11 de noviembre 2022
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El preso político y excanciller nicaragüense, Francisco Aguirre Sacasa, fue regresado este viernes 11 de noviembre a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, conocida como El Chipote, según fuentes cercanas a la familia del reo de conciencia.
El traslado del exdiplomático ocurre dos días después que hicieran lo mismo con el preso político y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, quien —según la dictadura— “incumplió las normas del arresto domiciliario”.
Aguirre Sacasa estaba bajo régimen de “casa por cárcel” desde el pasado 19 de febrero, por motivos de “salud”.
En el caso de Aguirre Sacasa, la Policía del régimen no dio ningún argumento para el traslado.
De acuerdo a las fuentes, unos 20 policías llegaron el jueves pasado a la vivienda del exdiplomático e hicieron una inspección. Sin embargo, volvieron este viernes y se lo llevaron.
El también exembajador de Nicaragua en Estados Unidos fue detenido el 28 de julio de 2021, cuando regresaba a su vivienda en Managua, luego que la Dirección de Migración y Extranjería impidiera su salida hacia Costa Rica, por la frontera de Peñas Blancas, Rivas.
La justicia orteguista informó de la captura de Aguirre Sacasa hasta el 29 de julio, indicando que el excanciller se encontraba en Auxilio Judicial, investigado de supuesta traición a la patria con la Ley 1055 y que se ampliaba el período de investigación a noventa días.
El 8 de febrero de 2022, Aguirre Sacasa fue declarado culpable por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, condenándolo a ocho años de prisión.
Presos políticos bajo “casa por cárcel”
Defensores de derechos humanos han denunciado a CONFIDENCIAL que, pese a que los reos de conciencia cumplen cárcel en sus viviendas, existen muchas restricciones que incluso se extienden a sus familiares.
Los reos de conciencia bajo arresto domiciliar no tienen acceso a ningún tipo de comunicación con el exterior, están prohibidos los teléfonos celulares, líneas fijas, computadoras, radios y televisores; no pueden recibir el sol las veces que desean o salir a los patios de sus viviendas.
Todos los días, a las seis de la mañana y a las seis de la tarde, son fotografiados por los agentes policiales. Tampoco tienen acceso a atención médica adecuada y oportuna; ni están autorizados a hablar con sus abogados. Además, tiene vigilancia policial en sus residencias.
