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Daniel Ortega “agiganta” a la Policía y paga lealtades regalando ascensos

Entre 2019 y 2021, en la consolidación del estado policial de facto, la Policía creció más de un 27% y gastó más de 10 781 millones de córdobas

9 de enero 2022

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Sobre el pecho de los oficiales que se cuadraban ante él, aquella noche del 9 de septiembre de 2021, Daniel Ortega colocó la medalla de la recién creada “Orden Rigoberto López Pérez” para premiar a su director, primer comisionado y consuegro, Francisco Díaz, y a cinco comisionados generales.

“Aquí dice con toda claridad porque estos compañeros recibieron la Orden: porque han defendido heroicamente los interés supremos de la nación, para preservar su soberanía, independencia y autodeterminación. Y por defender estos intereses… han sido objeto de agresiones por potencias extranjeras”, justificó Ortega, omitiendo que esas “agresiones” son las sanciones internacionales contra esos seis oficiales, por su participación en la represión contra los nicaragüenses, sus libertades públicas y derechos humanos durante la represión y matanza contra las protestas ciudadanas de 2018 y la imposición de un estado policial de facto, endurecido en el último semestre de 2021.


El “mérito”, representado en una medalla y un diploma, fue entregado igual a los comisionados generales Ramón Avellán, subdirector de la Policía, quien durante 2018 dirigió la represión en la ciudad de Masaya; el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Justo Pastor Urbina, a cargo de las fuerzas antimotines que agreden a quienes intentan manifestarse; el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Luis Alberto Pérez Olivas, que controla la cárcel de “el nuevo Chipote” donde permanecen unos 40 presos políticos; el jefe departamental de la Policía en León, Fidel Domínguez, protagonista de violentos allanamientos y agresiones contra los leoneses, y el jefe de la Dirección Brigada de Tránsito de Managua, Juan Valle Valle, célebre desde 2015 por “no ver nada” cuando un pistolero disparó frente a él en contra de un grupo de personas que protestaban en Metrocentro.

Policías sancionados por comunidad internacional

No hubo ningún otro condecorado en aquel acto de casi dos horas en ocasión del 42 aniversario de la Policía, en el que Ortega premió la lealtad de sus jefes policiales sancionados. Pero desde su regreso a la Presidencia, en 2007, Ortega ha hecho otros “regalos” a la Policía, primero para cooptar la institución a sus objetivos, y más adelante para premiar lealtades en una Policía reducida a un aparato de represión. Analistas en temas de seguridad ciudadana y fuentes vinculadas a la entidad coinciden que la Policía se ha plegado a los intereses y órdenes de Ortega, quien fue ratificado como su “jefe supremo” en una nueva la ley orgánica que en 2014 le entregó todo el control de la institución.

“Un gigante” aparato represor

De 2007 a 2020, la Policía Nacional pasó de 9290 a 16 909 integrantes, según datos publicados en sus anuarios estadísticos, analizados por CONFIDENCIAL. Únicamente en 2018, cuando se ejecutó la masacre contra la Rebelión de Abril, hubo una baja de 533 agentes en su mayoría por las deserciones de quienes se negaron a reprimir. El anuario estadístico de 2021 aún no está disponible, pero según notas policiales en 2021 hubo tres graduaciones de nuevos policías, con un estimado de 2101 nuevos efectivos, con lo cual el número se ubica en 19 010 integrantes.

El crecimiento exponencial de la Policía ha sido más evidente tras la masacre contra el estallido social de 2018. Entre 2019 y 2021, el crecimiento de la entidad es de un 27%, que se traduce en más de 4000 nuevos efectivos desde la imposición del estado policial de facto, que conculca las libertades públicas de los nicaragüenses y en 2021 apresó a más de un centenar de ciudadanos (entre ellos siete precandidatos presidenciales), de los que más de 65 aún continúan en prisión, totalizando al menos 160 reos políticos en las cárceles orteguistas.

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integrantes tendría la Policía Nacional al cierre de 2021, según notas policiales que reportan tres graduaciones, con un estimado de 2101 nuevos efectivos.

Los jefes policiales aprovechan cada acto oficial para celebrar que, con la Administración de Ortega, la Policía terminó sus días de “cenicienta”.

“En los años 90, asumieron Gobiernos neoliberales que intentaron desaparecer a nuestra institución, congelaron su presupuesto, redujeron drásticamente el pie de fuerza policial”, aseguró el primer comisionado Francisco Díaz en el acto del 42 aniversario de la Policía, para luego agregar –dirigiéndose a Ortega– que “cuando regresamos al Gobierno con usted presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, a partir del año 2007, comenzamos una nueva etapa en la Policía Nacional, con su dirección acertada y su apoyo”.

Efectivamente, desde que en 2010 el presupuesto de la Policía creció en un 7.53%, los recursos del erario público destinado para la entidad no han parado de crecer. De 2008 a 2021, la Policía ha recibido un total de 33 380 millones de córdobas, aumentando entre el 7% y el 22% durante una década completa. En 2019, la Policía recibió un presupuesto de 3778 millones de córdobas, que subió a 3837 millones en 2020. Ahora, según el presupuesto previsto para 2022, la Policía recibirá más de 4048 millones de córdobas, un monto que triplica el presupuesto con el que contaba en 2008.

Caracterización de la Policía de Nicaragua

De 4 a 37 comisionados generales:
Se “regalan” ascensos para pagar lealtades​

Para pagar lealtades individuales, de acuerdo con analistas y fuentes vinculadas a la Policía, también Ortega ha utilizado los ascensos en grado como “premio”. Primero, lo hizo para colocar a sus más cercanos en los puestos de mando, como ocurrió con el ascenso de su consuegro, “Paco” Díaz en 2008, confirmado como director de la Policía tras la represión de 2018. Y también ubicando en las subdirecciones de la Jefatura Nacional a Adolfo Marenco, Aldo Sáenz Ulloa y Ramón Avellán, fichas cuya experiencia incluye Investigaciones Policiales, Inteligencia y Análisis Financiero. Además, Marenco funge como secretario político del gobernante Frente Sandinista dentro de la Policía. 

Con la aprobación de la nueva Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley 872), aprobada en junio de 2014, Ortega estableció que él, como jefe supremo de la Policía, podría prorrogar el período de cinco años en el cargo para el director, los subdirectores e inspector general “de acuerdo a intereses de la nación”.

Sin embargo, los ascensos a comisionados generales, el rango más alto en la jerarquía policial después del primer comisionado y antes reservado para los subdirectores y el inspector, no se detuvieron. 

En 2007, cuando Ortega regresó a la Presidencia, la Policía contaba con cuatro comisionados generales, todos en el cargo de subdirector de la Policía o inspector general, que integraban la Jefatura Nacional. Sin embargo, Ortega ascendió a nuevos comisionados generales, aunque solo un par de ellos lograron colocarse como sus fichas en la Jefatura.

En 2011, el número de comisionados generales ya era el triple (12) y siguió aumentando en los años posteriores, pasando a 24 comisionados generales en 2018, a 32 en 2019 y a 37 en 2020. Solo en 2021, cuando Ortega se limitó a condecorar a los “heroicos” seis jefes policiales sancionados, no hubo ningún ascenso de comisionado general.

Ascensos a comisionados generales en la Policía de Nicaragua
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oficiales superiores fueron ascendidos a comisionados generales entre 2018 a 2020, tras la represión orteguista contra el estallido social.

De 2011 a 2020, más de 40 oficiales superiores de la Policía fueron ascendidos por Ortega a comisionados generales. La mitad de ellos (20) fueron ascendidos entre 2018 y 2020, tras la represión contra la Rebelión de Abril. 

Sin embargo, los únicos movimientos entre los ascendidos –más allá de algunos cargos en dirección o traslado de delegaciones– han sido la salida del comisionado general Juan Ramón Gámez, enviado a retiro en 2016 y actual embajador de Ortega en Guatemala; el exjefe de la Dirección de Antinarcóticos José Esteban Guido, ascendido en 2014 y enviado a la “honrosa condición de retiro” en 2015; y las de Olivio Hernández , exjefe departamental de Masaya, y Diógenes Cárdenas, antiguo encargado de la seguridad del cardenal, fallecidos en mayo y julio de 2020 con síntomas asociados a la covid-19.

Los 37 comisionados generales de Ortega

Además de los cuatro comisionados generales Marenco, Avellán y Sáenz Ulloa, y el inspector general Jaime Vanegas, que integran la Jefatura Nacional, junto con el primer comisionado, la Policía tiene otros 33 comisionados generales, aunque la autoridad que les daría su rango no se corresponde con la jerarquía.

El artículo 40 de la Ley 872 establece, sobre la jerarquía y su correspondencia, que en la Policía “la jerarquía está determinada por el cargo que desempeña el funcionario en el sistema organizacional y por el grado que ostenta”, aclarando que “la jerarquía que proviene del cargo o función que se desempeña es transitoria”, mientras “la jerarquía que proviene del grado se adquiere de por vida” excepto sanción o baja “que afecten el prestigio e imagen de la institución”.

Sin embargo, entre los otros 33 comisionados generales de Ortega hay una docena a cargo de alguna dirección, nueve que solo alcanzan en una jefatura departamental (incluso dos como segundo jefe y uno a cargo de un distrito de Managua) y otros doce casi desconocidos tienen cargos menores o administrativos.

Los 37 comisionados generales de Daniel Ortega

La socióloga e investigadora en temas de seguridad ciudadana Elvira Cuadra, quien analizó en una entrevista en Esta Semana los hallazgos de esta investigación de CONFIDENCIAL, sostiene que los ascensos son “una forma de mantener la lealtad” y argumenta que “eso se puede ver claramente si uno revisa la lista de esos oficiales que han sido promocionados”, en la que se evidencia que el rango policial no se corresponde con el cargo que ostenta, pero sí con su participación en la represión y matanza de 2018 y la instauración del estado policial de facto.

Además, otros protagonistas de la represión, han alcanzado el rango de comisionado mayor, que también ha crecido con Ortega, pasando de 38 comisionados mayores en 2007 –la mayoría entonces en cargos de direcciones de la estructura nacional y algunas delegaciones– a 137 en 2020 y 139 en 2021, cuando solamente dos alcanzaron a ser ascendidos.

"Esas promociones, en rango y en cargo, tienen que ver con especies de premios para oficiales de la Policía que han estado vinculados con la política de represión que ha empujado Ortega”.

Elvira Cuadra, socióloga e investigadora en temas de seguridad ciudadana

Al frente de la represión

Como si se tratase de un general de antaño en un campo de batalla, al comisionado mayor Luis Manuel Moncada Castillo, jefe policial en el departamento de Madriz, se le ve ocasionalmente al frente de los operativos policiales contra los opositores en Somoto, cabecera departamental.

Empotrado en la parte delantera de la tina de una patrulla policial, Moncada encabeza las caravanas de patrullas y motos policiales que, con sus sirenas a todo volumen, recorren los barrios donde residen varios opositores.

Comisionado mayor Luis Moncada, jefe departamental de la Policía en Madriz
Ascenso en grado a comisionado mayor de Luis Moncada, jefe departamental de la Policía en Madriz. // Foto: Tomada de Visión Policial

En sus operativos, el comisionado mayor se hace acompañar de decenas de agentes policiales, entre ellos de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), uniformados de negro y fuertemente armados. Las patrullas siempre cercan las calles de acceso a las viviendas de los opositores, a quienes Moncada acostumbra amenazar con palabras de: “si salís te meto preso” y “si me hacés una reunión más aquí te meto preso”.

En una de sus incursiones, la tarde del 16 de febrero de 2021, el comisionado mayor ordenó el secuestro de los opositores José Gonzalo Hernández Cáceres, excarcelado político, y Danelia Arguello Cano, integrante del Comité Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), cuando ambos tomaban café en la acera de la casa de Hernández. Según Moncada, los ciudadanos cometieron el delito de alteración al orden público.

Ambos opositores fueron llevados esposados y a pie por varias cuadras de Somoto, hasta la delegación policial y luego fueron liberados el mismo día.

Jefe dirige torturas

La actuación de Moncada no es exclusiva. En León, el comisionado general Fidel de Jesús Domínguez Álvarez ha encarcelado y torturado personalmente a dirigentes de la oposición y periodistas. Asumió la jefatura leonesa el 23 de agosto de 2018, cuando tenía el cargo de comisionado mayor; desde entonces ha impuesto el terror entre la población, ensañándose con las familias opositoras.

El 29 de enero de 2019, el periodista Leo Cárcamo, en ese entonces jefe de prensa de Radio Darío —quemada y asaltada en abril de 2018— fue detenido, amenazado y torturado psicológicamente por el jefe policial. “Si vuelven a encender la radio, tu familia nunca más volverá a verte”, le dijo Domínquez, quien además tomó al comunicador del cabello y lo exhibió delante de un grupo de policías que estaban en entrenamiento. “Te vas a ir preso a El Chipote (la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua), esta es tu última oportunidad”, le advirtió.

Fidel Domínguez
El comisionado general Fidel Domínguez, jefe departamental de la Policía en León, condecorado en 2021 por Daniel Ortega. // Foto: Tomada de Visión Policial

Cuatro meses después de las amenazas contra Cárcamo, Domínguez coordinó un operativo que sacó del aire a la emisora.

La violencia policial en León continuó durante todo 2019. En la madrugada del 17 de julio, en el barrio Guadalupe, agentes asesinaron a tiros al joven Bryan Yeraldin Murillo López, e hirieron de gravedad a Kener Jovany Murillo López, de 26 años, y Javier Feliciano Cortez Castellón, de 31 años.

Murillo, de 22 años, murió casi instantáneamente tras recibir un disparo de un fusil AK-47 en el tórax, según denuncia interpuesta por su familia en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Marina López, madre de Bryan, relató que los policías golpearon con fuerza la puerta y entraron fuertemente armados e hicieron varias detonaciones. “Nos dijeron que todos debíamos ir al suelo, pero como mi hijo salió corriendo, le dispararon y cayó al suelo”.

La Policía justificó, sin pruebas, que Murillo era buscado por dos supuestos robos con intimidación y violencia.

A finales de noviembre de 2019, el comisionado general Domínguez también humilló y torturó a tres miembros de la familia Reyes Alonso, conocidos opositores al régimen. La Policía irrumpió con violencia en la vivienda familiar y esposó a la doctora María Eugenia Alonso, su cónyuge Diego Reyes, y su hijo Diego Reyes Alonso. Los tres fueron obligados a prometer ante cámaras que “no volverían a joder a los militantes (orteguistas), ni al pueblo”. Además, les robaron computadoras y teléfonos celulares.

En uno de los videos se observó a Domínguez forzando a la doctora Alonso para que repitiera: “no volvés a andar filmando, ni hostigando a los militantes sandinistas, ni al pueblo, ni alterando el orden”.

En junio de 2020, durante el cortejo fúnebre del doctor Adán Augusto Alonso, decenas de agentes policiales, comandados por Domínguez, evitaron que el sepelio entrara a León. El médico falleció de covid-19, días después de su hermano Máximo Guillermo Alonso, también galeno. Ambos atendieron a centenares de pacientes con síntomas del coronavirus, durante las primeras semanas de la pandemia.

Grados ya no dan autoridad

Pese a que Domínguez detenta un mayor grado que Moncada, ambos tienen la misma autoridad dentro de la Policía Nacional. Una distorsión, según fuentes conocedoras de la institución, promovida por la pareja presidencial, quienes utilizan los grados para “premiar” fidelidades, reconocer trayectorias y comportamientos. 

“Los grados policiales eran la representación visual de la autoridad que tenía un funcionario. Eso desapareció; ahora es un estímulo. (El régimen) premia por la vía del grado”, comentó una de las fuentes.

Tal deformación en el otorgamiento de grados policiales ha provocado que la mayoría de esos comisionados generales —el segundo grado en importancia— no tengan ningún puesto de dirección, y en el mejor de los casos sean colocados como jefes departamentales o de estaciones policiales.

Las 30 jefaturas departamentales, regionales y de Managua, por ejemplo, están dirigidas por nueve comisionados generales y 21 comisionados mayores, según el análisis de datos de CONFIDENCIAL.

De los 37 comisionados generales que existen, solo cuatro tienen una verdadera autoridad dentro de la Policía Nacional (Marenco, Avellán, Sáenz Ulloa, y Vanegas; los tres primeros son subdirectores y el último es el inspector general). Todos son parte de la Jefatura Nacional.

Sin embargo, la autoridad de los cuatro, según las fuentes, viene dada por su “comunicación directa” con Ortega y Murillo, quienes pueden girarle una orden a cualquiera de ellos, sin usar como canal al director general: el primer comisionado y consuegro de la pareja presidencial. Ellos pueden hablar con Ortega y Murillo, en nombre de la Policía Nacional.

Otro elemento, es que los cuatro ostentan “cierta autonomía” en sus respectivas áreas. Marenco es jefe de Inteligencia y secretario político del FSLN en la Policía; Sáenz es subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); Avellán atiende los territorios; y Vanegas está a cargo de la inspectoría y la disciplina dentro de la institución.

“El grado –recalcó una de las fuentes– ya no significa que mande más, no es que resuelva más, sino que es más fiel (a Ortega)”.

El giro en la estrategia represiva de la Policía

En 2021, la Policía realizó un giro en su táctica represiva y apostó por la “actuación preventiva” para evitar cualquier reunión opositora.


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Redacción Confidencial

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