7 de octubre 2018
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Mujeres, hombres. Adultos, adolescentes, niños y ancianos. Blancos, indígenas, mestizos y negros. Católicos, evangélicos, agnósticos y ateos. Nicaragüenses y extranjeros. Sandinistas, liberales, conservadores o sin partidos. A todos, sin exclusión, el régimen orteguista les ha violado, en los últimos cinco meses, alguno de sus derechos humanos.
Según los defensores nicaragüenses, los derechos humanos pasan por su peor momento en el país, en los últimos 30 años. Un recuento de Confidencial muestra que de los treinta artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al menos 18 son reiteradamente violentados por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su mayoría, aquellos que tienen que ver con derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
Los artículos sobre el derecho a la vida, la seguridad, presunción de inocencia, propiedad privada, libre circulación, libertad de pensamiento y de reunión, son probablemente los más vulnerados abiertamente por el régimen. Y también se puede incluir el artículo 12: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia”, porque la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) encontró cuatro formas de acoso que sufren los ciudadanos que protestan contra el Gobierno: marcas en las casas, amenazas de muerte, hostigamiento y campañas de difamación en las redes.
Trabajo y educación
Hay derechos que han sido violentados indirectamente por la represión del Gobierno. El artículo 23 establece que toda persona tiene derecho al trabajo, pero al menos 347 000 ciudadanos han perdido sus empleos durante los meses de crisis, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
El derecho a un nivel de vida adecuado ha sido afectado para 143 000 personas, que han vuelto a ser pobres desde el pasado abril. El derecho a la educación también se le está negando al menos 95 estudiantes que han sido expulsados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en León y Managua, mientras 52 docentes y personal administrativo también han sido despedidos.
“Política de Estado”
Los derechos que se salvan de la guadaña sandinista son los que por su naturaleza no afectan al régimen, como el derecho a la nacionalidad, o a casarse y fundar una familia, así como el derecho que tiene “toda persona al descanso” o el que “nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre”.
Juan Carlos Arce, director de programas institucionales del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), asegura que Ortega y Murillo han impuesto en Nicaragua un Gobierno que asume como “política de Estado” violar los derechos humanos para conservarse en el poder.
“(El Gobierno) es un Estado que le tiene alergia a los derechos humanos, que para ellos el ejercicio de los derechos humanos es un obstáculo a sus aspiraciones políticas”, señala.
Oficialización
Desde el inicio de las protestas cívicas, el régimen ha intentado a través de la violencia detener las marchas ciudadanas, pero fue hasta finales de septiembre que decidió oficializar la prohibición de manifestarse y amenazó con cárcel a los ciudadanos o las organizaciones que las convoquen.
Esta oficialización violenta a la misma vez al menos cinco derechos humanos: libre circulación, libertad de pensamiento, de opinión, de reunión y el referido a que nadie podrá ser arbitrariamente detenido.
Para Ana Quirós, activista de la Red de Mujeres contra la Violencia, el Gobierno nicaragüense se ha convertido en un “paria” porque no reconoce “ni ley ni orden”, y se coloca al nivel de países que viven en guerra permanente y “no cumplen nada ante las instancias de Naciones Unidas”.
Arce indica que en materia de violación de derechos civiles, Nicaragua está al nivel de Cuba y Venezuela, aunque también se compara con países con altas tasas de violencia como México, Honduras, El Salvador y Guatemala. “En el marco de la seguridad, ellos justifican una serie de abusos y persecución contra la población”.
Gobierno a examen
La situación de los derechos humanos en Nicaragua será analizada próximamente en la tercera evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), que cada cuatro años realiza el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todos los miembros de la ONU son sometidos a esta revisión.
Quirós recuerda que al Gobierno le fue “mal” en las dos evaluaciones anteriores, pero que en la próxima le irá “peor”, ya que en 2010 y 2014 se defendió bajo el argumento de que estaba implementando programas para subsanar los problemas, y en esta “ocasión no va a poder”.
La activista explica que Oacnudh recibe informes de las organizaciones de la sociedad civil, que luego integra en un solo documento que presenta al Gobierno, que debe o no responder a los señalamientos. Una vez confrontado con el Estado, el EPU —que contiene conclusiones y recomendaciones— se publica.
Los señalamientos de las organizaciones van dirigidos hacia la represión, las bajas condiciones de vida de los nicaragüenses y la falta de institucionalidad, según Quirós.
“El Gobierno callará porque no tiene como responder”, estima.
El silencio sobre los derechos humanos ha sido la norma del régimen. Ya lo hizo esta semana al no asistir a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por tercer año consecutivo.
