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Dictadura impide visita de subcomité de la ONU contra la tortura

“Es la primera vez que nos encontramos con una negativa tan generalizada a la cooperación”, comenta funcionaria de las Naciones Unidas

El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT–ONU) anunció este miércoles 23 de noviembre que ha suspendido su plan de visitar Nicaragua, previsto para el próximo año, por la falta de cooperación del Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Es sumamente lamentable que Nicaragua se niegue a cooperar con el subcomité en los planes de realizar nuestra segunda visita al país”, indicó en un comunicado su presidenta, Suzanne Jabbour.

Jabbour recordó que con la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), Nicaragua aceptó establecer un mecanismo nacional de prevención independiente y apoyar las labores de monitorización de los centros de detención por parte del subcomité.

“Es la primera vez que nos encontramos con una negativa tan generalizada a la cooperación”, recalcó la presidenta del SPT, quien indicó que han remitido este “grave asunto” al Comité de la ONU Contra la Tortura.

La visita del Subcomité se enmarca dentro del OPCAT, que fue ratificado por Nicaragua en 2009, según información en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

“El mandato del Subcomité le permite la realización de visitas no anunciadas  a lugares de detención para luego formular recomendaciones a las autoridades para que estas establezcan salvaguardias efectivas contra la tortura y otros malos tratos a las personas privadas de libertad”, detalla.

La instancia de Naciones Unidas anunció que tiene previstas visitas a Georgia, Guatemala, Kazajistán, Mauricio, Filipinas y Sudáfrica en 2023, además de las ya anunciadas con anterioridad a Croacia, Madagascar y Palestina.

Única visita fue en 2014

El subcomité presentó un informe con recomendaciones a las autoridades nicaragüenses tras su primera y hasta ahora única visita al país entre el 7 y 16 de mayo de 2014, pero hasta la fecha el Gobierno de Ortega y Murillo lo ha mantenido en secreto y se desconoce su contenido.

“La situación actual de las personas privadas de libertad en Nicaragua es sumamente preocupante”, dijo Enrique Font, jefe de la delegación del Subcomité que visitó Nicaragua, de acuerdo a Oacnudh.

“Confiamos en que nuestros hallazgos y recomendaciones serán utilizados por el Gobierno de Nicaragua para eliminar cualquier forma de maltrato en lugares de privación de libertad y para mejorar las condiciones en que se encuentran las personas detenidas”, subrayó Font.

La delegación sostuvo reuniones con representantes de todos los poderes del Estado, así como con organizaciones de la sociedad civil. Durante sus visitas a las cárceles, en todo el país, entrevistó al personal penitenciario y de la Policía, así como con personas privadas de libertad y con sus familiares en forma privada y confidencial.

Erradicar la tortura “no es una opción política”

A inicios de agosto pasado, el relator para Nicaragua del Subcomité, Juan Pablo Vegas, dijo que “la prevención y la erradicación de la tortura no son una opción política, un eslogan humanista y aún menos una posición de algún poder externo que viola la soberanía de un Estado”.

Durante un evento virtual, lamentó la forma en que el régimen orteguista ha limitado las visitas familiares a los presos políticos y el bloqueo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para constatar el estado de salud de los detenidos.

“Quisiera recordar que Nicaragua tiene obligaciones ineludibles en materia de prevención de tortura”, aseguró Vargas.

El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha señalado a la dictadura orteguista de someter a los presos políticos a un régimen de incomunicación de hasta 90 días, mientras llevaron a cabo interrogatorios sin presencia de abogados en los que en ocasiones hubo palizas, amenazas y privación de sueño, negando después el acceso a servicios médicos.

De acuerdo a un informe, presentado a finales de julio pasado, los abusos se cometen en un régimen de “total ausencia de separación de poderes en el Estado” destinado a “usar el derecho penal para criminalizar la disidencia, vulnerar las garantías procesales y contribuir a la impunidad”.


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