27 de agosto 2021
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La Asamblea Nacional, dominada por el FSLN, está pendiente de aprobar un convenio entre Rusia y Nicaragua “sobre colaboración en la garantía de la seguridad internacional de la información”, que —según especialistas en seguridad digital—, podrá utilizarse como un “arma más para perseguir a opositores” en el país, a través de internet.
El convenio fue enviado a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, donde será dictaminado y posteriormente aprobado, aunque se desconoce cuándo lo harán. Este acuerdo fue firmado el pasado 19 de julio por el canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres y su homólogo ruso, Sergéi Lavrov. El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua encabezó una comitiva del Gobierno —que incluía a dos hijos de la pareja presidencial, Rafael y Laureano Ortega Murillo— que visitó oficialmente Rusia.
Según el artículo 1 del convenio, el régimen identifica como amenazas principales a la seguridad internacional aquellas que provienen de las “tecnologías de la comunicación”, que son utilizadas para: “realizar los actos contra la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los Estados; causar pérdidas económicas y de otra índole que incluyen efectos destructivos sobre la infraestructura de la información; con fines terroristas, entre otras cosas para promover el terrorismo y atraer a nuevos partidarios a la actividad terrorista; para cometer delitos, incluidos los relacionados con el acceso ilícito a información computarizada”.
Esta disposición, según una especialista en seguridad consultada por CONFIDENCIAL, define claramente quiénes serían los blancos a perseguir: opositores, ciberactivistas, hackers, o, incluso, cualquiera que decida promover una “ideología contraria”, a la del régimen orteguista en Nicaragua o a quien se atreva a convocar a una marcha contra el régimen, que este considera como acto terrorista.
“Desde las manifestaciones (de 2018) hasta la fecha, los ciberactivistas tuvieron un papel protagónico en Twitter para la intromisión a los sistemas informáticos, de los cuales lograron extraer información valiosa sobre el uso de los recursos del Estado para fines represivos”, comenta la especialista.
Detalla que “atraer a nuevos partidarios a la actividad terrorista”, es una clara alusión para quienes den entrenamiento en nuevas tecnologías de la información “para defenderse del Estado”.
Añade que el régimen se encargará además de perseguir a todos los que “atenten” contra la propaganda promovida por la vicepresidenta Rosario Murillo, según interpreta la especialista del artículo 6 del acuerdo que dice: “difundir información que inflige daños al sistema sociopolítico y sistema socioeconómico, así como al entorno espiritual, moral y cultural de otros Estados”.
¿Qué información se intercambiará?
El especialista argentino en seguridad de la información, Antonio Maza, señala a CONFIDENCIAL que todos estos convenios que se firman para el intercambio de información están regidos por el Acuerdo de Budapest, del que Nicaragua no es firmante.
El Acuerdo de Budapest o Convenio sobre la Ciberdelincuencia fue firmado en 2001 y busca proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos de internet y está enfocado en las infracciones de derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de odio y violaciones de seguridad de red.
Maza detalla que estos intercambios de información no necesariamente tienen que ver con información personal, sino con los puntos de conexión que los usuarios utilizan en internet.
“Este tipo de acuerdos de cooperación bilateral, por lo general, son especificación de buenas intenciones entre las partes. Habría que llegar a identificar qué información pueda tener Rusia que pueda llegar a afectar algún derecho o garantía de los nicaragüenses. Por lo general se asocia a Rusia con privacidad, navegadores seguros, por ejemplo. Es muy complejo identificar el dato que puedan aportar”, resalta Maza.
Pero al ser las empresas privadas las encargadas de las tecnologías de la comunicación en Nicaragua, serían estas, según el especialista, quienes se encarguen de proveer las direcciones IP (Protocolo de Internet por sus siglas en inglés), requeridas por los Estados para sus investigaciones.
El 27 de octubre de 2020 el orteguismo en la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Ciberdelitos con la que obligan a las empresas proveedoras de servicios a mantener un registro de, por lo menos, un año, de la información de los usuarios que puede ser ubicación, información personal, el tipo de teléfonos móviles que usan, las páginas webs que visitan, así como el contenido de las llamadas telefónicas y mensajes de texto.
Esto también podría ser parte de los datos que se incluyan en el intercambio de información entre ambos países. De hecho, Maza considera que, por ejemplo, Rusia podría proveer información a Nicaragua sobre el origen de un ataque a las páginas gubernamentales.
“Te pueden dar una dirección IP que está fuera de tu país, no creo que te den información personal, más bien es información que diga si se conectó de un servidor privado y quién fue el usuario de una dirección IP, es seguir el rastro de las comunicaciones”, dijo Maza.
Eso significaría que, si por ejemplo, una página del régimen sufre un ataque informático, Rusia podría ayudar a detectar desde dónde se originó el mismo.
“Campaña de EE. UU. y la Unión Europea”
En una entrevista con la cadena rusa Sputnik, el canciller Denis Moncada, expresó su preocupación por lo que considera es una campaña de “desestabilización”, en contra de América Latina que proviene, según él, de Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea (UE).
“Se están utilizando mucho las tecnologías de la comunicación y de la información para desestabilización de los Estados de los países y los Gobiernos”, dijo Moncada, sin ofrecer pruebas de la supuesta intromisión.
Durante el levantamiento cívico de 2018 las marchas de protesta contra el régimen se convocaron a través de las redes sociales. Por ello, según Moncada, se necesitan de medidas “multilaterales”, para “evitar que acciones de algunos Estados, que son injerencistas e interventores, incidan en este campo para desestabilizar, crear un mundo de información falsa, tergiversada, y encaminadas a desprestigiar los Estados, los Gobiernos, y crear condiciones para un cambio de régimen”.
Aseguró que las manifestaciones de nicaragüenses exiliados son parte de la “campaña de desinformación”, promovida por EE. UU. y la UE, y que reciben montos millonarios para manifestarse en contra del régimen orteguista en Nicaragua.
El canciller explicó que la intención de este convenio es buscar cómo contrarrestar ese tipo de actividades, aunque hasta el momento todavía no queda claro cómo harán ambos países para intercambiar información específicamente.
Lo que sí da una idea de quiénes serán los encargados de realizar este intercambio, es el artículo 2 del convenio, que establece que la colaboración será entre “los órganos competentes de los Estados sobre la garantía de la seguridad de la información, incluso la colaboración entre los órganos competentes de los Estados de las Partes sobre respuesta para emergencias informáticas”.
La especialista en seguridad considera que estas partes serán la Policía, el Ejército, y todas aquellas granjas de troles que el régimen utiliza desde diferentes instituciones del Estado, para promover sus discursos políticos en redes sociales. Aunque específicamente se conocerá quiénes serán estas partes 60 días después que entre en vigencia el convenio entre ambos países.
Lo que sí es seguro, dice la fuente especializada, es que van a capacitar a más allegados del régimen en materia de “seguridad de la información”.
Más leyes como la Ley de Ciberdelitos
El régimen se comprometió también con Rusia a intercambiar información sobre legislación en materia de seguridad y contribuir al perfeccionamiento de los marcos normativos y jurídicos bilaterales en materia de seguridad internacional de la información.
Para la especialista, esto significa que el régimen prevé aprobar una nueva legislación similar a la Ley de Ciberdelitos, que ha sido utilizada por el Gobierno para amenazar a periodistas con cárcel, si continúan haciendo publicaciones en contra de la Administración orteguista.
Pero en el inciso 3 del artículo 3, además acuerdan que Rusia podría “proteger” a Nicaragua en caso de un ciberataque a las páginas web del Gobierno. “Cada parte gozará de la igualdad, de los derechos a proteger los recursos informativos de su Estado frente al uso ilícito y la intromisión no autorizada, incluidos los ataques informáticos contra ellos”, se lee en el documento.
“Tendrán unidades dedicadas como escudo, ante las posibles acciones de los hackers sombrero blanco o los Anonymous. Van a blindar sus sistemas y elevarán los niveles de ciberseguridad”, afirma la especialista, que agrega: “los rusos son famosos porque sus sistemas son prácticamente impenetrables. Son realmente muy difíciles de hackear”.
