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Denuncian que régimen cerró casi 43% de oenegés que había en Nicaragua

Nueve oenegés canceladas podrían demandar al Estado de Nicaragua ante la justicia internacional por la confiscación de sus bienes

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló, hasta noviembre pasado, un total de 3106 Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), que corresponden al 42.9% de las 7227 oenegés que existía en el país antes que iniciaran las cancelaciones masivas, según estimaciones de la Red Local, Popol Na, Fundación del Río y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, que hacen un esfuerzo por sistematizar este fenómeno.

Entre los cancelados se destacan 1614 oenegés nacionales, 328 internacionales, 363 organismos gremiales, 287 organizaciones religiosas, 148 asociaciones de mujeres, 60 asociaciones médicas, 151 asociaciones vecinales, 82 asociaciones culturales, 54 medios de comunicación, 8 universidades privadas y 6 partidos políticos.

Katherine Ramírez, de Popol Na, advirtió que en este año 2022 se han aprobado “más leyes represivas” que vinieron a culminar con “la demolición de la libertad de asociación”, en Nicaragua. “En los últimos meses las cancelaciones de personerías jurídicas han sido mucho más rápidas y en cuestión de una semana más 200 o más de 300 organizaciones”, subrayó.

Los datos de los OSFL canceladas en Nicaragua ya se encuentran disponibles en el micrositio libertadasociacion.org, el cual constituye un esfuerzo de los organismos por preservar la “memoria histórica” de lo que ha sucediendo en el país y pretende dar seguimiento a eventos similares que se presenten el el futuro.

Oenegés podrían demandar al Estado

La Red Local, Popol Na, Fundación del Río y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, también lograron armar nueve expedientes completos que podrían ser usados para que las organizaciones involucradas demanden al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a nivel internacional por la cancelación de sus personerías jurídicas y la confiscación de sus bienes.

La cancelación de estas nueve oenegés “generó a las arcas del Estado casi cuatro millones de dólares en confiscaciones” y aproximadamente 50 000 personas “se quedaron sin acceder a los servicios de primera necesidad brindados por estas organizaciones, las que tenían una cobertura de más de 50 municipios (30%) de toda Nicaragua, con especial atención en la región Norte y Caribe”, explicaron las organizaciones que se encargaron de armar los expedientes.

El representante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, Carlos Guadamuz, explicó que de estas nueve organizaciones, ocho son nacionales y una extranjera. Tras la cancelación de sus personerías jurídicas 152 personas quedaron desempleadas.

El defensor de derechos humanos destacó también que siete de las nueve organizaciones sufrieron allanamientos ilegales y solamente en un caso fue realizado de forma no violenta. Po lo que apuntó que se documentaron amenazas contra miembros y directivos de lasa organizaciones analizadas.

“De las nueve organizaciones analizadas, al menos dos personas fueron beneficiadas con medidas cautelares”, subrayó Guadamuz.

Por su parte, Amaru Ruiz, de la Fundación del Río, valoró que la creación de estos nueve expedientes es un aporte para la “construcción de memoria histórica” y explicó que no existe una fecha para la presentación de una eventual demanda contra el Estado de Nicaragua.

Expediente ONG Nicaragua

En el micrositio libertadasociacion.org, también se encuentran disponibles: Informe Intermedio EPU – Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, La Brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua y el Informe Intermedio EPU;  tres informes complementarios entre sí que abordan “la crudeza de la abolición de la libertad de asociación en Nicaragua”.

Estos informes señalan —entre otras cosas— que la ruta de criminalización utilizada por régimen de Ortega-Murillo, inició con campañas de difamación, amenazas, vigilancias y detenciones constantes a los integrantes de los Organismos Sin fines de Lucro (OSFL). Estos ataques fueron escalando hasta llegar a la confiscación de facto de los organismos.

Estos son los diferentes tipos de agresiones documentadas durante el período 2007-2022:

  • Cancelación de personerías jurídicas por la Asamblea Nacional
  • Cancelación de registros por el Ministerio de Gobernación
  • Cambios arbitrarios de razón social
  • Amenazas directas a representantes de OSFL
  • Expulsiones arbitrarias de líderes de OSFL
  • Confiscaciones de facto y allanamientos en locales institucionales por la Policía Nacional.


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