Nación

El ataque de Rosario Murillo contra monseñor Álvarez y el secuestro policial

El régimen repite la mentira oficial contra el obispo, acusado de “desestabilizar al Estado” con la oración y sugiere su destierro

El Gobierno de Daniel Ortega acosó y persiguió al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez, por más de tres meses. En mayo, allanó la vivienda de uno de sus familiares, lo cual obligó al prelado a refugiarse en la iglesia de Las Colinas de Managua, donde estuvo durante cinco días cercado por un cordón policial que impidió el acceso de laicos y sacerdotes. Y fue “liberado” tras una intercepción privada entre un sacerdote y el régimen, según confiaron fuentes a CONFIDENCIAL.

Dos meses después, el 01 de agosto, Ortega ordenó el cierre de la red de radios católicas que llevaban el evangelio a zonas rurales de Matagalpa, retuvo por cuatro días a uno de sus sacerdotes y a feligreses; y nuevamente le impuso al obispo un cerco policial en la Curia Episcopal de Matagalpa, donde habita, para después acusarlo de “organizar grupos violentos” que buscan “crear zozobra y desorden”, “alterar la paz” y “desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.

La respuesta del obispo, quien también es administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, fue el ayuno, la oración, los cantos religiosos y la voz profética que lo ha caracterizado.

“Es pecado de lesa espiritualidad”, atacó Rosario Murillo, vicepresidenta, primera dama y vocera estatal, tejiendo la narrativa oficialista para justificar la persecución contra el obispo y la amenaza con cárcel contra él y cuatro sacerdotes, dos seminaristas y cuatro laicos más que permanecen secuestrados bajo “investigación policial” en la curia de Matagalpa.

Los ataques de Rosario Murillo al obispo

La vocera Rosario Murillo instaló la narrativa oficialista del operativo contra monseñor Álvarez el mediodía del jueves 04 agosto de 2022. Horas antes de hacerlo, el obispo quiso salir de la curia para oficiar misa en la catedral de San Pedro, de Matagalpa, y los oficiales no lo dejaron. 

El prelado salió a la calle con el Santísimo en las manos, cuestionó a los oficiales de por qué no dejaban pasar a los feligreses y pidió dialogar.  “¿Por qué los oficiales están en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente? Que no vengan después con otra historia”, alertó y seguido añadió, “si quieren platicar conmigo, yo tengo las puertas abiertas, para dialogar y conversar”, dijo. 

Ese mediodía, en su monólogo radial y televisivo de cada día, Murillo señaló —sin mencionar nombres— de una manipulación “de los símbolos sagrados” de “espíritus malévolos” que sirven al “el yanqui invasor”.

“Todavía quedan algunos personajes que son bufonescos, que hacen el ridículo… Sin estatura moral alguna. Personajes que creen que el tiempo no ha transcurrido, personajes que creen que pueden ocupar lugares de autoridad, que tal vez no merecen, que tal vez no son para ello”, dijo Murillo.

Al día siguiente, en medio de un doble discurso en el cual habló de Cristo, el amor y paz, nuevamente señaló de “bufonismo” y amenazó con una penalidad a quienes la cometen. “No estamos para eso. Hay leyes”, sentenció y reiteró “generar descrédito hacia esas Instituciones que merecen respeto, también es un delito, es pecado de lesa espiritualidad”.

Las amenazas de cárcel

Las palabras de Murillo fueron la antesala que sería repetida por la turba digital sandinista y por los diputados Wilfredo Navarro y Carlos Emilio López. Estos lo acusaron en los medios oficialistas de querer “revivir los escenarios del 2018” y amenazaron con cárcel.

“Este señor Álvarez debe quedar claro que él no está por encima de la ley y con sus actitudes ha hecho que se le pierda el respeto y se le trate como a un político cualquiera”, dijo Navarro a radio La Primerísima.

Horas más tarde, la acusación contra monseñor Álvarez ya era un hecho. Según anunció la Policía Nacional, brazo represor del régimen de Ortega, “como autoridad competente para garantizar la paz y la seguridad ciudadana, ha establecido medidas de protección a la población, para que estos hechos no se vuelvan a repetir”.

El prelado y “otras personas involucradas”, que no enlistan, fueron acusados ante el Poder Judicial y desde entonces permanecen bajo arresto domiciliario. 

La versión oficial que señala al obispo, sin pruebas, fue repetida por las turbas sandinistas en redes sociales. Estas empezaron una campaña de desprestigio contra monseñor Álvarez, en la cual celebran su arresto. Esta es alimentada por sus más fieles servidores. 

El diputado liberal-orteguista, Wilfredo Navarro, señaló este lunes que el obispo era dueño de ocho radios y dos canales de televisión “sin los requisitos necesarios”.  Otro diputado del orteguismo, Moisés Absalón Pastora, declaró que el obispo solo está bajo investigación y no ha sido investigado porque “no vaya a ser que el papa lo llame como “asesor” como hizo con Silvio Báez”, dijo en Canal 6, sugiriendo el destierro del obispo.

En los últimos cuatro años, el régimen de Daniel Ortega ha emprendido una campaña de desprestigio contra los obispos de Nicaragua. A estos los señala de ser aliados de Estados Unidos en su supuesto intento de “golpe de Estado”. A consecuencia de esto, hay más de cuatro religiosos exiliados, dos arrestados, además del grupo de religiosas de Calcuta expulsadas en julio.


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