni siquiera tenía un teléfono inteligente y no sabía usar computadoras. "Creo que ni siquiera conocía las computadoras", declaró su hermano, Francisco Bellorín.
