17 de noviembre 2018
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Bogotá, Colombia-. Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo una agenda apretada en Bogotá, adonde llegó la semana pasada a entregar un premio que reconoció las mejores investigaciones periodísticas de Latinoamérica, en el certamen COLPIN, basadas en solicitudes de acceso a la información pública. Aunque apenas estuvo unas horas en la capital colombiana, sacó tiempo para hablar de la situación de Nicaragua, el país de la región que actualmente más le “preocupa” a la Relatoría que dirige.
Lanza conoce de primera mano el estado de la libertad de expresión y prensa en América Latina. En el compendio de atropellos que los periodistas independientes sufren en el continente, sitúa entre los casos de gravedad las continuas detenciones ilegales que los reporteros nicaragüenses están sufriendo a manos de la Policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“No hay garantías para el periodismo. Mientras eso no ocurra, los periodistas seguirán haciendo su trabajo con mucho coraje, y en una suerte de libertad condicional: en cualquier momento pueden ser agredidos o detenidos”, advierte Lanza.
En esta nueva etapa de la represión en Nicaragua, el relator enfatiza en esta entrevista con CONFIDENCIAL la persecución centrada en los periodistas locales, la instrumentalización del Instituto de las Telecomunicaciones y Correos (Telcor) como censor, y las agresiones físicas cometidas por oficiales y grupos paramilitares en perjuicio de los reporteros.
La represión en Nicaragua ha mutado. Es otra etapa de persecución selectiva de la que no escapan los periodistas. ¿Cómo lo ve la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión?
Con preocupación. El Gobierno ha hecho caso omiso a las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hicieron en el primer informe. En este momento, Nicaragua es el país de la región que mayor cantidad de detenciones arbitrarias de periodistas tiene. Se basan en la aplicación de figuras vagas y contrarias al Derecho Internacional. Se interpretan hechos o situaciones para simplemente aplicar leyes de terrorismo: Que un periodista incentivó un motín carcelario, como es el caso de Sergio León en Bluefields; o que los periodistas promueven atentados contra la seguridad del Estado. Ya son más de seis periodistas detenidos en los últimos dos meses.
En la Relatoría reparamos en la concentración de los medios de comunicación. El control de los medios, tanto públicos como privados, por parte de la autoridad reguladora. Telcor obviamente no tiene independencia alguna del Gobierno. Fue un hecho grosero e inaudito el intento de regular el espectro radioeléctrico para tratar de sacar de la televisión para abonados a 100% Noticias.
Se metieron en un acuerdo entre privados… y le asignaron Canal 15 al estatal Canal 6.
Ningún Estado en definitiva puede establecer reglas entre privados. El Estado sí podría tener unas reglas objetivas, pero este caso me pareció extraño, porque podrían decir los canales públicos hay que ponerlos en tales números, deportivos, y los canales de noticias en otros. Hay un margen para esas cosas. Pero esto fue con nombre y apellido para tratar de sacar del aire a 100% Noticias, y dejarlo sin espacio en un acuerdo entre privados, obviamente con la intención de molestar.
¿Considera que usan Telcor como instrumento contra medios críticos?
Ya manifestamos en el informe de la CIDH que para democratizar Nicaragua uno de los requisitos esenciales es contar con una autoridad que regule los medios de comunicación, y que cuente con autonomía e independencia del Gobierno, algo que no lo han demostrado hasta ahora. Ha sido todo lo contrario: han demostrado ser un instrumento para tratar de callar voces críticas, y en medio de esta crisis se hace más efectivo. Antes sacaron radios y programas comunitarios del aire. El Estado cree que nos puede engañar a todos durante todo el tiempo. Es obvio que no se han desmantelado los grupos paramilitares; se usa el aparato penal justamente para criminalizar a quienes son notoriamente líderes de opinión en sus localidades.
La última tendencia de agresiones contra la prensa se concentra en detenciones de periodistas locales. Solo en León han apresado a varios reporteros de radio en una semana.
Ahora hay una tendencia de suprimir la libertad de expresión para generar el efecto de miedo e inhibición en periodistas locales, quienes informan con voz crítica. Aprovechan que ahora hay más atención sobre Managua, y en lo que pasa en los medios más grandes. Igual así trataron disminuir el poder de convocatoria que tiene 100% Noticias. Por otro lado, hay periodistas que han sido agredidos por bandas que operan con complicidad del Estado.
Notoriamente hay un alejamiento total las obligaciones del Estado en esta materia. El Estado tiene que prevenir, proteger y garantizar que los periodistas hagan su trabajo, y acá pasa todo lo contrario. Se deja a las bandas que operan con anuencia de la Policía actuar. Si a un periodista se le agrede, no se investiga. El crimen de Ángel Gahona es gravísimo. El asesinato en el marco de su trabajo está bajo un manto de sospecha. No le han permitido al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y a la CIDH acceder a las audiencias, investigaciones y declaraciones de quienes el Estado indica como autores. Los familiares de Gahona tienen, legítimamente, muchas sospechas y desconfianza. El incendio y ataque brutal contra Radio Darío sigue impune; su director tuvo que salir al exilio. Hacer periodismo en Nicaragua es peligroso. Quienes hacen periodismo independiente están corriendo riesgo, porque es el propio Estado es el que permite que sean agredidos.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro documenta 420 violaciones a libertad de prensa en solo seis meses en Nicaragua. Hay campañas de acoso, desprestigio, difamación, detenciones y agresiones. ¿Qué opina la Relatoría del trato que da el Gobierno a la prensa independiente?
El Estado no toma medidas para terminar con la impunidad de las 400 agresiones que ha habido contra la prensa independiente. No digo que todas se vayan a aclarar, pero sí deberían aclararse las violaciones graves a la integridad física de los periodistas, porque fueron crímenes premeditados para silenciarlos.
La libertad de expresión es una condición sine qua non del sistema democrático. Si Nicaragua quiere reconstruir el sistema democrático como lo desean las grandes mayorías, reestablecer elecciones justas, y terminar con el ciclo de violencia que padecen, para pasar a una nueva etapa en la que las fuerzas políticas puedan convivir, hay que garantizar los derechos a la libertad de expresión, a la protesta, a la crítica, sin temor a sufrir represalias y detenciones arbitrarias.
¿Cuál es el riesgo de que siga esta política de persecución contra los periodistas en contexto de crisis como el de Nicaragua?
Todo eso está teniendo un efecto inhibidor. Hay destrucción de voces y de periodistas que son testigos de lo que pasa. Muchos toman el camino del exilio o se silencian. Como te decía, usan figuras de una vaguedad absoluta. El Derecho Internacional protege a la libertad de expresión, especialmente en temas políticos y de interés público. Las restricciones que puedan existir tienen que estar establecidas en una ley clara y precisa para que los comunicadores sepan las conductas ilícitas que se están penalizando. Cualquier sanción debe ser proporcional. Pero cuando dicen que los periodistas atentan contra la paz, promueven el odio, el terrorismo, que incitan violencia, allí cabe cualquier cosa. Y, sobre todo, cuando la acusación viene del Estado que ha sido uno de los agresores de las libertades en Nicaragua. No hay garantías. Mientras eso no ocurra, los periodistas seguirán haciendo su trabajo con mucho coraje, y en una suerte de libertad condicional: En cualquier momento pueden ser agredidos o detenidos.
