17 de enero 2018
AA
Los líderes del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) denunciaron a las autoridades del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), por detener el proceso investigativo que la Fiscalía de Bluefields había girado en noviembre de 2017 a José Solís Durón, quien tenía una finca ilegal en la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz.
En una conferencia de prensa el GTR-K recordó que la finca de Solís Durón fue destruida en septiembre de 2017 por una comisión integrada por el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, Marena y la Procuraduría General de la República. La comisión levantó pruebas de delitos penales cometidos por el “invasor” y recomendó denunciarlo ante “el Ministerio Publico y así establecer precedentes para judicializarlo por el deterioro del área protegida".
“Hemos venido desde el año pasado haciendo denuncias sobre situación de invasión, usurpación de tierras comunales y compra y venta dentro de la reserva y actividades ganaderas. Nuestra voz tiene que ser escuchada”, reclamó Nazario Martínez, miembro del GTR-K.
Los antecedentes de la denuncia
El doce de julio de 2017 el GTR-K presentó una denuncia en el Marena en contra de Solís Durón por daños ambientales dentro de la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz. La denuncia giraba en tres acciones concretas: el desalojo de la finca ganadera, la apertura de una investigación penal y la aplicación de sanciones a las personas responsables por la destrucción de 200 manzanas de bosque.
Extracto de la denuncia. Confidencial | Cortesía
En septiembre del mismo año, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, Marena y PGR, realizaron una inspección en la finca y levantaron pruebas de delitos cometidos por Solís Durón y destruyeron la infraestructura existente en el sitio.
Aunque el GTR-K no tuvo acceso al informe operativo que realizaron las autoridades nacionales, los líderes indígenas consiguieron el documento, de forma extraoficial, que resalta que “existe un alto daño al Área Protegida Reserva Biológica Indio Maíz” que ha “creado un desequilibrio natural del ecosistema por las actividades de deforestación no permitidas en el sitio, fragmentado el hábitat y la conectividad de las especies de fauna y flora silvestres existentes en el sitio, establecimiento de pasto mejorado, introducción de ganado, cambio de uso de suelo, contaminación de suelos y fuentes de agua”.
En el mismo informa se determina que Solís Durón cometió delitos penales como daño a la propiedad pública, usurpación de dominio público y aprovechamiento ilegal de los recursos naturales. También se recomienda judicializar por el deterioro del área protegida.
“Las conclusiones del informe son contundentes: Solís Durón debe ser procesado y castigado. Sin embargo, hoy queremos denunciar que las autoridades correspondientes no están actuando conforme a derecho y pretenden dejar este caso en la impunidad”, leyó Aldrick Beckford, fiscal GTR-K.
La preocupación del GTR-K
Beckford explicó que siguiendo la recomendación del abogado que asesora al Gobierno Territorial, el 22 de septiembre interpusieron denuncias penales y administrativas en contra de Solís Durón ante el Ministerio Público y el Marena en Bluefields.
“En respuesta, recibimos una carta del Ministerio Público solicitando que se conformaría una comisión interinstitucional. Del 16 al 20 de octubre nos reunimos con el delegado de Marena Bluefields Saúl Reyes, además de representantes del resto de instituciones y el Ministerio Público para definir los detalles de la visita de la comisión a la finca”, destacó Beckford.
La preocupación del GTR-K emergió cuando entre octubre y noviembre del 2017, el Marena canceló la visita hacia la finca, frenando de esa forma el proceso legal en contra de Solís Durón y “burlando las recomendaciones de la comisión interinstitucional”.
“En diciembre, nuestros guardabosques confirmaron que los trabajadores de Solís Durón están de regreso en la finca, ahora viviendo en champas de plástico. Estas personas continúan amenazando la integridad de la reserva, robando tierras para sus propias fincas y vendiéndole a otros”, alertó Beckford.
El GTR-K declaró que les preocupa la impunidad que existe en sus territorios y que beneficia a pocos como Solís Durón, a costa de la seguridad física y alimentaria de las comunidades Ramas y Krioles que viven en la Reserva Biológica Indio Maíz.
“Consideramos que la impunidad y la falta de control por parte del gobierno de la ganadería y las actividades agropecuarias dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz podrían perjudicar al sector productivo y particularmente la venta de carne de Nicaragua en los mercados internacionales”, finalizó el dirigente del GTR-K.
